El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General recibirá hoy a la directora de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, y al secretario de Fortalecimiento Institucional, Fernando Sánchez, quienes expondrán sobre el proyecto de Ley de Etica Pública que, entre otras cuestiones, establece un nuevo régimen de declaraciones juradas patrimoniales y de intereses.
El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General recibirá hoy a la directora de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, y al secretario de Fortalecimiento Institucional, Fernando Sánchez, quienes expondrán sobre el proyecto de Ley de Etica Pública que, entre otras cuestiones, establece un nuevo régimen de declaraciones juradas patrimoniales y de intereses.
La reunión fue citada para las 14 en la Sala 1 del Anexo por los macristas Pablo Tonelli (presidente de Asuntos Constitucionales) y Daniel Lipovetzki (titular de Legislación General).
El proyecto fue uno de los mencionados por el presidente Mauricio Macri durante la apertura del 137º período de sesiones ordinarias, el 1 de marzo; e ingresó a la Cámara el miércoles pasado.
El texto que, entre otras cuestiones, también propone normas específicas y regulatorias sobre conflictos de intereses, contratación de familiares, publicidad de las declaraciones jugadas y recibo de obsequios, fue elaborado por las áreas de los funcionarios que mañana asistirán a Diputados, con el aporte que, a lo largo del año pasado, hicieron Gs dedicadas a la materia.
Entre sus 74 artículos, incluye, por ejemplo, una cláusula antinepotismo, mayor autonomía para la OA, un nuevo régimen de declaraciones juradas de bienes y restricciones para compras o contrataciones del Estado.
La iniciativa propone, además, la publicidad de la información tanto del funcionario cómo del cónyuge y de sus hijos, y extiende la obligación de informar a los directivos de los sindicatos, obras sociales y a los partidos políticos.
Asimismo, se establecen como deberes de todo funcionario "rechazar cualquier beneficio personal derivado de la realización, retardo u omisión de un acto inherente a la función"; "velar por el uso adecuado de la información adquirida en ejercicio de sus funciones"; y "poner en conocimiento de las autoridades competentes cualquier situación ilícita o irregular de la que tuvieren conocimiento".
El proyecto incluye un título dedicado al "nepotismo", donde expresa que "el cónyuge o conviviente o las personas que poseen vínculos de parentesco en línea recta o colateral hasta segundo grado con los secretarios o subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional, funcionarios con rango y jerarquía equivalente, secretarios de Gobierno y máximas autoridades de los entes descentralizados, no podrán ser designados ni contratados, bajo ninguna modalidad, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones".
En el caso del presidente de la Nación, el vice, el jefe de Gabinete, los ministros, funcionarios con rango y jerarquía equivalente y secretarios de Gobierno, la prohibición se extiende al ámbito de todo el sector público nacional.
Otro capítulo hace referencia a los conflictos de intereses, que según la norma existe "cuando concurren o pueden concurrir el interés público propio del ejercicio de las funciones con un interés particular, sea o no de carácter económico", y destaca que se trata de una "situación objetiva que se configura independientemente de la intención del funcionario".
Finalmente, el proyecto establece que los funcionarios tendrán prohibido durante el ejercicio de sus funciones, ya sea en forma honoraria o remunerada, "realizar una actividad en el ámbito privado o prestar servicios para quien realice una actividad en ese ámbito sobre la que tenga algún tipo de atribución en ejercicio de la función pública". (Télam)
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