El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación presentó un nuevo Protocolo de Actuación ante Casos de Violencia de Género, que prevé un procedimiento de emergencia y evaluación de riesgo ante casos de violencia de género sufridos por mujeres con arresto domiciliario bajo vigilancia electrónica.
A cargo de María Fernanda Rodríguez, secretaria de justicia y coordinadora Nacional Consejo Federal de Lucha contra la Trata de Personas, el Ministerio de Justicia presentó hoy el Protocolo de Actuación ante Casos de Violencia de Género, que prevé un procedimiento de emergencia y evaluación de riesgo ante casos de violencia de género sufridos por mujeres con arresto domiciliario bajo vigilancia electrónica.
Desde la Cartera de Justicia, a cargo de Germán Garavano, explicaron que crearon este protocolo a raíz de "la problemática de violencia que padecen las mujeres y la necesidad de brindar una respuesta institucional". Fue un trabajo conjunto con la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica (DAPBVE) y el Área de Género de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica.
“Los datos de la Oficina de Violencia de Género y de la Corte hablan por sí solos: las mujeres sufren violencia en contextos de encierro y en libertad. Tenemos que pensar las dimensiones de esta problemática y hacer que el Estado llegue a tiempo para brindar ayuda”, expresó Rodríguez.
Se evaluará como situación de emergencia aquella en la que exista peligro inminente para la vida o la integridad física de la mujer y/o de las personas bajo su cuidado, cuando se denuncien lesiones que requieran atención médica inmediata, situaciones de violencia física y/o sexual o violación de medidas de protección.
Ante una emergencia los operadores del Centro de Monitoreo Electrónico dan intervención al 911 y/o al Programa de Atención a Víctimas de Violencia Familiar - Línea 137, de acuerdo a la jurisdicción pertinente, y procuran garantizar la vida y la integridad física de quien realiza el llamado de auxilio.
Por su parte, Juan Bautista Mahiques, subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica, destacó que la DAPBVE “se propone posicionar el arresto domiciliario como una alternativa cierta a la prisión ya que ofrece una doble garantía: supervisión mediante monitoreo electrónico y abordaje psicosocial mediante la promoción de lazos sociales saludables que faciliten la reinserción social desde una perspectiva de género y derechos humanos”.
La normativa establece procedimientos de actuación ante llamadas telefónicas ingresadas al Centro de Monitoreo Electrónico, así como procedimientos de intervención del equipo psicosocial para la protección y acompañamiento de las víctimas. (Diario Judicial).
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