miércoles, julio 11, 2007

EL ESCÁNDALO PICOLOTTI. LA DENUNCIA PENAL A PICOLOTTI


BUENOS AIRES, Julio 11, (PUNTO CERO-La Política OnLine) El diputado del ARI, Adrián Pérez, presentó a la justicia su denuncia para que se investigue a la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, por supuesto "fraude en perjuicio de la administración pública" y "negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas".

Según reza el escrito al que La Política Online logró acceder, Pérez solicitó además que se verifique que su hermano, Juan Picolotti –jefe de Gabinete del a secretaria que conduce su denunciada hermana- no haya incurrido en los mismos cargos, así como "todo otro funcionario de la Secretaría y/o particular que haya participado de alguno de los ilícitos denunciados en perjuicio del Estado Nacional".

Según los datos que figuran en la denuncia –basada en la impresionante nota publicada por Clarín el pasado domingo, en la que revela los turbios manejos de Picolotti-, al asumir la funcionaria su cargo "el presupuesto de la Secretaría se quintuplicó para su gestión" pasando a ser de unos "166 millones de pesos".

Casualmente, explica, cuando Picolotti consiguió su puesto esa cartera pasó a las órbitas de la jefatura de Gabinete, Alberto Fernández, proveniente del ministerio de Salud.

Pérez, tras citar en varias oportunidades la información publicada por el matutino porteño en su versión dominical, apunta directamente contra algunas cuestiones poco transparentes. Entre ellos, el rol de ArgenINTA en la posible licuación de fondos, así como un convenio con el PNUD (Programa de la ONU para el Desarrollo) y la creación del Instituto Nacional de Investigaciones Ambientales.

El diputado habla de "un convenio con el PNUD (Programa de la ONU para el Desarrollo) para financiar el plan del Riachuelo, por el que habría derivado 26 millones de dólares; y la creación del Instituto Nacional de Investigaciones Ambientales, al que según el texto del Decreto 739/2007, enviará 20 millones de pesos para brindar apoyo científico y técnico a entidades públicas y privadas, y especialmente, a las distintas unidades dependientes de la Secretaría".

En este punto involucra a Juan Picolotti, cuando agrega que "si a esa información sumamos aquella que señala que habría elementos que permitirían acreditar que los fondos públicos depositados en ArgenINTA fueron utilizados para pagar gastos personales del Jefe de gabinete de la Secretaría, Juan Miguel Picolotti –hermano de la Secretaria-, entonces podríamos encontrarnos directamente ante una sustracción de esos fondos".

"En efecto –destaca-, resultan llamativas la cantidad de contratos de locación de obra o de servicios que dice la investigación ha celebrado la Secretaría –350 sobre una planta de empleados de 422-; las estrechas relaciones (cantidad importante de contrataciones para familiares y amigos) que existirían entre los "contratados" y la propia Secretaria; y sobre todo, los altos montos de las retribuciones de los mismos, desfasados totalmente con las remuneraciones que se pagan actualmente en la Administración Pública en general".

Pérez, uno de los legisladores más activos en materia de denuncia e investigaciones sobre el accionar del gobierno, como en el caso Skanska, pone el ojo también en otras irregularidades advertidas por Clarín, señalando también que "han tomado estado público el mal manejo de los generosos fondos que se estaría haciendo en la Secretaría, y los abultados costos que se manejan, así como los injustificados gastos en los que se habrían incurrido, por ejemplo, los viajes en Jets privados o la compra de bienes muebles por sumas exorbitantes".

Como petición, solicitó que se cite a declarar al "representante legal de la empresa Baires Fly" y de "Sky Connections" para que aporten "toda la documentación obrante en su poder respecto de todos los vuelos que hubiera contratado la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y/o la Fundación ArgenINTA". Lo mismo pidió para el "titular del inmueble sito en la calle Reconquista 555" para que brinde toda "la documentación obrante en su poder respecto del contrato de locación suscripto" y que "declare todo cuanto supiera respecto a dicha operación inmobiliaria y del actual estado de ocupación del inmueble".

Con esto, la caída en la justicia del escándalo quedó oficializada. Ahora, habrá que ver como avanza la investigación que deja al gobierno de Néstor Kirchner en el ojo de la tormenta, sumando esta situación a otras que involucran a altos funcionarios del Poder Ejecutivo, tal los casos de Felisa Miceli y la su bolsa de dinero, el ya citado caso Skanska, el gasoducto patagónico, el caso Greco, y las denuncias contra el accionar del secretario de Transporte, Ricardo Jaime. (PUNTO CERO-La Política OnLine).

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