BUENOS AIRES, Octubre 01, (PUNTO CERO) En la última campaña electoral porteña existió “una política deliberada de ocultamiento o encubrimiento de gastos declarados por partidos y alianzas”. La conclusión surge de un estudio que realizó la Fundación Poder Ciudadano, en el que se comparó el presupuesto declarado por los candidatos a Jefe de Gobierno con estimaciones realizadas por esta ONG.
Se trata del "Estudio de simulación de costos de la campaña electoral porteña 2007", que se basó en la simulación del desarrollo de dos campañas, llevadas adelante por dos candidatos imaginarios a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad: el candidato ficticio A, que posee un presupuesto elevado para gastos de campaña (9.653.071 de pesos), y el candidato B, que cuenta con un presupuesto más moderado (4.646.861 de pesos).
Para sacar los cálculos, se tuvieron en cuenta los gastos de actos de lanzamiento y cierre de campaña, impresión y fijación de afiches en la vía pública, producción de spots publicitarios, publicidad en subtes, publicidad en medios de comunicación, contratación de asesores de campaña, encuestas, entre otros. La estimación de los precios se obtuvo, en algunos casos, de información pública; además, se realizaron consultas a especialistas en la materia, incluyendo importante encuestadores.
Tanto el PRO como el FPV, han declarado gastar similares montos (cerca de 2 millones de pesos), que se encuadran dentro del tope máximo que estipula la ley 268, que rige en la Ciudad. Esta cifra representa la mitad de lo gastado por el candidato B, y la tercera parte de lo gastado por el candidato A. Pese a las reiteradas solicitudes de Poder Ciudadano, la alianza “Frente más Buenos Aires”, encabezada por Jorge Telerman, no dio a conocer su informe de gastos.
Sucede que el acceso a los gastos declarados por los partidos y alianzas ante la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) resulta dificultoso, debido a que este organismo los considera “papeles de trabajo”. Por eso, este estudio se realizó con los datos entregados en forma voluntaria por el PRO y el FPV.
“Queríamos saber cuánto cuesta realmente una campaña electoral, porque nos dábamos cuenta que los gastos declarados no se condicen con lo que se observa. Las campañas cada vez son más grandes y para cada elección, van apareciendo nuevas formas de publicitar a los candidatos; sin embargo, los costos son siempre los mismos. Incluso es sugestivo que los gastos en los cuales incurren los partidos políticos no se vean afectados por la inflación”, destacó Pablo Secchi, coordinador del Área Acción con Políticos de Poder Ciudadano, área que llevó adelante la investigación.
En efecto, la ley 268 fue sancionada en 1999, antes que la normativa que regula los gastos de campaña a nivel nacional, que data de 2002 (se trata de la Ley Nº 25.600, posteriormente modificada por la Nº 26.215). “Diferentes especialistas en la materia coinciden en que, con el paso del tiempo, las regulaciones sobre financiamiento político pierden efectividad en cuanto a su cumplimiento, ya que los actores en general tienden a sortear las restricciones y las prohibiciones que les impone la ley a través de nuevas modalidades”, destaca el informe de Poder Ciudadano. Un claro ejemplo de la antigüedad de esta ley son, por caso, los montos máximos que establece esta ley para los gastos de campaña, que quedaron desactualizados a causa de la inflación.
Los datos que surgen de la investigación son más que elocuentes: los gastos de los candidatos del PRO y FPV representaron un 381% menos de lo que gastó el candidato A y 130% menos que el B. Sólo para dar algunos ejemplos, la mayor diferencia se presentó en la contratación de asesores políticos y publicistas. En la simulación, los candidatos ficticios de Poder Ciudadano invirtieron cerca de un 29% del total de sus gastos en este rubro, mientras que el FPV declaró que éste representó un 2,9 % del costo total y el PRO no declaró la contratación del servicio.
La mayor parte del costo de los candidatos ficticios se concentró en el rubro “gráfica en la ciudad”, que representó cerca de un 36-38% del gasto total, mientras que para los candidatos del FPV y PRO, el mayor volumen de gastos fue destinado a “medios masivos de comunicación”.
Y pese a que tanto Poder Ciudadano como la AGCBA han indicado en reiteradas ocasiones el generalizado incumplimiento de la ley 268 por parte de los partidos y alianzas, hasta el momento no se han aplicado sanciones para los responsables de tales incumplimientos. Por ello, esta ONG diseñó una serie de recomendaciones para reformar la normativa y adecuarla a los tiempos que corren.
Se trata del "Estudio de simulación de costos de la campaña electoral porteña 2007", que se basó en la simulación del desarrollo de dos campañas, llevadas adelante por dos candidatos imaginarios a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad: el candidato ficticio A, que posee un presupuesto elevado para gastos de campaña (9.653.071 de pesos), y el candidato B, que cuenta con un presupuesto más moderado (4.646.861 de pesos).
Para sacar los cálculos, se tuvieron en cuenta los gastos de actos de lanzamiento y cierre de campaña, impresión y fijación de afiches en la vía pública, producción de spots publicitarios, publicidad en subtes, publicidad en medios de comunicación, contratación de asesores de campaña, encuestas, entre otros. La estimación de los precios se obtuvo, en algunos casos, de información pública; además, se realizaron consultas a especialistas en la materia, incluyendo importante encuestadores.
Tanto el PRO como el FPV, han declarado gastar similares montos (cerca de 2 millones de pesos), que se encuadran dentro del tope máximo que estipula la ley 268, que rige en la Ciudad. Esta cifra representa la mitad de lo gastado por el candidato B, y la tercera parte de lo gastado por el candidato A. Pese a las reiteradas solicitudes de Poder Ciudadano, la alianza “Frente más Buenos Aires”, encabezada por Jorge Telerman, no dio a conocer su informe de gastos.
Sucede que el acceso a los gastos declarados por los partidos y alianzas ante la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) resulta dificultoso, debido a que este organismo los considera “papeles de trabajo”. Por eso, este estudio se realizó con los datos entregados en forma voluntaria por el PRO y el FPV.
“Queríamos saber cuánto cuesta realmente una campaña electoral, porque nos dábamos cuenta que los gastos declarados no se condicen con lo que se observa. Las campañas cada vez son más grandes y para cada elección, van apareciendo nuevas formas de publicitar a los candidatos; sin embargo, los costos son siempre los mismos. Incluso es sugestivo que los gastos en los cuales incurren los partidos políticos no se vean afectados por la inflación”, destacó Pablo Secchi, coordinador del Área Acción con Políticos de Poder Ciudadano, área que llevó adelante la investigación.
En efecto, la ley 268 fue sancionada en 1999, antes que la normativa que regula los gastos de campaña a nivel nacional, que data de 2002 (se trata de la Ley Nº 25.600, posteriormente modificada por la Nº 26.215). “Diferentes especialistas en la materia coinciden en que, con el paso del tiempo, las regulaciones sobre financiamiento político pierden efectividad en cuanto a su cumplimiento, ya que los actores en general tienden a sortear las restricciones y las prohibiciones que les impone la ley a través de nuevas modalidades”, destaca el informe de Poder Ciudadano. Un claro ejemplo de la antigüedad de esta ley son, por caso, los montos máximos que establece esta ley para los gastos de campaña, que quedaron desactualizados a causa de la inflación.
Los datos que surgen de la investigación son más que elocuentes: los gastos de los candidatos del PRO y FPV representaron un 381% menos de lo que gastó el candidato A y 130% menos que el B. Sólo para dar algunos ejemplos, la mayor diferencia se presentó en la contratación de asesores políticos y publicistas. En la simulación, los candidatos ficticios de Poder Ciudadano invirtieron cerca de un 29% del total de sus gastos en este rubro, mientras que el FPV declaró que éste representó un 2,9 % del costo total y el PRO no declaró la contratación del servicio.
La mayor parte del costo de los candidatos ficticios se concentró en el rubro “gráfica en la ciudad”, que representó cerca de un 36-38% del gasto total, mientras que para los candidatos del FPV y PRO, el mayor volumen de gastos fue destinado a “medios masivos de comunicación”.
Y pese a que tanto Poder Ciudadano como la AGCBA han indicado en reiteradas ocasiones el generalizado incumplimiento de la ley 268 por parte de los partidos y alianzas, hasta el momento no se han aplicado sanciones para los responsables de tales incumplimientos. Por ello, esta ONG diseñó una serie de recomendaciones para reformar la normativa y adecuarla a los tiempos que corren.
Regular las actividades ordinarias de los partidos políticos; prohibir durante la campaña la inauguración de obras públicas, promover planes sociales o realizar actos de gobierno que promuevan la captación del sufragio; promover una mayor agilidad en la distribución de los fondos públicos que, por ley, corresponden a los partidos; actualizar los montos máximos de gastos y ajuste por inflación; contemplar la designación obligatoria de responsable político y económico-financiero; garantizar la publicidad en Internet de los informes previos y finales de campañas tal como lo dispone la ley nacional; e incluir las donaciones corporativas, que actualmente no están contempladas.
Con estas recomendaciones concluye el informe de Poder Ciudadano, con el objetivo de “promover la transparencia y la equidad en el financiamiento de los partidos políticos y las campañas”. (PUNTO CERO).
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