La diputada bonaerense Maricel Etchecoin (Coalición Cívica – ARI), cuestionó en duros términos la decisión de gobierno de Daniel Scioli de otorgar bajo la modalidad de contratación directa la entrega a domicilio de medicamentos de alto costo y presentó un proyecto de Solicitud de Informes para que el Ejecutivo justifique su proceder.
En el mismo se reclaman precisiones que hasta ahora no han sido dadas: el nombre de la o las empresas prestadora del servicio y las constancias que justifiquen la “urgencia” invocada por el Ejecutivo para saltear la el procedimiento de licitación pública, recomendado en estos casos.
El presente, es una reiteración de un anterior Pedido de Informes (exp. D-201/09-10-0), presentado en marzo de este año, por el que se requirió al Ejecutivo diversos datos del proveedor (nombre de la empresa y de sus representantes, domicilio legal, CUIT, etc.) que nunca fueron entregados.
“La negativa a suministrar esta información claramente implica el reconocimiento tácito de la irregularidad del procedimiento y alienta las más variadas sospechas”, expresó Etchecoin.
En diciembre del año pasado el ministro de Salud provincial, Claudio Zin, anunció la creación de un programa denominado “SEnD” (Sistema de Entrega Domiciliaria de Medicamentos de Alto Costo), que beneficiaría a 6 mil bonaerenses que sufren de distintos tipos de cáncer, fibrosis quística, hepatitis crónica o déficit de la hormona de crecimiento, y que carecen de cobertura social.
Como fundamento de la implementación del sistema SeND, se expresó que facilitaría la distribución de los fármacos, evitando las demoras y las largas horas en los hospitales a la espera de los mismos.
Sin embargo, lejos de cumplir con ese objetivo esta suerte de “correo privado de medicamentos” ha dado muestras de un funcionamiento deficiente, con retrasos constantes que han dado lugar incluso a la presentación de recursos de amparo por parte de las personas que se han visto perjudicadas.
“Desde el punto de vista de los resultados y de la modalidad elegida para otorgar la concesión, todo el procedimiento está rodeado de justificables sospechas que hacen imprescindible las aclaraciones. El gobierno provincial hace uso y abuso del recurso de la contratación directa, una licencia que la ley otorga al poder administrador en muy contadas ocasiones y bajo estrictos requisitos de procedencia”, dijo Etchecoin.
Según la diputada, “al abusar de esa modalidad Scioli transformó en regla lo que debe ser excepción, restando la transparencia y seriedad que las contrataciones del estado provincial requieren, mucho más cuando como en este caso lo que está en juego es la salud de la población, en especial la de personas que padecen graves dolencias”.
“Considerando los escándalos que en el último tiempo se han suscitado en torno a la presunta relación entre la denominada “Mafia de los medicamentos” y el poder político, resulta absolutamente menester acceder a la información concerniente a los medicamentos de alto costo y a su distribución”, señaló el proyecto en sus Fundamentos.
“Además, cuando las entidades de farmacéuticos de la provincia han ofrecido ese canal de distribución con evidentes ventajas en lo que hace al costo y a la seguridad de la prestación, llama la atención la decisión del gobierno provincial”, señaló la diputada del la CC-ARI.
En el mismo se reclaman precisiones que hasta ahora no han sido dadas: el nombre de la o las empresas prestadora del servicio y las constancias que justifiquen la “urgencia” invocada por el Ejecutivo para saltear la el procedimiento de licitación pública, recomendado en estos casos.
El presente, es una reiteración de un anterior Pedido de Informes (exp. D-201/09-10-0), presentado en marzo de este año, por el que se requirió al Ejecutivo diversos datos del proveedor (nombre de la empresa y de sus representantes, domicilio legal, CUIT, etc.) que nunca fueron entregados.
“La negativa a suministrar esta información claramente implica el reconocimiento tácito de la irregularidad del procedimiento y alienta las más variadas sospechas”, expresó Etchecoin.
En diciembre del año pasado el ministro de Salud provincial, Claudio Zin, anunció la creación de un programa denominado “SEnD” (Sistema de Entrega Domiciliaria de Medicamentos de Alto Costo), que beneficiaría a 6 mil bonaerenses que sufren de distintos tipos de cáncer, fibrosis quística, hepatitis crónica o déficit de la hormona de crecimiento, y que carecen de cobertura social.
Como fundamento de la implementación del sistema SeND, se expresó que facilitaría la distribución de los fármacos, evitando las demoras y las largas horas en los hospitales a la espera de los mismos.
Sin embargo, lejos de cumplir con ese objetivo esta suerte de “correo privado de medicamentos” ha dado muestras de un funcionamiento deficiente, con retrasos constantes que han dado lugar incluso a la presentación de recursos de amparo por parte de las personas que se han visto perjudicadas.
“Desde el punto de vista de los resultados y de la modalidad elegida para otorgar la concesión, todo el procedimiento está rodeado de justificables sospechas que hacen imprescindible las aclaraciones. El gobierno provincial hace uso y abuso del recurso de la contratación directa, una licencia que la ley otorga al poder administrador en muy contadas ocasiones y bajo estrictos requisitos de procedencia”, dijo Etchecoin.
Según la diputada, “al abusar de esa modalidad Scioli transformó en regla lo que debe ser excepción, restando la transparencia y seriedad que las contrataciones del estado provincial requieren, mucho más cuando como en este caso lo que está en juego es la salud de la población, en especial la de personas que padecen graves dolencias”.
“Considerando los escándalos que en el último tiempo se han suscitado en torno a la presunta relación entre la denominada “Mafia de los medicamentos” y el poder político, resulta absolutamente menester acceder a la información concerniente a los medicamentos de alto costo y a su distribución”, señaló el proyecto en sus Fundamentos.
“Además, cuando las entidades de farmacéuticos de la provincia han ofrecido ese canal de distribución con evidentes ventajas en lo que hace al costo y a la seguridad de la prestación, llama la atención la decisión del gobierno provincial”, señaló la diputada del la CC-ARI.
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