LA PLATA, Marzo 02, (PUNTO CERO) Cuestiones que hacen a la política universitaria, como la reforma del Estatuto, podrán verse eclipsadas en los próximos días en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) cuando los docentes de la casa de estudios lleven sus reclamos salariales ante el Gobierno nacional.
Esta situación genera preocupación en las facultades ya que, como es sabido, las unidades académicas no disponen de fondos para afrontar una mejora en los haberes de los profesores. El incremento depende exclusivamente de lo que disponga la Nación para las universidades públicas del país.
Una propuesta de aumento salarial que no suene bien en los oídos de los dirigentes de la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), que nuclea al gremio Adulp (representa a los profesores de la UNLP), podría poner en riesgo el normal comienzo de clases en la guardería, colegios y facultades. En el sistema preuniversitario el ciclo lectivo arranca el próximo lunes 10 de marzo.
Esa misma semana representantes de la Conadu se reunirán con funcionarios de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), que depende del ministerio de Educación nacional, que comanda el ex rector de la UNLP, Alberto Dibbern. Durante el encuentro se tratarán 12 puntos que fueron elaborados por la confederación.
Según indicaron desde la Conadu, las reivindicaciones contemplan un pedido de incremento salarial para el cargo testigo (ayudante simple con semidedicación) que sea equivalente al aumento alcanzado días atrás por los docentes representados por la Ctera. Es decir, un monto de 1.290 pesos en blanco.
Los dirigentes gremiales también insistirán para que el Gobierno continúe con la recomposición del nomenclador docente. Concretamente, demandan una altura del nomenclador de 1,6 (15% entre categorías) para que se efectivice este año.
La conducción de Conadu adelantó que, ante la falta de una respuesta concreta al pedido inicial realizado por la federación, no se descarta “un endurecimiento de la posición de las asociaciones de base”, si el Gobierno no atiende este reclamo.
Otra demanda de los profesores es la implementación de un adicional denominado “Compromiso Universitario”. El mismo implica la implementación de un 25% en los haberes de los docentes universitarios que se dedican “exclusivamente a la actividad universitaria de manera fehacientemente acreditada”. De aplicarse este adicional alcanzaría a aquellos docentes que, independientemente de los cargos que ocupen, “trabajan entre 40 y 50 horas (inclusive) en el sistema universitario público y se comprometen a no trabajar fuera de éste”.
Esta situación genera preocupación en las facultades ya que, como es sabido, las unidades académicas no disponen de fondos para afrontar una mejora en los haberes de los profesores. El incremento depende exclusivamente de lo que disponga la Nación para las universidades públicas del país.
Una propuesta de aumento salarial que no suene bien en los oídos de los dirigentes de la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), que nuclea al gremio Adulp (representa a los profesores de la UNLP), podría poner en riesgo el normal comienzo de clases en la guardería, colegios y facultades. En el sistema preuniversitario el ciclo lectivo arranca el próximo lunes 10 de marzo.
Esa misma semana representantes de la Conadu se reunirán con funcionarios de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), que depende del ministerio de Educación nacional, que comanda el ex rector de la UNLP, Alberto Dibbern. Durante el encuentro se tratarán 12 puntos que fueron elaborados por la confederación.
Según indicaron desde la Conadu, las reivindicaciones contemplan un pedido de incremento salarial para el cargo testigo (ayudante simple con semidedicación) que sea equivalente al aumento alcanzado días atrás por los docentes representados por la Ctera. Es decir, un monto de 1.290 pesos en blanco.
Los dirigentes gremiales también insistirán para que el Gobierno continúe con la recomposición del nomenclador docente. Concretamente, demandan una altura del nomenclador de 1,6 (15% entre categorías) para que se efectivice este año.
La conducción de Conadu adelantó que, ante la falta de una respuesta concreta al pedido inicial realizado por la federación, no se descarta “un endurecimiento de la posición de las asociaciones de base”, si el Gobierno no atiende este reclamo.
Otra demanda de los profesores es la implementación de un adicional denominado “Compromiso Universitario”. El mismo implica la implementación de un 25% en los haberes de los docentes universitarios que se dedican “exclusivamente a la actividad universitaria de manera fehacientemente acreditada”. De aplicarse este adicional alcanzaría a aquellos docentes que, independientemente de los cargos que ocupen, “trabajan entre 40 y 50 horas (inclusive) en el sistema universitario público y se comprometen a no trabajar fuera de éste”.
El listado también incluye el planteo por la creación de un programa destinado a “incrementar las dedicaciones” en todas las universidades nacionales; y un programa de “aumento de categorías”, entre otras demandas. (PUNTO CERO).
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