La Cámara de Acusación de Córdoba confirmó la prisión preventiva de los imputados por la promoción de más de 140 juicios laborales falsos. Se trata de un grupo de abogados y médicos acusados de estafa procesal y asociación ilícita. Los profesionales se habrían organizado para demandar por enfermedades inexistentes a la ART Provincia.
En Córdoba, la Cámara de Acusación confirmó la prisión preventiva de Claudio Viale, Francisco Rueda, Ariel Merlini y Mario Pacheco, acusados de cometer los delitos de asociación ilícita, estafa procesal continuada, certificado médico falso continuado y falsificación de instrumento privado en perjuicio de Provincia ART S.A. Los cuatro profesionales habían apelado el auto que disponía la medida e integrarían un grupo, con más miembros, dedicado a cometer estafas procesales.
Además, fue rechazado el planteo defensivo de los acusados, tendiente a cuestionar el carácter de “perjudicada” de la empresa Provincia A.R.T. En tal sentido, los jueces cordobeses recordaron que los acusados habrían demandado sin causa, y a sabiendas, a la aseguradora y que el daño patrimonial se configuraba porque los encartados no poseían a su favor ninguna acreencia que reclamar.
“Los actores en los procesos laborales obtuvieron las indemnizaciones por enfermedades inexistentes, que constaban en certificados médicos apócrifos –ideológica o materialmente falsos-, la aseguradora nada debió haber abonado”, recalcó el Tribunal de Alzada.
Asimismo, los magistrados Carlos Salazar Horacio Gilardoni y Eduardo Barrios señalaron que los defensores de los imputados “no brindan ningún argumento que demuestre el error de la valoración probatoria” que efectuó el Juzgado de Control N°7. Los abogados sólo se limitaron a manifestar su propio punto de vista, al menos, desde la perspectiva del Tribunal Penal.
La causa tuvo origen en una serie de acuerdos conciliatorios celebrados en sede laboral entre la empresa Provincia A.R.T. S.A. y los imputados. Los acusados, según la investigación penal, habrían iniciado demandas laborales, en nombre de empleados de la Municipalidad de Córdoba, alegando la existencia de enfermedades en realidad inexistentes, mediante el uso de certificados médicos falsos.
Es preciso destacar que, dos de los miembros de la asociación –Viale y Rueda- oficiaban como letrados apoderados de la propia compañía aseguradora. Por su parte, Merlini fue considerado como el “organizador” de la maniobra, mientras que Pacheco es médico.
Este caso tuvo amplia repercusión, particularmente en los medios locales, debido a que se registraron más de 140 juicios en los que se habrían llevado a cabo las maniobras defraudatorias detalladas. El Fiscal de la causa, en primer término, fue Enrique Gavier. Luego, lo reemplazo Mariano Antuña, ya que Gavier se excusó por ser pariente de uno de los abogados defensores.
No obstante, el asunto arribó a la Justicia y el Juez de Control N°7 de Córdoba, Esteban Díaz, decidió dictar la prisión preventiva a los imputados. Sólo apelaron los cuatro profesionales mencionados. Sin embargo, también se dictó prisión preventiva para otros miembros de la asociación: José Luis Barbero, médico, y Fabián Manrique –abogado-, considerado como otro de los “organizadores” del fraude.
Ahora bien, llegada la causa a manos de la Cámara de Acusación, sus integrantes explicaron que se configuraba una estafa procesal en la que, si bien el destinatario directo del engaño era el juez, el perjuicio patrimonial recaía sobre la aseguradora demanda.
“Quien aparece como víctima en los presentes autos no resulta otra que Provincia A.R.T. S.A., que fue quien efectuó la disposición patrimonial perjudicial fruto de los acuerdos conciliatorios celebrados, los que constituían parte del plan delictivo pergeñado por los integrantes de de la asociación ilícita”, precisó el Tribunal Penal.
En consecuencia, la Cámara de Acusación de Córdoba resolvió rechazar, por unanimidad, los recursos de apelación interpuestos por los cuatro imputados. No obstante, la prisión preventiva fue confirmada sólo por mayoría, pues sobre este punto, el vocal Horacio Gilardoni votó en disidencia. (Diario Judicial).
En Córdoba, la Cámara de Acusación confirmó la prisión preventiva de Claudio Viale, Francisco Rueda, Ariel Merlini y Mario Pacheco, acusados de cometer los delitos de asociación ilícita, estafa procesal continuada, certificado médico falso continuado y falsificación de instrumento privado en perjuicio de Provincia ART S.A. Los cuatro profesionales habían apelado el auto que disponía la medida e integrarían un grupo, con más miembros, dedicado a cometer estafas procesales.
Además, fue rechazado el planteo defensivo de los acusados, tendiente a cuestionar el carácter de “perjudicada” de la empresa Provincia A.R.T. En tal sentido, los jueces cordobeses recordaron que los acusados habrían demandado sin causa, y a sabiendas, a la aseguradora y que el daño patrimonial se configuraba porque los encartados no poseían a su favor ninguna acreencia que reclamar.
“Los actores en los procesos laborales obtuvieron las indemnizaciones por enfermedades inexistentes, que constaban en certificados médicos apócrifos –ideológica o materialmente falsos-, la aseguradora nada debió haber abonado”, recalcó el Tribunal de Alzada.
Asimismo, los magistrados Carlos Salazar Horacio Gilardoni y Eduardo Barrios señalaron que los defensores de los imputados “no brindan ningún argumento que demuestre el error de la valoración probatoria” que efectuó el Juzgado de Control N°7. Los abogados sólo se limitaron a manifestar su propio punto de vista, al menos, desde la perspectiva del Tribunal Penal.
La causa tuvo origen en una serie de acuerdos conciliatorios celebrados en sede laboral entre la empresa Provincia A.R.T. S.A. y los imputados. Los acusados, según la investigación penal, habrían iniciado demandas laborales, en nombre de empleados de la Municipalidad de Córdoba, alegando la existencia de enfermedades en realidad inexistentes, mediante el uso de certificados médicos falsos.
Es preciso destacar que, dos de los miembros de la asociación –Viale y Rueda- oficiaban como letrados apoderados de la propia compañía aseguradora. Por su parte, Merlini fue considerado como el “organizador” de la maniobra, mientras que Pacheco es médico.
Este caso tuvo amplia repercusión, particularmente en los medios locales, debido a que se registraron más de 140 juicios en los que se habrían llevado a cabo las maniobras defraudatorias detalladas. El Fiscal de la causa, en primer término, fue Enrique Gavier. Luego, lo reemplazo Mariano Antuña, ya que Gavier se excusó por ser pariente de uno de los abogados defensores.
No obstante, el asunto arribó a la Justicia y el Juez de Control N°7 de Córdoba, Esteban Díaz, decidió dictar la prisión preventiva a los imputados. Sólo apelaron los cuatro profesionales mencionados. Sin embargo, también se dictó prisión preventiva para otros miembros de la asociación: José Luis Barbero, médico, y Fabián Manrique –abogado-, considerado como otro de los “organizadores” del fraude.
Ahora bien, llegada la causa a manos de la Cámara de Acusación, sus integrantes explicaron que se configuraba una estafa procesal en la que, si bien el destinatario directo del engaño era el juez, el perjuicio patrimonial recaía sobre la aseguradora demanda.
“Quien aparece como víctima en los presentes autos no resulta otra que Provincia A.R.T. S.A., que fue quien efectuó la disposición patrimonial perjudicial fruto de los acuerdos conciliatorios celebrados, los que constituían parte del plan delictivo pergeñado por los integrantes de de la asociación ilícita”, precisó el Tribunal Penal.
En consecuencia, la Cámara de Acusación de Córdoba resolvió rechazar, por unanimidad, los recursos de apelación interpuestos por los cuatro imputados. No obstante, la prisión preventiva fue confirmada sólo por mayoría, pues sobre este punto, el vocal Horacio Gilardoni votó en disidencia. (Diario Judicial).
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