El
gobierno bonaerense demandará por "daños y perjuicios" a los padres de
alumnos que realicen amenazas de bomba a escuelas luego de que en las
últimas horas se diera a conocer el dato de que entre el 1 de septiembre y el 4 de octubre se recibieron en escuelas de la Provincia un total de 2.400 amenazas de bomba.
"Una amenaza de bomba no es una broma, es un delito", dijo el ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo. "Se trata de un acto de intimidación pública penado por la ley", añadió.
Fuente de la administración provincial señalaron que "si bien es un delito excarcelable, el gobierno decidió promover una demanda por daños y perjuicios contra los padres de aquellos menores que sean identificados como autores de estos hechos".
Según la comuna de Morón, cada operativo de evacuación de escuelas, que implica movilizar al SAME, Defensa Civil y la Brigada de Explosivos, cuesta unos 25.000 pesos. Las autoridades bonaerenses quieren que esos costos los paguen los progenitores de los alumnos que hagan los llamados intimidatorios.
Hasta el momento, hay identificados cuatro jóvenes como presuntos responsables de unas 150 amenazas de bomba registradas en la zona oeste del Conurbano. Los cuatro están imputados por intimidación pública, delito que tiene prevista una pena de entre dos y seis años de prisión.
"Ante cada llamado de amenaza, es nuestra obligación acudir al establecimiento con toda una logística que implica brigada de explosivos, fuerzas policiales, bomberos y Defensa Civil, además de alertar a los hospitales públicos y a las cuadrículas de la zona", remarcó Ritondo.
"Una amenaza de bomba no es una broma, es un delito", dijo el ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo. "Se trata de un acto de intimidación pública penado por la ley", añadió.
Fuente de la administración provincial señalaron que "si bien es un delito excarcelable, el gobierno decidió promover una demanda por daños y perjuicios contra los padres de aquellos menores que sean identificados como autores de estos hechos".
Según la comuna de Morón, cada operativo de evacuación de escuelas, que implica movilizar al SAME, Defensa Civil y la Brigada de Explosivos, cuesta unos 25.000 pesos. Las autoridades bonaerenses quieren que esos costos los paguen los progenitores de los alumnos que hagan los llamados intimidatorios.
Hasta el momento, hay identificados cuatro jóvenes como presuntos responsables de unas 150 amenazas de bomba registradas en la zona oeste del Conurbano. Los cuatro están imputados por intimidación pública, delito que tiene prevista una pena de entre dos y seis años de prisión.
"Ante cada llamado de amenaza, es nuestra obligación acudir al establecimiento con toda una logística que implica brigada de explosivos, fuerzas policiales, bomberos y Defensa Civil, además de alertar a los hospitales públicos y a las cuadrículas de la zona", remarcó Ritondo.
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