En este sentido, la denuncia N°2551/DGPDH/07 Expte. No 6402, presentado en las oficinas la Unidad de intervención temprana (UFE), fue realizada por Gonzalo Gabriel Ottaviano, trabajador del sector de delivery y miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (A.Si.M.M). La denuncia fue acompañada de documentación como prueba, detalla que en primera medida la empresa conocida como RAPPI "impone a sus usuarios/trabajadores generar la facturación a través de la firma Gestorando". A la vez, se indica que tanto RAPPI como Gestorando "utilizan un mecanismo donde se genera una sobre facturación, en nombre de los usuarios/trabajadores, y que en todos los casos se trata de montos irrisorios que son desconocidos por ellos", asegura Ottaviano quien llevó adelante una investigación ante las denuncias de trabajadores precarizados por la plataforma.
En la denuncia, también se brinda detalles sobre una maniobra por parte de la app donde a los trabajadores y trabajadores se les "exige pagar los saldos negativos a través de la aplicación Pago 46", a lo que el denunciante aduce como "una maniobra de manipulación" que lleva a los trabajadores de la app a cooperar en "movimientos engañosos", ya que no existe forma alguna donde los trabajadores puedan filtrar o controlar la forma de pago de los pedidos que reciben", se explica y se añade que "al llegar al tope de $10.000, la aplicación suspende la cuenta al trabajador y no permite la continuidad de la tarea laboral hasta que la deuda no es saldada", a la vez que se le impone saldarla "depositando el dinero a través de una transferencia bancaria hacia alguno de estos agentes registrados", ejemplifica.
Tras detallar la grave situación donde RAPPI expone impositivamente a los trabajadores, el denunciante solicita una "pronta investigación y esclarecimiento de los hechos, con el fin de llegar a una instancia probatoria".
Por último, el pedido de investigación hace hincapié en que tanto 'Gestorando' como 'Pago 46' son empresas de "dudosa procedencia", ya que proponen como única vía de contacto un número de WhatsApp o un correo electrónico "que pocas veces funciona". Por ende, "no existe un domicilio físico visible, según indicó el documento formal", concluye la denuncia penal.
"El fraude fiscal, la precarización y explotación laboral, es la marca registrada y la verdadera realidad que esconden las plataformas que con un fuerte lobby actúa sobre los funcionarios y aprovechan tapiar cualquier acción que las regule. Los responsables de controlar y los representantes legislativos miran para otro lado, bajo la falsa premisa de la modernización. Se debe combatir esta red de complicidades y corrupción que está a la vista de todos", concluyó Ottaviano. (InfoBAN).
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