martes, abril 01, 2008

Telecomunicaciones: temor por posible monopolio.

BUENOS AIRES, Abril 01, (PUNTO CERO) La diputada del ARI, Nélida Belous, presentó un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo brinde información en relación a un expediente que obra en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, referido al ingreso de Telefónica de España como operadora de Telecom Italia y sus posibles consecuencias en la empresa Telecom Argentina.
Cabe destacar que de manera indirecta Telecom Italia posee la mitad de Telecom Argentina, por lo cual cualquier cambio en la sucursal europea puede repercutir en el mercado local.
La diputada hace especial hincapié en dos cláusulas de los contratos celebrados entre las empresas: una que contempla la posibilidad de que Telecom Italia aumente su participación en Telecom Argentina, lo cual implicaría que Telefónica de España, al ser miembro de Telecom Italia, controlaría casi todas las telecomunicaciones del país. La otra estipula que Telefónica de España se reserva el derecho de decidir sobre la venta de cualquier activo de Telecom Italia, lo que traería aparejado que la empresa estaría eligiendo a su propia competencia.
Además, la arista busca conocer si el Estado Nacional tiene pensado adquirir acciones de Telecom Argentina y cuales son las políticas en materia de telecomunicaciones proyectadas por la actual gestión.
Belous, quien es vocal de la Comisión de Comunicaciones e Informática, plantea la posibilidad de que el Estado convoque a Audiencia Pública a partir del expediente en la Comisión de Defensa de la Competencia, “dado que el mercado afectado es un servicio público y debería fomentarse el mayor espectro de consultas posibles”. “El peligro de avalar estas operaciones de manera inconsulta sería trasladar el monopolio territorial que de hecho poseen cada una de las empresas intervinientes en su área de influencia, a un monopolio comercial en todo el país.
Siendo además que lo grave no es tan sólo el monopolio sino la ausencia de normativa tendiente a evitar el abuso sobre otros prestadores y sobre los usuarios, y la falta de instituciones u organismos que garanticen el cumplimiento efectivo de la misma”, consideró la parlamentaria. (PUNTO CERO).

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