Detrás de la conquista de derechos existe una realidad innegable: “todavía falta mucho”. Romina Bustamante es una mujer trans que vivió toda su vida en Avellaneda. A sus 55 años posee un trabajo estable en la Secretaría de Diversidad de Género del Municipio y vive en Villa Domínico junto a su madre. Pero no siempre fue así. Romina, al igual que cientos de mujeres trans, vivió en carne propia hechos de discriminación y hostigamiento que le imposibilitaron en más de una ocasión acceder a una vivienda.
“Han pasado muchos años y las cosas para nosotras cambiaron, no mucho, pero cambiaron. Sin embargo, hoy en día ser una mujer trans, todavía te quita el derecho a tener una vivienda digna”, admitió con tristeza y enojo Romina.
Romina nació, se crió y creció en Avellaneda, el lugar que ella reconoce como propio “desde siempre”. En su niñez y adolescencia vivió en “un barrio de emergencia, hoy conocidos como barrios populares”, cuenta a Info Región. Pero apenas cumplió la mayoría de edad, perdió a su hermano mayor, su “protector”. Esta realidad, sumada a la inseguridad en el barrio, provocó que decidiera buscar su propio lugar.
Romina no pudo terminar el secundario y con tan solo 16 años (o quizás 17), comenzó a ejercer como trabajadora sexual para poder llevar dinero a su hogar. No fue una elección, era lo único que podía hacer. “A mi no me gustaba estar parada en una esquina, pero por mi condición era lo que podía hacer, la sociedad, los prejuicios, me obligaron a elegir eso, era eso o nada, no había otra cosa para mí”, admite.
Con su propio dinero, ese que ganaba a costa de su esfuerzo haciendo “lo que tenía que hacer para poder comer y vivir”, Romina comenzó a buscar casas y departamentos en alquiler, pero se encontró con una realidad en la cual ser ella misma le costó, durante muchos años, el precio de no poder acceder dignamente a una vivienda.
“MUCHAS VECES NO PUDE ALQUILAR POR MI CONDICIÓN”
Durante 20 años Romina se enfrentó a discriminación, hostigamiento, desalojos e incluso precios desmedidos “sólo por ser una mujer trans”. Hoy se desempeña en el área de Diversidad de Género del Municipio de Avellaneda y ayuda a quienes todavía sufren lo que ella padeció.
“Yo muchas veces no pude alquilar por mi condición, por ser una mujer trans, pero hubo dos que fueron muy horribles”, asegura.
En una primera instancia, no conseguía alquileres porque no tenía garantía propietaria, pero cuando consiguió una, no se la recibieron porque “ponían la excusa de que estaba muy usada”. Finalmente, encontró una inmobiliaria que se la aceptó pero a un valor mayor del que valía el alquiler.
“Para alquilarme me pidieron que pague dos meses por adelantado, por fuera del contrato, aparte del depósito y el mes para alquilar, en total era la plata de cinco meses, pero era eso o quedarme en la calle, abusaron de mi necesidad porque sabían que estaba desesperada. Me aumentaban cuando querían y yo lo aceptaba para tener donde dormir. Hasta que me fuí porque realmente no lo podía sostener”, relató Romina.
La segunda experiencia que marcó a Romina fue hace 10 años, la última vez que alquiló y “la más horrible”. “Conseguí un alquiler en Villa Domínico, cerca de donde vivo ahora, con la inmobiliaria todo bien, me gustaba el lugar, vivía ahí con mi pareja y mi mamá. No sabía quienes eran los dueños, pagaba todos los meses en la inmobiliaria y listo. Así fue durante seis o siete meses, tranquila, nunca un problema”, recuerda Romina. Cuando ya llevaba medio año de alquiler “un día se apareció la dueña en la puerta” y le exigió que desalojara la casa.
“Fue a decirme que estaba mal que la inmobiliaria me hubiese alquilado y que ella quería que me fuera, ella no estaba de acuerdo y me hizo vivir un calvario durante más de un año. Tenía amigos en la Policía y venían a patearme la puerta y amenazarme para que me fuera, era una situación horrible, me hostigó durante más de un año hasta que en un momento me tuve que ir”, admitió.
Desde esa última experiencia, Romina vive en la casa que le pertenecía al marido de su madre, junto con ella, y aseguró que hasta que no se mudaron a ese lugar “nunca” estuvo tranquila. “Es muy difícil siendo trans tener un acceso a la vivienda. Hay mucha discriminación, esto fue hace diez años, pero hoy sigue igual, las compañeras pasan por esto todos los días”, remarcó.
En este marco, desde el Colegio de Martilleros Públicos de la provincia de Buenos Aires, validaron el relato de Romina y de tantas otras mujeres. Aseguraron que aunque “hoy por hoy es una problemática que se ha ido superando, es verdad que hay una reticencia por parte de los propietarios, que tienen reparos, y a veces se excusan para no alquilarle a la gente de la comunidad trans”.
Romina milita en la Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) y sostuvo que fue gracias a la organización que pudo cambiar el rumbo de su vida y aunque celebra todos los días “haber tenido esa suerte”, lamentó que “no es lo que le ocurre a la mayoría”.
“Yo ahora trabajo en el área de Diversidad del Municipio, y hay muchas compañeras que siguen viviendo en los barrios de emergencias, ninguna tiene una vivienda propia. Yo estoy acá porque tuve suerte, sino estaría alquilando y peleando. Entré a trabajar en el 2009 por la militancia en ATTTA, sino yo seguiría parada en una esquina, o no sé qué hubiera sido de mi”, advierte.
Romina admite que “todavía falta mucho” para que la Comunidad Trans “sobre todo lo que refiere a las mujeres” tengan los derechos que merecen y les corresponden. “Yo hablo por las mujeres trans, no hablo por los hombres trans, porque ellos tienen otra lucha, otra mirada. Porque el machismo sigue arraigado incluso en este aspecto, el hombre trans tiene otra aceptación que no tenemos las mujeres, a nosotras nos miran con miedo. Todas las personas nacen con derechos, y nosotras no los tenemos, ahora se aprobó el cupo laboral trans y lo celebramos, pero nos siguen matando, discriminando y maltratando, necesitamos la Ley Integral Trans ya”, subrayó Romina.
La Ley se encuentra presentada en el Congreso de la Nación y no solo aborda el derecho al trabajo y el cupo en el ámbito público, sino que “promueve el acceso pleno a todos los derechos básicos e inalienables de las personas”.
El proyecto consta de un conjunto de políticas públicas, teniendo en cuenta las leyes ya conquistadas como la Ley de Identidad de Género y la del Matrimonio Igualitario, que promueven el ejercicio pleno y en condiciones de igualdad de derechos para las personas trans y contribuyen a garantizar el respeto de su dignidad y la inclusión a nivel cultural, económico, laboral, en el ámbito de la salud y de la educación, así como en otros ámbitos de su vida ciudadana.
“Es urgente su pronto tratamiento y aprobación”, señalan desde ATTTA.
CIFRAS QUE ALARMAN: “NOS SIGUEN MATANDO”
De acuerdo con el informe semestral del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio del 2020 se registraron 69 crímenes de odio “en donde la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género de todas las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio para la vulneración de derechos y la violencia”.
El informe detalla que del total de las personas de la comunidad LGBT víctimas de estos crímenes de odio, el 78 por ciento de los casos corresponden a mujeres trans (travestis, transexuales y transgéneros); en segundo lugar con el 16 por ciento se encuentran los varones gays cis; en tercer lugar con el 4 por ciento de los casos le siguen las lesbianas; y por último con el 2 por ciento los varones trans. (InfoREGION).
