viernes, mayo 24, 2013

Carrió y Pino acordaron con Macri para sacar la ley de medios de la Ciudad

Los bloques de la Coalición Cívica y Proyecto Sur cerraron con el PRO el proyecto definitivo que aprobarán el jueves que viene en la Legislatura, luego de que el jefe de gobierno enviara un DNU para garantizar la libertad de expresión.

El PRO logró aval de Proyecto Sur y de la Coalición Cívica para avanzar en un proyecto de ley que reemplaza al DNU que firmó Mauricio Macri para garantizar la libertad de expresión en su distrito.

El proyecto logró hoy dictamen en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales y será tratado en la sesión del jueves próximo, tal como anticipó LPO.

El texto se elaboró con propuestas de los diputados Julio Raffo (Proyecto Sur) en coautoría con Fernando Sánchez (Coalición Cívica) y de Jorge Selser, Pablo Bergel, Virginia González Gass, Adrián Camps (Proyecto Sur) y Alejandro García (PRO). 

En la Legislatura porteña se indicó que "el texto, si bien pretende ser una ley autónoma respecto al DNU Nº 2/2013" que firmó Macri, "contiene aspectos sustanciales de su contenido y también resume propuestas de los bloques opositores Proyecto Sur y Coalición Cívica".

"Se consensuaron aportes en torno a la definición del derecho, el alcance de la tutela, la protección del interés en la difusión de ideas de interés público, la aclaración de que la ley en ningún caso puede menoscabar la protección de los niños y las normas que combaten y castigan la trata de personas o establecen derechos de los trabajadores o el derecho de huelga", agregó un comunicado.

En dictamen de los legisladores afirma, en sus fundamentos, que con el proyecto "se establece una clara y terminante protección al ejercicio de la libertad de expresión de ideas".

El proyecto de ley se impulsó poco después de que se conociera la medida cautelar contra el DNU de Macri que emitió el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario Osvaldo Otheguy a pedido del kirchnerismo.

Se consensuaron aportes en torno a la definición del derecho, el alcance de la tutela, la protección del interés en la difusión de ideas de interés público, la aclaración de que la ley en ningún caso puede menoscabar la protección de los niños y las normas que combaten y castigan la trata de personas o establecen derechos de los trabajadores o el derecho de huelga.

También sobre la inexistencia de sanciones administrativas o correccionales por el ejercicio de los derechos tutelados, la protección del secreto profesional, la necesaria sujeción de los medios de comunicación radicados en la ciudad a sus normas y la imposibilidad de clausurar o suspender su funcionamiento ni decomisar sus equipos sino en virtud de sentencia firme dictada por el Poder Judicial de la Ciudad, y la imposibilidad de que leyes o actos administrativos dictados por otras jurisdicciones coarten las libertades consagradas.

Además, contempla la protección de los derechos políticos de las sociedades propietarias de medios de comunicación así como la plena vigencia de la Ley Nº 104 de Acceso a la Información y N° 2.936 de Publicidad Exterior y sus modificatorias, la jurisdicción y competencia de la ciudad en la materia, la nulidad de los actos que afecten el ejercicio de los derechos y garantías establecidos por la ley y la necesaria restitución del derecho. Finalmente refiere a la protección judicial y el auxilio de la fuerza pública para hacer cesar vías de hecho lesivas, entre otras disposiciones que han enriquecido el debate y la redacción final.

Los fundamentos del dictamen que asegura los 31 votos positivos para el tratamiento en el Recinto de Sesiones, concluyen afirmando que "se establece una clara y terminante protección al ejercicio de la libertad de expresión de ideas, informaciones, creaciones culturales, científicas, propuestas o críticas políticas o institucionales, o expresiones religiosas, así como el acceso a la información y a la cultura, vedando toda forma de censura abierta o encubierta, que proviniere de las autoridades de la Ciudad o de otras jurisdicciones, y previendo los procedimientos jurisdiccionales para que esa protección no resulte ser meramente declarativa y se realice dentro del marco armónico y determinaciones que surgen de los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional, la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires". 

Al cabo de la reunión que se efectuó a partir de las 10 en la oficina 420 del Palacio Legislativo, el despacho de mayoría tuvo 10 de las 15 firmas de los componentes de la comisión parlamentaria. En tanto, el legislador de la oposición Aníbal Ibarra (FPyP), adelantó que suscribirá un dictamen de Minoría. (La Política OnLine).

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