La crisis económica está empujando a muchas familias a usurpar terrenos, porque ya no pueden pagar alquileres y crece el hacinamiento de personas viviendo bajo un mismo techo.
Quienes recorren el Gran Buenos Aires saben que la crisis económica agravó el déficit habitacional y empujó a muchas familias a la desesperación. "En los últimos meses hubo un fuerte aumento de las tomas y del hacinamiento en los barrios", sostiene el urbanista Walter Bustos, investigador del Observatorio del Conurbano bonaerense y miembro del Consejo Provincial de Hábitat.
-¿La crisis hizo crecer las villas?
-Hay un déficit estructural en el acceso a la tierra que viene desde hace unas cuantas décadas. La crisis sólo vino a empeorar la situación habitacional, por la caída del poder adquisitivo, el aumento de los alquileres y la retracción del acceso al crédito.
En los barrios, hay mucha gente que todavía no se anima a tomar tierras, pero existe un fuerte aumento del hacinamiento: hay más familias viviendo bajo un mismo techo.
-¿Qué pasa con los alquileres?
-El mercado informal es histórico y funciona con el mismo nivel de complejidad que el legal. Lo que hay es una suerte de especulación de aquellos que pudieron construir y se hacen eco de la necesidad creciente de las familias que pueden comprar terrenos o viviendas y no les queda otra que alquilar en la villa, lo que las coloca en una situación aún más vulnerable.
-En la Ciudad, el fenómeno del hacinamiento se ve en la construcción en altura, como en la Villa 31.
-Es un fenómeno que en el conurbano se ve con menos intensidad, porque hay más disponibilidad de tierra. El nivel de densidad que hay en la Villa 31 se debe a que prima la localización a la hora de pagar un alquiler.
-¿Existe un aumento en la toma de tierras en el conurbano?
-Sí. Y sobre todo en los últimos meses. En esta semana tenemos una usurpación de terrenos y viviendas que el Gobierno no llegó a terminar en José C. Paz y la toma donde se produjo la lamentable muerte del militante de la CTEP Rodolfo Orellana en La Matanza. Esto muestra un aumento no sólo en la cantidad, sino también un cambio en cómo se aborda desde el Estado el conflicto de la tierra, con episodios brutales de represión y desalojo. En la Provincia, en los últimos tres años se ha visto claro un aumento de la violencia estatal para dar respuesta al déficit habitacional.
-¿Hay mafias detrás de las tomas?
-A diferencia de la primera oleada de los años 80, desde hace un par de años se comenzaron a ver nuevas modalidades no sólo en la organización de las familias que van a tomar tierras, sino claramente porque hay mafias de "loteadores piratas" que manejan información: ven la oportunidad en algún terreno, lo subdividen y los venden a quienes realmente necesitan una vivienda y en la desesperación no se fijan si tienen papeles o no.
Muchas de las tomas actuales tiene su origen en una estafa de especuladores que manejan información, porque están asociados a algún poder político y cuentan con una estructura que se lo permite. También hay usurpaciones que comienzan con una venta fraudulenta y luego va creciendo por otros sectores.
-¿Qué rol cumplen las organizaciones como la CTEP?
-Acompañan cuando hay un fin legítimo. Ayudan a la organización del barrio, con la delimitación de los terrenos y a gestionar con el Estado la consolidación de un barrio, para pedir mejores condiciones habitacionales. Muchas veces al ponerse al frente de estas reivindicaciones sociales, producto de las desigualdades urbanas, ocurren casos como el asesinato de Orellana.
-¿Hay una nueva ola de crecimiento?
-No es comparable porque no hay datos, pero estamos viendo una mayor cantidad de tomas. Se produce por la crisis estructural por el precio de la tierra y por la falta de crédito, de alquileres y de trabajo. Incluso en el asalariado, un menor poder adquisitivo: no pueden comprar ni alquilar. El problema siempre ronda el acceso a la tierra.
Hace falta una política urbano-habitacional para poder bajar el precio del suelo. Incluso la producción de vivienda social se ha visto reducida brutalmente. El Instituto de la Vivienda construía un promedio de 9 mil casas por año y hoy no llega a las 1.500.
En este contexto, aunque las tomas son ilegales, no son ilegítimas, porque tiene que ver con problemas de desigualdad, generados por la concentración de la tierra en pocas manos.
El Conurbano tiene casi 1.300 villas
Según un estudio de la Universidad Nacional de General Sarmiento, unas dos millones de personas viven en zonas inundables, contaminadas y sin infraestructura básica. Todavía no hay una política de integración clara.
En los 39 partidos del Gran Buenos Aires hay 1.271 barrios informales. Allí vive el 10% de la población, unos 400 mil hogares, en su gran mayoría sin infraestructura básica, sin transporte y en condiciones de contaminación ambiental.
Según el reciente estudio "El déficit urbano en las villas y asentamientos de los partidos de la Región Metropolitana de Buenos Aires" de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), los barrios precarios abarcan una superficie de 12.872 hectáreas, en su mayoría ubicadas en La Plata, La Matanza, Almirante Brown, Florencio Varela, Quilmes y Lomas de Zamora, donde padecen graves problemas socioambientales y de infraestructura.
Entre los déficits centrales está la ausencia de infraestructura básica: entre el 80% y 85% de las viviendas no tiene cloacas ni gas natural y el 35% carece de agua de red, medidores de energía eléctrica ni pavimento.
En cuanto al equipamiento comunitario, entre un 7 y un 13% de los hogares reside a más de 1 kilómetro de escuelas o salitas de salud y el 66% se ubica a 10 cuadras de una estación ferroviaria o de colectivos.
Con respecto a la contaminación, el informe destaca que el 32,4% de los hogares vive en barrios con alguna problemática ambiental. Esto se debe a que el 25% de los asentamientos está sobre la cuenca Matanza Riachuelo, por lo que una quinta parte de los hogares se construyó en zonas inundables sobre las márgenes de ríos y arroyos.
Asimismo, la mayoría sufre la polución industrial y la exposición a basurales a cielo abierto, mientras que el 10% de los hogares está construido en corredores que están debajo de líneas de energía eléctrica de alta tensión, algo prohibido para el uso humano debido al riesgo para la salud que significa la exposición a los campos electromagnéticos.
"Son terrenos que no son atractivos para el mercado inmobiliario y fueron tomados por los sectores que no pueden acceder a la tierra", señaló Walter Bustos, investigador del del Observatorio del Conurbano Bonaerense de la UNGS.
"La diferencia entre un asentamiento y una villa tiene que ver con su origen. La villa surge de la microocupación no planificada: son familias que van llegando de a poco y se asientan sin respetar la trama urbana, por eso no tienen calles sino intrincados pasillos -explicó Bustos-. En cambio, el asentamiento se inicia con la intención de volverse un barrio: cuida que las calles continúen y reserva lugares para la escuela, la salita y los espacios de uso común. Ambos son informales en términos dominiales, porque la gente no tiene la propiedad de la tierra".
EXPANSION
El momento de inflexión en la expansión de las villas y asentamientos fue la década de 1980. Después el crecimiento estuvo ligado a las sucesivas crisis económicas: de los casi 1.300 barrios precarios, 844 se crearon antes del año 2000; 283, entre 2000 y 2009 y 144 entre 2010 y 2015, según datos del Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos.
"Las tomas de los años "80 tuvo que ver con la expulsión de población de las villas de Capital que realizó la dictadura militar y se caracterizó por la creación de asentamientos. A esto se sumó la interrupción para los sectores populares la compra de lotes con mensualidades -contó Bustos-, ya que, con la sanción de la Ley 8.912/77, que regula el uso del suelo, los terrenos en el conurbano multiplicaron su valor, porque prohíbe lotear tierras sin infraestructura (agua, cloacas, pavimento). Este instrumento dejó afuera de las posibilidades de los sectores populares el acceso a la tierra".
"Desde los primeros asentamientos surgidos a inicios de los "80 hasta hoy, las políticas públicas se focalizaron casi exclusivamente en intentar revertir la informalidad dominial, sin avanzar sustantivamente sobre la precariedad y segregación urbana", dijo Bustos.
INTEGRACION
En la actualidad existen instrumentos legales que apuntan a la integración de estos barrios informales a la trama de la ciudad: la Ley provincial 14.449 de Acceso Justo al Hábitat de 2012 y la Ley nacional de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Sociourbana, que plantean que la integración sólo es posible abordando de manera integral y participativa la cuestión dominial, pero también a los problemas urbano-habitacionales.
"No alcanza con el acceso a títulos de propiedad. Las villas y los asentamientos del conurbano poseen graves déficits estructurales y revertirlos requiere de una fuerte intervención del Estado en materia de provisión de infraestructura básica, equipamiento y transporte", expresó Bustos.
En ese sentido, hace un par de meses la Provincia creó el Organismo de Integración Sociourbana, que tiene el objetivo de incorporar a las villas y asentamientos al resto de la ciudad.
Sin embargo, según el investigador, todavía no hubo una política de inclusión, sino más bien de segregación. "Este año, se comenzó a trabajar en 8 asentamientos del conurbano, pero sin crear un proceso participativo de acceso a la infraestructura y la titulación de la tierra. La política del Estado para los barrios tiene como único criterio la Seguridad: bajo el paraguas de la integración están militarizando las villas del gran Buenos Aires", dijo. (La Prensa).
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