"Los funcionarios eclesiásticos que cobren sueldos provenientes de fondos públicos también deban presentar sus declaraciones juradas", fundamentó el diputado aliado del oficialismo Hugo Prieto.
El presidente del bloque de la Concertación, Hugo Prieto, presentó un proyecto de ley que propone que los arzobispos, obispos, obispos auxiliares y el secretario general del Episcopado sean incluidos dentro de los funcionarios públicos que deben presentar sus declaraciones juradas.
“Lo que se intenta es que del mismo modo que numerosos funcionarios estatales, que por el hecho de cobrar un sueldo del Estado deben presentar sus declaraciones juradas, los funcionarios eclesiásticos que cobren sueldos provenientes de fondos públicos también deban presentar sus declaraciones juradas”, explicó Prieto.
Además, el diputado nacional por Neuquén recordó que las diferentes normativas de sostenimiento económico hacia la Iglesia que fueron sancionadas en los últimos años “nos indican que, con excepción del decreto 1216/03, ellas fueron emitidas bajo gobiernos militares. Es decir que el 90% de las leyes que estipulan algún tipo de financiamiento a la Iglesia Católica tienen origen en dictaduras militares, es decir, no son estrictamente leyes”.
Al mismo tiempo, "una mirada más atenta permite dar cuenta que la única norma sancionada en democracia, además de no configurar la norma más importante en la temática, fue dictada por un presidente (Eduardo Duhalde) que, si bien era constitucional, no había sido elegido popularmente”, recordó Prieto.
En este sentido, Prieto señaló que este proyecto debe entenderse como "un avance hacia la igualdad". “En algún momento debiera analizarse si una disposición como el artículo 2 de la Constitución Nacional es compatible con una idea fuerte de igualdad ya que sólo se financia uno de los tantos credos religiosos. Quizás debiera discutirse si la misma idea de financiamiento a credos religiosos no implica un trato desigualitario hacia quienes no profesan ningún culto institucionalizado. No obstante el avance igualitario de este proyecto es mucho menos ambicioso”, aseguró.
Por otro lado, en el proyecto de ley se estipula el plazo de 30 días para que los funcionarios eclesiásticos que estén actualmente en funciones presenten sus declaraciones juradas. El plazo es el mismo que al momento de sancionarse la Ley de Ética Pública se dispuso para que los funcionarios que se encontraban en funciones presentasen sus declaraciones.
El presidente del bloque de la Concertación, Hugo Prieto, presentó un proyecto de ley que propone que los arzobispos, obispos, obispos auxiliares y el secretario general del Episcopado sean incluidos dentro de los funcionarios públicos que deben presentar sus declaraciones juradas.
“Lo que se intenta es que del mismo modo que numerosos funcionarios estatales, que por el hecho de cobrar un sueldo del Estado deben presentar sus declaraciones juradas, los funcionarios eclesiásticos que cobren sueldos provenientes de fondos públicos también deban presentar sus declaraciones juradas”, explicó Prieto.
Además, el diputado nacional por Neuquén recordó que las diferentes normativas de sostenimiento económico hacia la Iglesia que fueron sancionadas en los últimos años “nos indican que, con excepción del decreto 1216/03, ellas fueron emitidas bajo gobiernos militares. Es decir que el 90% de las leyes que estipulan algún tipo de financiamiento a la Iglesia Católica tienen origen en dictaduras militares, es decir, no son estrictamente leyes”.
Al mismo tiempo, "una mirada más atenta permite dar cuenta que la única norma sancionada en democracia, además de no configurar la norma más importante en la temática, fue dictada por un presidente (Eduardo Duhalde) que, si bien era constitucional, no había sido elegido popularmente”, recordó Prieto.
En este sentido, Prieto señaló que este proyecto debe entenderse como "un avance hacia la igualdad". “En algún momento debiera analizarse si una disposición como el artículo 2 de la Constitución Nacional es compatible con una idea fuerte de igualdad ya que sólo se financia uno de los tantos credos religiosos. Quizás debiera discutirse si la misma idea de financiamiento a credos religiosos no implica un trato desigualitario hacia quienes no profesan ningún culto institucionalizado. No obstante el avance igualitario de este proyecto es mucho menos ambicioso”, aseguró.
Por otro lado, en el proyecto de ley se estipula el plazo de 30 días para que los funcionarios eclesiásticos que estén actualmente en funciones presenten sus declaraciones juradas. El plazo es el mismo que al momento de sancionarse la Ley de Ética Pública se dispuso para que los funcionarios que se encontraban en funciones presentasen sus declaraciones.
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