El senador provincial por el Gen en la Coalición Cívica, Luís Malagamba, hizo hincapié en la necesidad de poner fin a las diferencias salariales que existen entre los distintos escalafones del Servicio Penitenciario Bonaerense.
“El Gobernador Daniel Scioli, por intermedio del Decreto 2.196 firmado el 8 de Octubre pasado profundizó fuertemente la diferencia salarial entre el personal de seguridad y el profesional y técnico auxiliar, ya que del 15 % al 17. 82 % registrado para las categorías mas importantes, se saltó a una brecha que llegó al 41.17 % y 31.92% respectivamente. Tanto los profesionales de la salud, como los letrados que actualmente trabajan en el Servicio Penitenciario, son discriminados por el Gobierno de la Provincia, el cual no reconoce los esfuerzos que estos trabajadores realizan para contener en los aspectos psicofísico, socio-intelectual y legal, a las personas privadas de la libertad”, afirmó Malagamba.
El senador del Gen en la Coalición Cívica cuestionó que el Gobierno de Scioli utilice la declaración del Estado de Emergencia del Servicio Penitenciario -ley 13.677- para socavar aún más los derechos de los trabajadores del sector.
En este sentido, Malagamba remarcó que “el estado de emergencia debe limitarse y estar exclusivamente orientado a revertir una situación extraordinaria, emanada de la violación sistemática de derechos que hoy en día sufren las personas privadas de la libertad. Jamás puede so pretexto de la misma cercenarse un complejo de derechos individuales u omitirse criterios de orden constitucional, que lesionen la seguridad jurídica y los principios del Estado constitucional y democrático de Derecho”.
Para finalizar Malagamba señaló que en momentos en que la sociedad mira a las cárceles como instituciones “potenciadoras de la violencia”, las diferenciaciones salariales implementadas por la gestión Scioli no hacen más que estimular la crisis actual del Servicio Penitenciario.
“Es necesario no sólo premiar a los trabajadores que realicen tareas riesgosas, debemos fomentar la formación profesional del agente penitenciario para así mejorar las condiciones de reclusión de miles de personas que hoy en día se encuentran privadas de la libertad”.
“El Gobernador Daniel Scioli, por intermedio del Decreto 2.196 firmado el 8 de Octubre pasado profundizó fuertemente la diferencia salarial entre el personal de seguridad y el profesional y técnico auxiliar, ya que del 15 % al 17. 82 % registrado para las categorías mas importantes, se saltó a una brecha que llegó al 41.17 % y 31.92% respectivamente. Tanto los profesionales de la salud, como los letrados que actualmente trabajan en el Servicio Penitenciario, son discriminados por el Gobierno de la Provincia, el cual no reconoce los esfuerzos que estos trabajadores realizan para contener en los aspectos psicofísico, socio-intelectual y legal, a las personas privadas de la libertad”, afirmó Malagamba.
El senador del Gen en la Coalición Cívica cuestionó que el Gobierno de Scioli utilice la declaración del Estado de Emergencia del Servicio Penitenciario -ley 13.677- para socavar aún más los derechos de los trabajadores del sector.
En este sentido, Malagamba remarcó que “el estado de emergencia debe limitarse y estar exclusivamente orientado a revertir una situación extraordinaria, emanada de la violación sistemática de derechos que hoy en día sufren las personas privadas de la libertad. Jamás puede so pretexto de la misma cercenarse un complejo de derechos individuales u omitirse criterios de orden constitucional, que lesionen la seguridad jurídica y los principios del Estado constitucional y democrático de Derecho”.
Para finalizar Malagamba señaló que en momentos en que la sociedad mira a las cárceles como instituciones “potenciadoras de la violencia”, las diferenciaciones salariales implementadas por la gestión Scioli no hacen más que estimular la crisis actual del Servicio Penitenciario.
“Es necesario no sólo premiar a los trabajadores que realicen tareas riesgosas, debemos fomentar la formación profesional del agente penitenciario para así mejorar las condiciones de reclusión de miles de personas que hoy en día se encuentran privadas de la libertad”.
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