El nuevo intento fallido de poner en marcha una turbina volvió a encender la alarma entre los vecinos de Pilar. La justicia, nuevamente, le denegó a la empresa Araucaria el visto bueno para prender la central termoeléctrica que está parada por el potencial daño ambiental que puede generar y por no cumplir con las habilitaciones ambientales y legales del municipio y de la provincia de Buenos Aires.
La historia se remonta a 2016, cuando el estado nacional decidió instalar en una zona rodeada de barrios y escuelas, entre Escobar y Pilar, dos centrales termoeléctricas debido a la crisis energética. Desde el anuncio, un grupo de vecinos se resistió a la iniciativa y, cuando se pusieron en funcionamiento interpusieron una medida cautelar por los altos niveles de ruido y contaminación que sufrían en su vida diaria.
Matheu II y Matheu III, son dos de las usinas de las 20 centrales térmicas que el Ministerio de Energía licitó y adjudicó en distintas ciudades del país y que suman 2.800 MW de generación eléctrica a todo el sistema interconectado. Entre las dos, iban a generar una potencia de 500 MW. Están catalogadas como industrias categoría 3, peligrosas desde el punto de vista ambiental.
Hoy solo queda Araucaria, ya que la otra central, operada por APR, anunció en julio su retirada. A fines de octubre, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, rechazó el pedido de la compañía porque, según su resolución, “bajo el pretexto de una modalidad diferente de funcionamiento por parte de la central termoeléctrica la parte no hace más que reeditar cuestiones que ya han sido zanjadas” anteriormente. Según entiende la empresa, como ahora quedó una sola industria, el impacto debería ser menor.
Pero los vecinos creen que no pueden quedarse tranquilos. A pesar de que celebraron el anuncio del desmantelamiento de APR, uno de los argumentos de la empresa Araucaria para levantar la cautelar les hizo ruido: “resulta crítico asegurar la mayor disponibilidad de potencia para abastecer al Sistema Nacional de Interconexión a fin de evitar interrupciones del suministro en los centros de mayor densidad poblacional. En esas condiciones, la operación de la central, aún parcial, resulta esencial para garantizar la continuidad del abastecimiento en los centros urbanos de la Provincia de Buenos Aires”, describió la compañía.
Fuentes judiciales indicaron a Infobae que esta emergencia por sí sola no bastaría para poder levantar la cautelar vigente desde diciembre de 2017, especialmente porque nada ha cambiado: no se ha cumplido con la aprobación ambiental oficial ni del municipio ni del Organismo para el Desarrollo Sostenible bonaerense (Opds). Al tiempo que agregaron que en el expediente no consta oficialmente la salida de APR ni el estado en que quedó el predio.
“Estamos en alerta porque sabemos que empieza el verano y pueden querer poner en marcha la termoeléctrica. Ellos dicen que como ahora hay una sola empresa el impacto ambiental va a ser menor. Pero la empresa que queda sigue sin estar habilitada. Igualmente hay que recordar que mientras funcionaron (en el verano de 2016) lo hicieron ilegalmente. Nada de lo que se hizo fue legal y, por suerte, luchando y yendo a la Justicia, obtuvimos estos logros”, destacó Raúl Regis, presidente de la ONG 1810 Vecinos Unidos por Pilar, en diálogo con este medio.
Los ruidos y la contaminación en el aire que generó la puesta en marcha de las centrales obedece, en parte, a la cercanía con los predios poblados. “Desde las termoeléctricas al pueblo de Matheu hay 250 metros, a Los Pilares unos 400 m, a Campo Chico unos 750 m, a Campo Grande unos 950 m, a Pradera unos 1.000 m, al Barrio Saint Matthews´ unos 1.680 metros y al Colegio Saint Matthews´ 2.230 metros. En el radio de 1.500-2.500 metros se ubica el country Lagartos, y en el radio de 2.500 a 4.000 metros quedan aún más urbanizaciones incluyendo La Lomada, Ayres, Highland y Farm Club”, explican los vecinos en una de las presentaciones que se hicieron ante la justicia.
“Desde que las termoeléctricas llegaron a Pilar, sentimos que dimos una pelea de David contra Goliat. (La salida de APR) es un acto de justicia”, agregó.
“Vamos a pedir que dejen los terrenos en condiciones normales y habitables en cuanto a lo ambiental. No queremos que quede allí algún pasivo ambiental que después nos complique la vida”, aseguró Regis. En la misma línea, explicó que para el vecino “lo ideal es que los predios vuelvan a categoría residencial para que no quede abierta la posibilidad de que se pueda instalar otra industria”. Sin embargo, para que pueda avanzar esta iniciativa en el Concejo Deliberante de Pilar ambas empresas deberían abandonar el predio.
En el fallo, dictado en 2017 por Charvay y ratificado en 2021 por la Cámara Federal de San Martín, el magistrado dio por acreditados los potenciales efectos nocivos para la salud y el medio ambiente que podrían generar las termoeléctricas. El juez también tuvo presentes los cinco millones de litros diarios tomados del acuífero Puelche que requeriría el funcionamiento. En ese marco, señaló el riesgo que implica para el agua potable, teniendo en cuenta que un alto porcentaje de la población de Pilar y Escobar se abastece a través de perforaciones.
La Cámara, en su pronunciamiento revisado a instancias de la Corte, estableció que las empresas quedaran clausuradas preventivamente en virtud de los principios precautorio y preventivo, mientras dure la tramitación del juicio principal en donde se solicita la erradicación.
Las termoeléctricas se instalaron en 2016 en una zona de Villa Rosa que entonces estaba catalogada como residencial. El intendente de Pilar de ese entonces, Nicolás Ducoté, les otorgó una excepción al código urbano y luego, en una reforma integral muy criticada por los vecinos, rezonificó el predio como de uso industrial.
El actual intendente parece apoyar el reclamo vecinal, al menos en las declaraciones públicas: “Siempre estuvimos en favor de los vecinos y del cuidado del medio ambiente. Esto es lo que queremos para Pilar, para hoy y de cara al futuro”, señaló. (Infobae).
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