(El NUevo Cronista). El concejal Juan Manuel Torres pide informes al Ejecutivo para que le expliquen porqué el municipio tercerizó cobros judiciales • Fue a raíz de las declaraciones periodísticas del doctor José Luis Zammitto.
Varias personas se manifestaron sorprendidas por las declaraciones del doctor José Luis Zammitto en el semanario Protagonistas dando cuenta de su intervención como apoderado del municipio para actuar en juicios ejecutivos por deuda de tasas. A raíz de ello el concejal Juan Manuel Torres presentó un proyecto pidiendo se informe los motivos por los cuáles se celebró el acuerdo con un estudio jurídico externo y la forma de seleccionar al mismo.
Dureza
“El municipio nos apoderó, el intendente tiene la facultad de contratar a los profesionales que considere pertinente; entiendo que la Municipalidad tiene una estructura jurídica muy endeble”, dijo Zammitto quien puntualizó que la comuna se ha encontrado con convenios firmados con irregularidades. “Hay casos en que han firmado personas que no eran titulares, o ha faltado la firma del Intendente” dijo y confesó que las causas desde el municipio venían “en cuentagotas” y que el acuerdo no le convenía: “hubo que poner abogados, comprar computadores. No obstante el estudio cobró extrajudicialmente el 54 por ciento, con inicio judicial el 74 por ciento y queda sin sentencia el 25 % que se va a cobrar si o sí, sin ningún costo para la Municipalidad, porque todo el costo que pueda haber en certificados de dominio, embargo o levantamiento de embargo, lo paga quien resulta deudor, también los honorarios de los letrados”, afirmó.
El letrado también confió que analizan cómo continuar con esta tarea y se quejó de la desactualización del catastro. A pesar de ello afirmó: “Hemos cobrado 185 mil pesos o un poco más en dos meses”.
“No nos casamos con nadie” dijo el letrado que sostuvo: “tienen que ir todos a ejecución, con nosotros, con la procuración municipal o con quien sea, no se puede tener más contemplaciones con los morosos”, dijo.
Por último dejo entrever que la relación con el municipio no es la ideal: “qué va a ser de nuestro futuro y de la Municipalidad, lo vamos a decidir en estos días. Nosotros con la cantidad de juicios que nos manda la Municipalidad, nos resulta terriblemente antieconómico”.
Contraataques
Los datos brindados por Zammitto molestaron a varios dirigentes políticos y a algunos colegas suyos por cuánto no queda en claro porqué se decidió tercerizar una parte de los juicios ejecutivos y bajo qué parámetros se eligió al estudio jurídico. Juan Manuel Torres, a quien días antes le habían enviado al archivo un proyecto de ordenanza para crear una oficina de procuración municipal, realizó un pedido de informes.
En el mismo solicita se informe cuál es el diseño y el sentido de la política tributaria encarada por el Ejecutivo y “cuáles son las razones que fundamentan, dentro de ella, la contratación de abogados externos para perseguir el cobro de sus acreencias”. En el mismo proyecto solicita que se remitan al cuerpo “todas las actuaciones administrativas en virtud de las cuales se procedió a la contratación mencionada”.
Entre los considerandos de este proyecto, Torres recuerda que en la propuesta realizada se contemplaba la vía judicial “como la última instancia” por cuanto “siempre resulta la más gravosa, tanto para la Comuna como para los administrados, por los esfuerzos que implican como por la demora en los tiempos que insumen, como en los reales resultados económicos y aún aquellos vinculados a la convivencia deseable entre la administración y administrados”, establece.
Posteriormente admite que le produjo sorpresa enterarse por un medio gráfico “la contratación celebrada por el Municipio con abogados externos para perseguir el cobro. Como en esas declaraciones se apunta esencialmente al resultado económico que interesa al estudio jurídico y a la exigencia de promover mayores demandas, surgen interrogantes sobre el basamento conceptual que inspira la decisión tomada por el Ejecutivo y sobre su legalidad”, concluye.
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