La jueza porteña Araceli Martínez se declaró incompetente y dispuso el envío a la justicia federal de Comodoro Py de la causa en la que se investiga el hackeo al celular del exministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, confirmaron a Télam fuentes judiciales.
La magistrada declinó la competencia en favor del juzgado federal 2, a cargo de Sebastián Ramos, donde tramita el expediente conocido como “Lago Escondido”: allí se investiga la posible aceptación de dádivas por parte de funcionarios públicos y magistrados ofrecidas por empresarios, pero también si sus comunicaciones fueron hackeadas.
La decisión de la jueza Martínez trascendió hoy pero fue tomada el 28 de abril a raíz de un planteo de la fiscal Daniela Dupuy, quien estaba a cargo de la investigación porteña y logró detectar que el hackeo a D'Alessandro lo llevó a cabo un joven llamado Elías Ezequiel Núñez Pinheiro desde Eldorado, Misiones, según surge del expediente.
En el caso Lago Escondido se encuentran el propio D’Alessandro; el Fiscal General porteño, Juan Bautista Mahiques; los jueces Carlos Alberto Mahiques (Casación Federal); Julian Ercolini (Federal), Pablo Yadarola (Penal Económico), y Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo); el exfuncionario de la SIDE, Leonardo Bergroth; y los empresarios Tomás Reinke, Pablo César Casey y Jorge Rendo, estos últimos dos del Grupo Clarín.
“La solicitud de incompetencia presentada por la Dra. Dupuy, implica tácitamente el reconocimiento, por parte de la directora de la investigación, que las medidas urgentes ya se han agotado y en consecuencia, corresponde en este preciso momento, adoptar la resolución que el frenesí de la investigación aconsejó posponer hasta este día”, sostuvo la jueza porteña Martínez, según surge del fallo de 16 páginas al que accedió Télam.
En el escrito recordó que en la causa que tramita en manos del juez Ramos (que ahora deberá decidir si acepta la remisión del expediente que tramitaba en Ciudad) se “investiga tanto la posible aceptación por parte de funcionarios públicos y magistrados, de determinados servicios de costo económico ofrecidos por empresarios, en razón de los cargos que ejercían y posiblemente por intervenciones que pudieron tener en casos puntuales ligados a los roles que poseen” como “el hackeo y espionaje que habrían conducido, de forma delictiva a acceder a las comunicaciones realizadas desde los teléfonos de las personas implicadas”.
“Por lo demás y adunando la propuesta de asignación al Juzgado Criminal y Correccional Federal 2, es de destacar que el resultado de las maniobras de hackeo y espionaje derivó en la obtención y publicación de comunicaciones que, de chequearse su veracidad, poseería superlativa relevancia e innegable vinculación con los hechos principales que se investigan en ese Tribunal de excepción, en el marco de la causa aludida”, sostuvo la jueza.
La jueza Martínez relató en su resolución que llegaron a la supuesta identidad del hacker a partir de información brindada por la compañía Nosis a cuya plataforma había ingresado el imputado para obtener o corroborar datos de D´Alessandro que luego le permitirían realizar la maniobra de Sim Swaping que le permitiría acceder a sus comunicaciones de Telegram.
La empresa Nosis refirió además que desde el celular que se consultó el perfil comercial de D´Alessandro se registraron 16 usuarios en el año 2022 desde los cuales se realizaron consultas respecto de setenta y dos (72) personas, entre las cuales se encuentran varias de aquellas que denunciaron ante la justicia federal haber sido víctimas de la maniobra de Sim Swaping.
“Dichas personas damnificadas son: Rodrigo Giménez Uriburu (juez), Andrés Fabián Basso (juez), Gustavo Marcelo Hornos (juez), Cristian Vanesa Figueroa Figueroa, Verónica Salido, Luis Esteban Barbier, María Eugenia Piperio, Diego Cesar Santili y el denunciante en estas actuaciones Marcelo Silvio D ´Alessandro”, sostuvo la jueza Martínez.
“La empresa Nosis ha hecho saber además que advirtió una regularidad entre las contraseñas seleccionadas para los dieciséis (16) perfiles en cuestión, puesto que solo se han utilizado dos contraseñas para todos los dieciséis usuarios”, detalló la magistrada. (Télam).
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