jueves, mayo 05, 2011

Es ley la regulación de la medicina prepaga pero ¿habrá mejor atención?

(Urgente 24). La Cámara de Diputados aprobó por 190 votos afirmativos el texto que regula el sistema de medicina prepaga. Hubo 29 abstenciones de los bloques del PRO, la Coalición Cívica y el Peronismo Federal. Ahora, las empresas no podrán rechazar la afiliación de personas con enfermedades preexistentes y la edad no puede ser tomada como criterio de rechazo de admisión, entre otros puntos.
La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que regula el funcionamiento de las empresas de medicina prepaga impulsado por el gobierno de Cristina Fernández y reclamado por el titualr de la CGT, Hugo Moyano.

El Frente para la Victoria logró el quórum para comenzar la sesión especial gracias a la colaboración de los bloques del socialismo, SI, Nuevo Encuentro, Proyecto Sur, el Frente Cívico de Córdoba y tambien legisladores de Catamarca.

Por la mañana, la oposición falló en obtener el los 129 legisladores necesarios para realizar una sesión especial en la que se discutirían, además de los temas pretendidos por el oficialismo (Lavado de Dinero y Prepagas), el marco regulatorio de la Publicidad Oficial y los cambios al mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias.

La UCR, el GEN, PRO, Proyecto Sur, Libres del Sur, Coalición Cívica y socialismo, sólo sumaron 89 diputados (se necesitaban 129) al momento en que el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner (Frente para la Victoria-Jujuy), levantó la reunión por falta de quórum.

El primero en comenzar el debate fue el diputado chaqueño, Antonio Morante (Frente para la Victoria- Chaco), defendió el proyecto y explicó que “por cada $ 1 que va al sistema público de Salud, van $ 3,5 a la medicina prepaga”. Y agregó: “El monto de dinero que hoy va triplicar la prestación de servicio publico de salud”.

En tanto, el diputado Juan Carlos Morán (Coalición Cívica- Buenos Aires) remarcó la posición de su bloque: “desde la Coalición Cívica seguimos pensando lo mismo que pensábamos hace 2 años cuando por unanimidad votábamos una regulación para todos” y advirtió que la aprobación de esta norma “no tiene que ser a causa de hacerle buenos negocios a Moyano”.

Agregó: "No entendemos el apuro del kirchenrismo para probar esta ley. En el 2007 cuando Cristina Fernández era candidata a presidente, Medicus, Galeno y Swiss Medical, fueron aportante de la campaña".

“No ayuda a mejorar la calidad del servicio de la salud de los ciudadanos”, destacó la diputada Gabriela Michetti (PRO-CIUDAD de Buenos Aires), quien volvió a anunciar que el macrismo presentará una ley integral de servicio de Salud.

Esta ley “genera un peligro importante por la disminución del subsistema privado de salud”, agregó la diputada que no votará en contra de la ley sino que se abstendrá. En la misma dirección que Michetti lo hará el bloque del PRO, en un voto pensando en las elecciones y no quedar mal ante la sociedad que exige esta ley.

Graciela Camaño (Peronista-Buenos Aires) salió al cruce a Morán y Michetti con fundamentos. “Después de muchísimos años se va a lograr que los pacientes van a dejar de ser usuario y consumidores y van a ser lo que nunca debieron dejar de ser: paciente. Esa es la buena noticia porque son los pacientes los que durante años han tenido que resolver sus problemas”, sentenció la diputada bonaerense.

Fiel a su estilo, Camaño señaló que “en el año '83 hasta 2009 desfilaron por las Cámaras 49 proyectos de ley y muchas veces tuvimos la amenaza del tratamiento. Y en el medio de esos años, las prepagas tuvieron un ministro de Salud, Alberto Mazza ; más lobby que los sindicalistas que algunos tanto critican”.

Y agregó: “En el proceso de desregulación -del sistema de la salud- de ese Ministro que representaba a las Prepagas, se metieron en las obras sociales y captaron a las pequeñas obras sociales conquistando a los asalariados que más sueldo cobran”.

“Es cierto que el diablo metió la cola en el artículo 1º en el Senado, pero el problema está en la medicina privada de salud porque para las empresas siempre seguirá siendo un negocio”, concluyó la diputada peronista.

Ante las críticas por los cambios realizados en el Senado, la diputada Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro- Ciudad de Buenos Aires) señaló que los cambios en la Cámara alta tuvo el sentido de eliminar a “aquellos que no tienen fines de lucro y por eso se excluyen las obras sindicales, cooperativas, fundaciones, mutuales y asociaciones civiles”.

Asimismo, Ibarra planteo que “se debe controlar que estas formas de asociaciones no reparten dividendos porque existen esos abusos”.

Desde el bloque del GEN, la diputada Virginia Linares (GEN-Buenos Aires) , afirmó que “hay que ponerse a trabajar que complemente esta ley y regule el tipo de situaciones de asociaciones civiles que brindan un servicio de salud privado con fines de lucro”.

Por parte el diputado Agustín Portela (UCR-Corrientes), afirmó: "Nosotros decimos que hay que lograr la ley más perfecta posible porque está en juego la calidad de la salud de más de 4 millones de argentinos. Y decimos que esta ley tiene una autoridad de aplicación que todo el mundo dice que es el Ministerio de Salud y lo es parcialmente. También tiene otros como la Secretaría de Comercio”.

Además, el diputado radical expresó: “Queremos buscar un equilibrio. Esta es una ley que es un castillo de naipes, en el que si algo se mueve mal se cae todo y el perjudicado sigue siendo el afiliado que es el que va a buscar salud a ese sector. Lamentablemente el sistema de salud en la Argentina está fragmentado y alguna vez tendremos que sentarnos a discutir y a generar un sistema único de salud”.

A favor de la iniciativa, el jefe de bloque del Socialismo, Lisandro Viale (Partido Socialista-Entre Ríos) , aseveró que “la empresa que trabaje seriamente no tiene nada que temer con la aprobación de esta ley”. También el diputado del PS sostuvo que “esta norma tendrá consecuencias en la vida de 4,5 millones de usuarios o afiliados, quienes son los que por falta de un marco legal adecuado quedaban en un absoluto estado de vulnerabilidad ante las decisiones".

Desde Proyecto Sur, Claudio Lozano (Proyecto Sur-Ciudad de Buenos Aires), expresó “queremos avanzar para luego corregir” porque es “un avance en la dirección correcto y por eso lo acompañamos”. Sin embargo reconoció que la norma “merece una ley correctiva” y que “sigue pendiente la necesidad de una ley general del sistema de salud en la Argentina”.

Lozano remarcó las razones por las que su bloque cree que debe regularse la medicina prepaga: "Desde la teoría económica convencional, desde los propios neoclásicos que piensan al mercado en términos de competencia, aunque desde esas visiones donde existe una formulación que rechaza la intervención por parte del Estado, claramente distinguen al mercado de la Salud como un mercado donde necesariamente el Estado tiene que intervenir".

"Las razones son porque buena parte de la libre competencia se funda en la sabiduría y la racionalidad a la hora de elegir, que tiene que ver con la plena información", destacó el economista y diputado nacional.

En tanto, el sindicalista y diputado Omar Plaini salió al cruce de las criticas a los sindicalistas y relató una frase del escritor José Ingenieros: “enseñemos a perdonar pero enseñemos también a no ofender”.

El texto

La futura ley obliga a las empresas a cambiar los términos de contratación, ya que no podrán obligar a nuevos afiliados a un período de espera antes de comenzar la cobertura.

En otros puntos, las prepagas deberán cubrir todas las enfermedades previstas en el Plan Médico Obligatorio (PMO) de las Obras Sociales sindicales y no podrán fijar cuotas más altas para los pacientes que tengan más de 65 años y 10 de permanencia en el sistema.

Además, quedarán obligadas a cubrir el sistema con prestaciones básicas para personas con discapacidad.

El proyecto fue aprobado primero en la Cámara de Diputados en agosto de 2008 y en noviembre de 2010 en el Senado con cambios, por lo que ahora retornó a la Cámara Baja. Por lo tanto, los diputados ahora sólo pueden optar o por el texto original, para insistir, o por el reformado por los senadores, pero no pueden rechazarlo ni reemplazarlo.

Los puntos claves

> Obliga a las empresas de medicina prepaga a cubrir planes de cobertura médico-asistencial, el Programa Médico Obligatorio (PMO) y el sistema con prestaciones básicas para personas con discapacidad.

> Los contratos entre las prepagas y los usuarios no pueden incluir períodos de carencia o espera para todas aquellas prestaciones que se incluyan en el Programa Médico Obligatorio.

> Las prestaciones de las empresas de medicina prepaga no podrán ser inferiores al PMO de las obras sociales sindicales.

> Los contratos de prestaciones deben ser autorizados por el Ministerio de Salud, además de que los usuarios pueden rescindir en cualquier momento el contrato celebrado, sin limitación y sin penalidad alguna.

> La edad no puede ser tomada como criterio de rechazo de admisión.

> Las empresas no puedan rechazar la afiliación de personas con enfermedades preexistentes

> A los mayores de 65 años con al menos diez años de antigüedad en la cobertura no se les puede aumentar la cuota.

> Se impondrían mecanismos para que desde el Gobierno se autorice o no el aumento de las cuotas.

Muchas de las cláusulas del proyecto fueron criticadas por la Cámara de Instituciones Médico Asistenciales y cuestionadas por algunas empresas de medicina prepaga por ver que los costos del sistema se encarecerían, llevaría a ajustes de calidad de los servicios y resultaría en la quiebra del sector.

Los reclamos de Moyano

Hugo Moyano le reclama al Gobierno medidas concretas para frenar la migración constante de los afiliados de las obras sociales sindicales a las empresas privadas.

El titular de la CGT quiere una compensación de US$ 600 millones por las pérdidas que le generaron el traspaso de los trabajadores a la medicina prepaga.

El reclamo es por los aportes que pierden por los pases a la medicina privada. La cifra surge de multiplicar los 436.579 afiliados por el aporte promedio mensual de $ 400 que en 2010 dejaron las obras sociales.

En ese sentido, la CGT estima que cada afiliado traspasó alrededor de $ 5.200 anuales a obras sociales que los captaron mediante contratos de asociación o colaboración con las prepagas.

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