Corte y confesión. Por Analía Zygier (*).

Para el gran público y los medios, lo noticiable de lo judicial solía merodear casi con exclusividad Comodoro Py, la sucursal “política” del Palacio. Eran una especie de eslabón perdido entre la Justicia y la política. 

Los demás fueros eran percibidos como en una especie de burbuja, silenciosa e impoluta en donde pocos osaban opinar. 

Los amparos por el corralito en 2001 / 2002 y la disputa por el Banco Central en enero de 2010 puso en escena al fuero Contencioso Administrativo. Las valijas de Southern Winds en 2004 y Antonini Wilson 2007 pusieron en el mapa mediático al fuero Penal Económico. Los juicios por reajustes jubilatorios y recusaciones masivas de Ansess contra jueces en julio de 2011 le dieron pantalla al fuero de la Seguridad Social. El listado de fueros mediáticos se engrosó con la participación estelar de Civil y Comercial Federal durante 2012 por el tema de la Ley de Medios. En una década la Justicia invadió los medios de comunicación y las conversaciones sociales.

 

La última cena
 

En diciembre pasado se celebró la tradicional cena de fin de año de la Asociación de Magistrados. En la simpleza de un tipo de evento social que aparentemente no tiene más finalidad que desear felices fiestas, se empezó a notar la fractura.
 

La discusión, hoy a todas luces sonsa teniendo en cuenta lo que pasó después, giraba en torno a quienes habían sido invitados y quienes habían tenido que pagar la tarjeta de su bolsillo.
 

A esa cena se eludió invitar al Ministro de Justicia y a algunos representantes del Consejo de la Magistratura y ya nada volvería a ser lo que era antes.
 

Por esos días se sucedió la guerra de las solicitadas. Empezó la Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial, junto a la Junta Federal de Cortes y Tribunales Superiores de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS), la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), y la Federación Argentina de la Magistratura (FAM),  rechazando los cuestionamientos de los consejeros de la magistratura oficialistas y del ministro de Justicia, Julio Alak a raíz del fallo de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal prorrogó la ya famosa medida cautelar a favor del grupo Clarín.
 

Inmediatamente le contestaron con otra solicitada un nutrido grupo de jueces, fiscales, defensores y juristas que se auto denominaron “Justicia Legítima”. Quienes firmaron se pronunciaron contra la declaración realizada por la Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial y asociaciones que agrupan a jueces y sostuvo que los magistrados “deben ser independientes de los intereses económicos de las grandes empresas”, en clarísima alusión a Clarín. Muchos de los que firmaron estaban indignados porque formaban parte de alguna de las instituciones firmantes de la primer solicitada, pero nadie había sido consultado.
 

Se trató de un texto consensuado entre las cúpulas institucionales, destacaron. “Nadie nos preguntó si estábamos o no de acuerdo”. Por eso, en contraposición a una solicitada hiperinstitucional apareció un comunicado lleno de individualidades. Cada un firmó, para bien o para mal, con su nombre y apellido y no como representante de nadie.
 

 

No soy de aquí ni soy de allá

Definidos los dos bandos, los “tradicionales” alineados con Cabral y Lorenzetti, y los “legítimos”, representados por Alejandra Gils Carbó, Stella Maris Martínez, Alicia Ruiz y Alejandro Slokar; hubo muchos que no se sintieron cómodos en ninguno de los dos lados.
 

Venían desde hace mucho enojados con Cabral, por los manejos del rancio oficialismo de la Asociación de Magistrados, pero de ninguna manera querían quedar pegados a una supuesta Justicia kirchnerista.
 

Hubo quienes se mostraron en el acto por el 150 Aniversario de la Corte el martes 26 pasado y que también fueron a los debates de "Justicia Legítima" en la Biblioteca Nacional el miércoles 27 y el jueves 28. Hubo quienes optaron por no ir a ninguna de las dos convocatorias. Hubo de todo porque la Justicia de ninguna manera es LA Justicia.
 

La Justicia es un poder atomizado y muy poco verticalista que contrasta con la idea de Justicia corporativa que tiene la gran mayoría de la ciudadanía y que se vende en los medios de comunicación.
 

Mientras que el Poder Ejecutivo es claramente vertical, ningún ministro decide solo sino que sigue instrucciones de la presidente, y el Legislativo, al margen de las decisiones individuales, está licuado por el conjunto, traspasado por los bloques y la obediencia partidaria, el Judicial es otra cosa.
 

Cada juzgado es un feudo con  un cacique que decide “a piacere”. Esa decisión puede ser convalidada o no por la Cámara y revisada o no por la Corte. Pero mientras tanto, hasta que le llegue el cuarto de hora, cada juez es amo y señor de sus decisiones. Y cada decisión, por más transitoria que sea, tiene consecuencias concretas.

 
 

La democratización de la Justicia

Por fin el título, que sobrevoló varios discursos del oficialismo en los últimos meses, se tradujo en proyectos concretos.
 

¿Cuántas de las propuestas que desarrolló Cristina durante la apertura de las sesiones legislativas serán apoyadas por los magistrados agrupados en "Justicia Legítima"? ¿Cuántas de las propuestas de “Justicia Legítima” serán apoyadas por la presidente? ¿Justicia Legítima es la Justicia kirchnerista? ¿Si hay una Justicia legítima, hay otra justicia que es ilegítima? ¿Se trata de esclarecidos que por fin le dicen “basta” a las peores prácticas anquilosadas en el ineficiente Poder Judicial o son principistas usados por el poder político para fines inconfesables? ¿Si no hubiera existido el entuerto del Caso Clarín que embarra todo, hubiera surgido un movimiento reformista como el que surgió? ¿No hay mal que por bien no venga?
 

Algunas de las preguntas, se contestarán solas con el simple paso del tiempo. Otras no tendrán nunca respuesta.
 

Por lo pronto, la Corte Suprema en una finta a lo Nicolino Locche, se apresuró a decir que en reglas generales estaba de acuerdo con las reformas propuestas. Quienes apostaban a la confrontación lisa y llana quedaron un poco descolocados con semejante afirmación. Lo cierto es que, por ahora, la Corte no quiere confrontar directamente ni ser el sparring de turno del poder político. Seguramente no le sea del todo simpático el movimiento reformista, pero es claro que no quieren pararse decididamente en la vereda de enfrente.
 

 

Cal y arena

Tanto las propuestas de la presidente, como las del colectivo de “Justicia Legítima” tienen cosas más que interesantes. Algunas son fácilmente suscribibles por cualquiera con un poquito de sentido común y otras tantas tienen, como mínimo, dos lecturas. Lo peor de todo es que muchas veces, ambas suenan como válidas y lógicas.
 

El pago del impuesto a las ganancias por parte de los jueces no le suena mal a casi nadie. Al margen de algunos comentarios socarrones que se escucharon entre los concurrentes al acto de 150 Aniversario de la Corte “si están tan apurados por pagar el impuesto a las ganancias por qué no lo pagan voluntariamente ellos” en alusión a las opiniones de “Justicia Legítima”; hay cuestiones no menores a tener en cuenta.
 

Por un lado está obviamente la intangibilidad de las remuneraciones de los jueces. Si van a empezar a pagar, les van a tener que aumentar. Por otro lado en el caso de la Justicia Nacional, lo que entra por un bolsillo, sale por el otro. No parece que haya grandes problemas. Sin embargo, en el caso de las Justicias provinciales, el aumento a los jueces va a salir de las finanzas provinciales, hoy en su gran mayoría bastante maltrechas, pero el impuesto a las ganancias que tributarán los magistrados entrará a las arcas nacionales. ¿Generará esto una transferencia imprevista de recursos de las provincias hacia la Nación?

 

Además nadie se fijó que no solamente los magistrados estarían alcanzados por esta decisión. En 1996 la Corte de la época de Nazareno mediante una acordada eximió del pago del impuesto a las ganancias a todos los empleados judiciales. ¿Piumato ya estará preparando el plan de lucha?
 

La creación de cámaras de Casación en fueros como el laboral, civil, de la seguridad social, entre otros, ¿beneficia o perjudica? Los defensores, al margen de las eventuales simpatías ideológicas con lo que representa la presidente, opinan que aumentar el número de instancias asegura decisiones más justas. Se está menos a merced de la arbitrariedad de determinado juez o sala. Hay más posibilidades de corregir errores. No hace falta llegar a la Corte, lo que muchas veces por la plancha del 280 se torna imposible para el común de los justiciables.
 

Quienes se oponen, también tienen sus argumentos. El primero es que va a enlentecer los trámites judiciales. Si hoy un simple caso laboral puede demorar entre 2 y 4 años, agregando una instancia más podríamos estar aumentando en un par de años más las sentencias definitivas. Si hoy la Justicia es lenta, con este proyecto seguramente será más lenta. Por otro lado, más cámaras implican la necesidad de cubrir más vacantes. Si hoy hay todavía muchísimos cargos sin cubrir, ¿hacemos bien en agregar más necesidad de jueces? A esta visión hay que sumarle los cuestionamientos de algunos políticos opositores que leen esta idea como la intención maliciosa de cubrir las vacantes con jueces afines al poder político de turno. Más cámaras además implican más gastos. Además de más concursos, más empleados, más sueldos y más edificios, justamente en un poder lamentablemente caracterizado por la emergencia edilicia en muchos de sus fueros.
 

La llegada por concurso para el ingreso al Poder Judicial. ¿Quién puede estar en contra? Ahora, pensemos, en ¿qué otro poder del Estado se ingresa por concurso? Tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo reina la “amigocracia”, la “familiocracia” y la “recomiendocracia”. ¿La meritocracia? Bien, gracias.
 

La elección por voto popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura es una de las propuestas que más resistencias generó. Quienes defienden la medida criticaron que a los consejeros jueces los vote un reducido padrón de 900 magistrados. ¿Cómo puede ser que para ser diputado por la provincia de Buenos Aires se necesiten más de 200.000 votos y para ser representante de los magistrados se necesitaron solamente 674 votos que cosecharon entre los dos los camaristas Ricardo Recondo y Mario Fera? A simple vista puede sonar bien que cuantos más votos avalen una representación, más democrática y plural será.
 

Sin embargo  hay varios detalles que conviene no perder de vista. Salvo para la elección presidencial, el número nominal de votos no es el mismo para todos. Un senador por una provincia muy poblada, como la de Buenos Aires tiene forzosamente más sufragios a favor que un colega elegido por Tierra del Fuego. Sin embargo en el seno de la Cámara el voto de cada senador tiene exactamente el mismo valor.
 

Además, el voto popular no es el que elige qué diputados o senadores van a ser consejeros de la magistratura, sino que son los mismos integrantes del Parlamento quienes, en una elección interna, eligen finalmente quienes de ellos los representarán ante el Consejo.
 

Otro obstáculo tiene que ver, nada más y nada menos que con la letra explícita de la Constitución. Según el artículo 114, cada estamento eligirá a sus representantes. Sería tan ilógico que los eligiera quien no pertenezca a ese grupo, como si los socios de River, Racing y San Lorenzo quisieran participar de la elección del presidente de Boca.
 

El Colegio Público de Abogados ya adelantó que si resultara aprobada una ley de este tipo planteará de inmediato una acción declarativa de inconstitucionalidad, por considerar que se aniquilarían disposiciones inequívocas de raigambre constitucional.
 

¿La Justicia es oscurantista, corporativa y burocrática como dijo hace unos días Gils Carbó? Yyyy, a veces sí y a veces no. Hay jueces más probos que otros, y más oscurantistas, y más inteligentes, y más ritualistas al divino botón,  y más piolas, y más vagos, y más trabajadores,  y más ignorantes y más de todo un poco que otros. Simplemente porque la  Justicia no es una sola. Es un colectivo compuesto por muchas individualidades que hoy por hoy deja bastante que desear. La gente de “Justicia Legítima” también es la Justicia, porque la mayoría tienen años de carrera judicial y salieron del mismo sistema que critican pero que también los creó. Lo bueno es que por fin muchos se animaron  a romper el statu quo y les dan bolilla.

(*) Analía Zygier es directora de Diario Judicial.com.