(La Política On Line). La salida de fondo es un cambio en la coparticipación. Pero existen salidas transitorias como la distribución de los 8.500 millones de pesos que acumulan los fondos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y que le corresponden a las provincias, pero que hoy la caja de Nación utiliza para financiar otros gastos.
La situación fiscal en la provincia de Buenos Aires es de crisis extrema. A tal punto que hoy, como es de público conocimiento, está en riesgo la continuidad del pago normal de los salarios de los trabajadores de la Administración.
Hay razones estructurales que explican -en buena medida- esta situación. Las provincias argentinas se han visto en los últimos años cada vez más perjudicadas en el reparto de la renta impositiva nacional; desde el inicio de la década, la participación cayó un 25 %, pasando del 40% en el año 2000 al 30% actual. Adicionalmente, la provincia de Buenos Aires se ve particularmente perjudicada en el reparto entre el conjunto de provincias, por lo que su caída en el mismo período fue aún mayor: llegó a disminuir la participación un 35%, pasando de ser el 9,8% de dicha renta a sólo el 6,4%.
A estas razones de orden estructural deben agregarse otras, que responden a la propia gestión del gobierno provincial. La sola descripción de lo que ha sucedido con el gasto nos exime de todo comentario. El gasto ejecutado expresado en miles de millones de pesos en 2007 fue de 34,2; en 2008 de 46,5; y se estima que, para 2009, será de 58,4. Esto quiere decir que, en sólo dos años, se incrementó un 70%.
El importante crecimiento de la recaudación impositiva, continuo y sostenido desde mayo de 2002, ocultó el problema estructural y los errores de administración. Hasta que, en 2009, una desaceleración de la recaudación provincial y nacional muestran con claridad sus consecuencias: alto déficit y enormes dificultades financieras. Luego del pago de intereses de la deuda para el corriente año, el déficit se acercará a los 6.300 millones de pesos y la necesidad de financiamiento -aún no resuelta de aquí a fin de año- supera los 2.500 millones. Ante tal situación, se han utilizado todos los instrumentos financieros al alcance de la administración, desde la clásica postergación de pagos a proveedores y contratistas, con lo cual se resiente la prestación de los servicios, hasta -finalmente, y como sucede en la actualidad- llegar a poner en riesgo el pago de salarios en tiempo y forma. Hoy, si la administración provincial no puede garantizar por sí el pago de los sueldos del mes en curso, mucho menos los del último trimestre del año.
¿Cuál es, entonces, el camino a seguir? Está claro que la solución de fondo implica un cambio en la coparticipación, de manera tal de eliminar la discriminación fiscal que sufren las provincias argentinas, particularmente la provincia de Buenos Aires. No obstante, existen otras salidas transitorias: una de ellas podría ser la distribución de los 8.500 millones de pesos que acumulan los fondos de Aportes del Tesoro Nacional y les corresponden a las provincias, pero que hoy la caja de Nación utiliza para financiar otros gastos. Quiero destacar que en el Congreso Nacional hay un Proyecto de Ley de mi autoría sobre este asunto que, de ser votado, le permitiría ingresar a nuestra provincia, de aquí a fin de año, 1.750 millones de pesos con la correspondiente coparticipación a sus municipios.
Otra vía transitoria de salida sería comenzar a desandar el camino que llevó a las provincias a transferir recursos a la Nación cuando ésta privatizó parte del sistema jubilatorio; hoy la Nación lo ha reestatizado, pero nada de lo cedido en aquella oportunidad les ha sido devuelto a las provincias. El momento sería cuando, antes de que finalice el año, el Congreso Nacional deba tratar la prórroga del Impuesto a las Ganancias, uno de los principales instrumentos de la transferencia señalada.
Pero, en el corto plazo, la salida financiera solo puede ofrecerla el gobierno nacional. Ni aumento de impuestos ni emisión de cuasimonedas. La solución es que la Administración Central “coparticipe” los mismos mecanismos que utiliza para su propio financiamiento; entre otros, los fondos líquidos de cuentas públicas en Banco Nación y las utilidades del Banco Central, incluyendo aquellas que son producto de una ingeniosa contabilidad. Para que estos instrumentos -poco recomendables, pero por falta de previsión hoy los únicos viables- no agreguen más consecuencias negativas a la ya distorsionada economía nacional, deberían llegar acompañados de un programa fiscal nacional y provincial factible para 2010. Este sólo podrá ser definido en el marco de un plan macroeconómico coherente que todavía no existe y resulta impostergable ser explicitado.
Es necesario tomar ese camino para que el año próximo sea el año del rebote y no de la profundización de la crisis. Para que sea suficiente, además, deberán resolverse problemas institucionales y políticos que limitan la construcción de un “ambiente” en el cual dichas políticas económicas puedan resultar efectivas.
Es tiempo de que los gobernadores que atraviesan por una severa crisis financiera -junto a aquellos a los que aún no les ha llegado- se planten ante el gobierno nacional y, con toda claridad y firmeza, busquen una salida conjunta para no tener que estar mendigando mes a mes lo que por derecho propio les corresponde.
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