Ante el anuncio del Ministro de seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, quien aseguró en declaraciones periodísticas que evalúa junto al Gobierno nacional la posibilidad de tener en la provincia efectivos de la Policía Federal, en reemplazo de tareas que actualmente realizan agentes de la fuerza bonaerense, el diputado Gabriel Villegas señaló que “el grave problema de la seguridad no sólo se soluciona con más agentes de la Federal”.
“La seguridad de la provincia y de la Ciudad de Buenos Aires está en crisis, y movilizar efectivos de un territorio a otro es como la sábana corta, tapo el torso, pero destapo los pies, y eso no es una solución para ninguna de las partes, porque significaría proteger un territorio en perjuicio del otro”, explicó el legislador, quien además es Licenciado en Seguridad.
Para Villegas, “antes de pedir más policías prestados, el ministro de seguridad primero debería mirar para dentro y conocer realmente a su fuerza. La semana pasada presenté un proyecto de ley para que se realice un censo en la policía de la provincia de Buenos Aires, específicamente para determinar cuántos policías tenemos en actividad efectiva y cuántos de estos están en situación de licencia o disponibilidad y qué funciones cumplen”.
El diputado explicó que “en este momento, ni los Jefes Departamentales conocen con exactitud estos datos, y el Ministro menos. Incorporar a 2.000 policías federales en las calles de la provincia tiene un único y especifico objetivo: aumentar el número de efectivos de seguridad, pero esto no soluciona nada, y puede empeorar aún más las cosas porque las dos policías no tienen una buena relación”.
Entre otros motivos, las diferencias entre ambos cuerpos reside en el salario que cada uno percibe, y el sueldo de los efectivos federales, a iguales tareas que el de los bonaerenses, es sustancialmente mayor.
“Crear un nuevo cuerpo (o traer personal de otra fuerza que actúe como tal en un mismo territorio) rompe con todos los protocolos recomendados en materia de seguridad y ya se ha vivido y documentado con la experiencia de la Policía 2, que fue un fracaso. Ahora se va en camino a cometer los mismos errores y los únicos perjudicados después son los ciudadanos”, afirmó.
Por otra parte, Villegas reflexionó: “en tal caso, habría que preguntarse qué funcionarios legislativos, judiciales y del ejecutivo posen custodia policial y por qué motivo; o por que hay objetivos privados o públicos cuidados por fuerzas de seguridad; por qué se presentan tantas carpetas medicas en la fuerza policial; y podríamos seguir preguntado, pero no tendríamos respuesta por desconocer la realidad de los destinos y la cantidad efectiva de personal con que se cuenta”.
Stornelli había señalado que también se estudia la posible utilización de personal penitenciario para otras tareas que hoy realizan policías bonaerenses, lo que para Villegas también representa un error.
“La función específica del servicio penitenciario es custodiar y rehabilitar a la sociedad carcelaria. Pero no recibió jamás instrucción en cuanto a la seguridad pública; por ende la propuesta del Ministro es igual que si llamara a un vigilador de una empresa de seguridad privada. En cambio, si el personal penitenciario se encargara de la custodia de los detenidos en comisaría (que no deberían estar allí) es otra cosa. Y me hago una pregunta; ¿al servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires le sobra gente?”, refirió el legislador.
El proyecto presentado por Villegas la semana pasada en la Cámara baja, pide un plazo máximo de 90 días para que se realice un “censo de personal de revista en la policía de la provincia de Buenos Aires y de bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado provincial destinados al Ministerio de seguridad”, aplicado a la totalidad de las dependencias pertenecientes a la cartera.
“Con la finalidad de recopilar la información necesaria que permita conocer el actual dimensionamiento de la planta de personal en cuanto a su cantidad y su distribución según escalafones, grado, agrupamientos funcionales, categorías, localización territorial, situación de revista y su real prestación de servicios, para el caso que se encuentre en comisión lugar donde presta el servicio efectivo, facilitándose, asimismo, el cumplimiento de los objetivos de esta ley, disponerse la realización de un censo integral operativo del personal. El personal en situación de estado de revista pasivo, se deberá consignar, si se encuentran bajo carpeta medica, o en su defecto el motivo de la situación de pasividad”, estipula el artículo 2°, que también pide conocer cantidad de bienes muebles e inmuebles, y destino de los mismos, y prevé que no se abone el sueldo a quienes no cumplan con el censo.
La iniciativa propone además, que sea la Universidad Nacional de La Plata la encargada de llevar adelante la tarea de recolección y proceso de datos, “para que nadie pueda manipular los números”, según explicó Villegas.
“Nadie duda que la provincia atraviesa desde hace tiempo, una crisis de seguridad. Si se la acepta desde el Ministerio, entonces podría organizarse un gabinete de crisis interdisciplinario y con participación de todos los actores sociales involucrados, para crear verdaderas políticas a mediano y largo plazo, y no pensar parches coyunturales que no sirven ni siquiera para los próximos 10 meses”, reflexionó el legislador, para quien además, “para llegar al número de 10 mil nuevos efectivos que ansía tener la provincia y que evaluando los flamantes y futuros egresados de las escuelas de policía, está lejos de obtener, en lugar de pedir prestado hombres, habría que evaluar cómo se mejoran los salarios y las condiciones de trabajo de nuestra propia gente”.
“La seguridad de la provincia y de la Ciudad de Buenos Aires está en crisis, y movilizar efectivos de un territorio a otro es como la sábana corta, tapo el torso, pero destapo los pies, y eso no es una solución para ninguna de las partes, porque significaría proteger un territorio en perjuicio del otro”, explicó el legislador, quien además es Licenciado en Seguridad.
Para Villegas, “antes de pedir más policías prestados, el ministro de seguridad primero debería mirar para dentro y conocer realmente a su fuerza. La semana pasada presenté un proyecto de ley para que se realice un censo en la policía de la provincia de Buenos Aires, específicamente para determinar cuántos policías tenemos en actividad efectiva y cuántos de estos están en situación de licencia o disponibilidad y qué funciones cumplen”.
El diputado explicó que “en este momento, ni los Jefes Departamentales conocen con exactitud estos datos, y el Ministro menos. Incorporar a 2.000 policías federales en las calles de la provincia tiene un único y especifico objetivo: aumentar el número de efectivos de seguridad, pero esto no soluciona nada, y puede empeorar aún más las cosas porque las dos policías no tienen una buena relación”.
Entre otros motivos, las diferencias entre ambos cuerpos reside en el salario que cada uno percibe, y el sueldo de los efectivos federales, a iguales tareas que el de los bonaerenses, es sustancialmente mayor.
“Crear un nuevo cuerpo (o traer personal de otra fuerza que actúe como tal en un mismo territorio) rompe con todos los protocolos recomendados en materia de seguridad y ya se ha vivido y documentado con la experiencia de la Policía 2, que fue un fracaso. Ahora se va en camino a cometer los mismos errores y los únicos perjudicados después son los ciudadanos”, afirmó.
Por otra parte, Villegas reflexionó: “en tal caso, habría que preguntarse qué funcionarios legislativos, judiciales y del ejecutivo posen custodia policial y por qué motivo; o por que hay objetivos privados o públicos cuidados por fuerzas de seguridad; por qué se presentan tantas carpetas medicas en la fuerza policial; y podríamos seguir preguntado, pero no tendríamos respuesta por desconocer la realidad de los destinos y la cantidad efectiva de personal con que se cuenta”.
Stornelli había señalado que también se estudia la posible utilización de personal penitenciario para otras tareas que hoy realizan policías bonaerenses, lo que para Villegas también representa un error.
“La función específica del servicio penitenciario es custodiar y rehabilitar a la sociedad carcelaria. Pero no recibió jamás instrucción en cuanto a la seguridad pública; por ende la propuesta del Ministro es igual que si llamara a un vigilador de una empresa de seguridad privada. En cambio, si el personal penitenciario se encargara de la custodia de los detenidos en comisaría (que no deberían estar allí) es otra cosa. Y me hago una pregunta; ¿al servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires le sobra gente?”, refirió el legislador.
El proyecto presentado por Villegas la semana pasada en la Cámara baja, pide un plazo máximo de 90 días para que se realice un “censo de personal de revista en la policía de la provincia de Buenos Aires y de bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado provincial destinados al Ministerio de seguridad”, aplicado a la totalidad de las dependencias pertenecientes a la cartera.
“Con la finalidad de recopilar la información necesaria que permita conocer el actual dimensionamiento de la planta de personal en cuanto a su cantidad y su distribución según escalafones, grado, agrupamientos funcionales, categorías, localización territorial, situación de revista y su real prestación de servicios, para el caso que se encuentre en comisión lugar donde presta el servicio efectivo, facilitándose, asimismo, el cumplimiento de los objetivos de esta ley, disponerse la realización de un censo integral operativo del personal. El personal en situación de estado de revista pasivo, se deberá consignar, si se encuentran bajo carpeta medica, o en su defecto el motivo de la situación de pasividad”, estipula el artículo 2°, que también pide conocer cantidad de bienes muebles e inmuebles, y destino de los mismos, y prevé que no se abone el sueldo a quienes no cumplan con el censo.
La iniciativa propone además, que sea la Universidad Nacional de La Plata la encargada de llevar adelante la tarea de recolección y proceso de datos, “para que nadie pueda manipular los números”, según explicó Villegas.
“Nadie duda que la provincia atraviesa desde hace tiempo, una crisis de seguridad. Si se la acepta desde el Ministerio, entonces podría organizarse un gabinete de crisis interdisciplinario y con participación de todos los actores sociales involucrados, para crear verdaderas políticas a mediano y largo plazo, y no pensar parches coyunturales que no sirven ni siquiera para los próximos 10 meses”, reflexionó el legislador, para quien además, “para llegar al número de 10 mil nuevos efectivos que ansía tener la provincia y que evaluando los flamantes y futuros egresados de las escuelas de policía, está lejos de obtener, en lugar de pedir prestado hombres, habría que evaluar cómo se mejoran los salarios y las condiciones de trabajo de nuestra propia gente”.
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