Tras el fallo de la Corte Suprema en favor de la Ciudad de Buenos Aires por la restitución de fondos de la coparticipación, el Gobierno decidió no acatar el fallo y ahora la oposición cargó contra el Presidente, Alberto Fernández, tanto en la Justicia como en el Congreso.
Fuentes de la Unión Cívica Radical (UCR) adelantaron que los legisladores del partido pedirán el juicio político contra Fernández con un proyecto que ingresará entre el lunes por la tarde y el martes a la mañana, por “incumplimiento de deberes de funcionario público”.
Tras una reunión con gobernadores, el Presidente decidió no acatar el fallo de la Corte que lo obligaba a devolver parte de los fondos que fueron recortados a la Ciudad y entregados a la Provincia de Buenos Aires luego del conflicto por los salarios de la Policía Bonaerense.
RODRÍGUEZ LARRETA: “SI EL PRESIDENTE NO RESPETA A LA CORTE QUÉ PODEMOS ESPERAR”
“Quiere quebrar el orden constitucional”, aseguró el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sobre la decisión del Ejecutivo nacional. “Tiene una altísima gravedad institucional que pone en riesgo las bases de nuestra democracia”, agregó.
LAS DOS DENUNCIAS PENALES CONTRA ALBERTO FERNÁNDEZ
Tanto la Coalición Cívica como Republicanos Unidos hicieron denuncias en la justicia contra el Presidente por la decisión que desconoce una medida del Poder Judicial.
En el caso de la presentación del partido y los legisladores de Elisa “Lilita” Carrió, la denuncia también abarca a tres funcionarios nacionales y a un gobernador: al ministro de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; al jefe de Gabinete, Juan Manzur; al ministro de Economía, Sergio Massa, y al gobernador de Chaco, Jorge Capitanich.
Alzamiento, desobediencia judicial, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad son los delitos que aparecen en el texto presentado en la justicia por la Coalición Cívica con la intención de presionar al Gobierno para que acate el fallo de la Corte.
En el caso del partido que conduce Ricardo López Murphy y que pertenece también a la coalición Juntos por el Cambio, sostuvieron que “es una maniobra con la que se pretende cuestionar el criterio jurídico de la Corte, y no subsanar un error material, por lo que resulta a todas luces improcedente, y una mera excusa para intentar justificar torpemente la decisión de incumplir la sentencia”. (InfoREGION).