Los legisladores de la Coalición Cívica bonaerense Maricel Etchecoin Moro y Walter Martello denunciaron una nueva maniobra del gobierno provincial destinada a favorecer a fuertes intereses del juego. De acuerdo con el texto del decreto3.116/09 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno bonaerense justifica esta escandalosa prórroga sin llamar a licitación debido a “la imposibilidad técnica para efectuar el recambio del hardware y software en lo inmediato frente a la exigüidad del plazo de vencimiento de los instrumentos contractuales vigentes”. Las máquinas tragamonedas están incluidas en la renovación que firmó el gobernador por decreto.
La particularidad de esta renovación es que el gobernador Scioli les quita dinero a los ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Social para aumentar la caja del Instituto Provincial de Lotería y Casinos algo que, como aclaró Martello, es abiertamente inconstitucional. "Se supone que el dinero debe ir a mejorar áreas clave de la administración pública y no a un ente sobre el que hay poco control", sostuvo el presidente de Bloque CC bonaerense.
La renovación no pasó por la Legislatura lo que genera una injustificable extralimitación del Ejecutivo: los dos diputados de la Coalición Cívica advirtieron que llevarán el tema a la Justicia porque el pago de canon es equivalente a la creación de un impuesto y su modificación es “una facultad indelegable del Poder Legislativo”, explicaron Martello y Etchecoin Moro.
El gobernador dejó en claro en los considerandos del decreto 3.116 que la urgencia por renovar sin licitación ni tratamiento en la Legislatura, obedece a que los ingresos provenientes de los bingos “permitirán aliviar la presión que existe sobre los recursos provinciales”.
Para los legisladores, es una situación sumamente irregular que deberá, llegado el caso, ir a la Justicia por inconstitucional.
En el informe elaborado por Martello y Etchecoin Moro, deja en claro que el negocio del juego en la provincia moverá este año más de 8 mil millones de pesos de los cuales 2/3 quedan en manos de los privados y 1/3, en el Estado. Las salas a las que se les renuevan las licencias, según el decreto 3.116, son las que tenían vencimiento durante el período 2008-2011: Mar del Plata (Codere); San Martín (Codere); Mar de Ajó (Daniel Mautone); Moreno (Laquaniti, propietario de bingos en Buenos Aires); Quilmes (del empresario Del Valle); Avellaneda (Grupo Blaquier) y Zárate (Ferrari).
El mencionado decreto viene a ratificar dos resoluciones del Instituto de Loterías y Casinos de la provincia de Buenos Aires, "en un nuevo disparate jurídico de esta administración", que firmara oportunamente el Presidente de Loterías Rodríguez, un hombre de carrera que llegó a ese lugar por sus buenos vínculos con Carlos Gallo, el verdadero “arquitecto” de estas normas y quien fuera el que abrió desde Lotería Nacional la posibilidad del ingreso de Cristóbal López al Hipódromo de Palermo, cuando era presidente de ese organismo, y Rodríguez su subalterno.
La particularidad de esta renovación es que el gobernador Scioli les quita dinero a los ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Social para aumentar la caja del Instituto Provincial de Lotería y Casinos algo que, como aclaró Martello, es abiertamente inconstitucional. "Se supone que el dinero debe ir a mejorar áreas clave de la administración pública y no a un ente sobre el que hay poco control", sostuvo el presidente de Bloque CC bonaerense.
La renovación no pasó por la Legislatura lo que genera una injustificable extralimitación del Ejecutivo: los dos diputados de la Coalición Cívica advirtieron que llevarán el tema a la Justicia porque el pago de canon es equivalente a la creación de un impuesto y su modificación es “una facultad indelegable del Poder Legislativo”, explicaron Martello y Etchecoin Moro.
El gobernador dejó en claro en los considerandos del decreto 3.116 que la urgencia por renovar sin licitación ni tratamiento en la Legislatura, obedece a que los ingresos provenientes de los bingos “permitirán aliviar la presión que existe sobre los recursos provinciales”.
Para los legisladores, es una situación sumamente irregular que deberá, llegado el caso, ir a la Justicia por inconstitucional.
En el informe elaborado por Martello y Etchecoin Moro, deja en claro que el negocio del juego en la provincia moverá este año más de 8 mil millones de pesos de los cuales 2/3 quedan en manos de los privados y 1/3, en el Estado. Las salas a las que se les renuevan las licencias, según el decreto 3.116, son las que tenían vencimiento durante el período 2008-2011: Mar del Plata (Codere); San Martín (Codere); Mar de Ajó (Daniel Mautone); Moreno (Laquaniti, propietario de bingos en Buenos Aires); Quilmes (del empresario Del Valle); Avellaneda (Grupo Blaquier) y Zárate (Ferrari).
El mencionado decreto viene a ratificar dos resoluciones del Instituto de Loterías y Casinos de la provincia de Buenos Aires, "en un nuevo disparate jurídico de esta administración", que firmara oportunamente el Presidente de Loterías Rodríguez, un hombre de carrera que llegó a ese lugar por sus buenos vínculos con Carlos Gallo, el verdadero “arquitecto” de estas normas y quien fuera el que abrió desde Lotería Nacional la posibilidad del ingreso de Cristóbal López al Hipódromo de Palermo, cuando era presidente de ese organismo, y Rodríguez su subalterno.
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