(La Política OnLine). Lo dijo durante la interpelación que le hizo el Concejo Deliberante, donde no pudo responder a la mayoría de las dudas de los ediles. Y hasta admitió que “no vive en Lanús y no conoce el distrito”.
El intendente de Lanús, el kirchnerista Darío Díaz Pérez, cerrará un año difícil: en los últimos doce meses padeció la toma de la Municipalidad, un empate técnico en los comicios legislativos y la incesante presión de la sociedad local, que le reclama obras.
A estas debilidades se le suma que en los últimos días el tema inseguridad se implantó en la agenda de la comunidad luego de sucederse una serie de asesinatos en ecuación de robo.
La indignación de la gente se hizo evidente a comienzo de año con el crimen de Daniel Capristo en Valentín Alsina, y creció en el ocaso de
2009 con el asesinato de la bioquímica Ana María Castro.
Por estos sucesos de sangre lograron unir a los ediles de Lanús que decidieron interpelar al subsecretario de Seguridad local en una sesión especial.
Para eso, los concejales de la oposición lograron convencer a los eternos aliados del oficialismo, como son la bancada del PJ y Nuevo Encuentro, para citar al subsecretario de Seguridad, Hugo Chazarreta, quien acudió junto con el ex titular de la dependencia, Reinaldo Simone, y el secretario de Gobierno, Juan Carlos Viscelino.
Durante las tres horas que duró la sesión extraordinaria, el subsecretario Chazarreta, no pudo responder con certeza cuáles eran
las funciones de su área. “No conozco el distrito ni los lugares más conflictivos porque no vivo en Lanús”, admitió en un momento.
Su sinceridad enfureció a los vecinos que se habían autoconvocado al recinto, quienes en su mayoría respondieron con abucheos y silbidos.
Viscelino fue el encargado de defender la gestión de Díaz Pérez. Al comienzo, aclaró que “según la Ley bonaerense 12.154, el tema de seguridad es competencia exclusiva del Gobierno de la provincia de Buenos Aires”.
Esta es una de las posturas que siempre tuvo el jefe comunal al ser interrogado por los temas delictivos. Sin embargo, el funcionario local luego admitió que el Municipio “puede colaborar con las fuerzas con obras y fondos”.
“Somos las victimas de una situación de violencia inédita, porque ahora se fusila a nuestros vecinos aunque hayan entregado todo, esto puede ser comprobado al ver el balazo que hay en el vidrio del despacho del intendente”, expuso con todo Viscelino.
El concejal que decidió abrir el fuego con las preguntas en la sesión fue el kirchnerista Héctor “Lolo” Vélez, quien intentó anticiparse a las criticas de la oposición y solicitó que se detalle como se gastaron los fondos que surgen del 2 por ciento del ABL local que se les cobra a los vecinos.
Viscelino detalló que se recaudaron un millón trescientos mil pesos y se gastaron hasta el día de la fecha un millón trescientos mil pesos básicamente en combustible para patrulleros y gastos generales para la fuerza policial.
Como si fuera un guión ya estudiado, desde la bancada del Frente Para la Victoria insistieron con que se complementen estos dichos con los logros del “Programa de protección ciudadana” que se desarrolla con fondos de Nación.
El secretario de Gobierno pudo exponer los problemas burocráticos que tuvo el Municipio para disponer de los 11 millones de pesos que le envió el Gobierno Central: dijo que tardaron casi 7 meses para poder disponer del 50 por ciento de los fondos, y cuestionaron las fallas en la implementación del programa nacional.
Luego exteriorizó que recién en septiembre pasado pudieron comprar 8 vehículos y se capacitaron a 20 personas con los 5 millones que cobraron hasta el momento.
Desde Unión PRO exigieron que expliquen como fueron distribuidas las cifras, porque llamaba la atención que “8 vehículos cuesten 5 millones”, este interrogante no pudo ser respondido por los funcionarios porque revelaron que “no trajeron los elementos”.
Con este criterio, desde el Acuerdo Cívico y Social les indicaron que existía una contradicción en los argumentos del Municipio, dado que si manifestaron que “el Gobierno le envió millones de pesos para usar en seguridad es porque el Municipio si tiene incumbencia en esta área”
Arduo debate
Durante la interpelación, el subsecretario local se retiró en varias oportunidades y le cedió la palabra al ex titular de la dependencia, Reinaldo Simone, quien centró su argumentación en informar que la Subsecretaría de Seguridad local fue fundada hace dos años pero recién fue concretada en la praxis hace un año.
El concejal Mariano Amore solicitó información sobre el sistema de monitoreo por cámara, lo que justificó en que “hay rumores de que la licitación de este servicio ya está direccionada hacia empresas vinculadas al Gobierno Nacional”, desde el oficialismo estuvieron casi 20 minutos con evasivas hasta que revelaron que recién este “31 de diciembre se sabrán los detalles del llamado a licitación”.
Ocurre que el día previo a año nuevo en la administración pública no es laboral ya que siempre se declara asueto, por este motivo Amore afirmó: “No es transparente hacer la licitación ese día”, protestó.
Con el pasar de las horas, las preguntas inquisidoras de la oposición comenzaron a languidecer por lo cual los funcionarios pudieron reivindicar el accionar Municipal basándose en los inexactitudes y los olvidos de los concejales. A pesar de esto, desde el oficialismo se vio muchas falencias en el plano seguridad y se demostró que la gestión de Díaz Pérez cada vez tiene mayores complicaciones.
El intendente de Lanús, el kirchnerista Darío Díaz Pérez, cerrará un año difícil: en los últimos doce meses padeció la toma de la Municipalidad, un empate técnico en los comicios legislativos y la incesante presión de la sociedad local, que le reclama obras.
A estas debilidades se le suma que en los últimos días el tema inseguridad se implantó en la agenda de la comunidad luego de sucederse una serie de asesinatos en ecuación de robo.
La indignación de la gente se hizo evidente a comienzo de año con el crimen de Daniel Capristo en Valentín Alsina, y creció en el ocaso de
2009 con el asesinato de la bioquímica Ana María Castro.
Por estos sucesos de sangre lograron unir a los ediles de Lanús que decidieron interpelar al subsecretario de Seguridad local en una sesión especial.
Para eso, los concejales de la oposición lograron convencer a los eternos aliados del oficialismo, como son la bancada del PJ y Nuevo Encuentro, para citar al subsecretario de Seguridad, Hugo Chazarreta, quien acudió junto con el ex titular de la dependencia, Reinaldo Simone, y el secretario de Gobierno, Juan Carlos Viscelino.
Durante las tres horas que duró la sesión extraordinaria, el subsecretario Chazarreta, no pudo responder con certeza cuáles eran
las funciones de su área. “No conozco el distrito ni los lugares más conflictivos porque no vivo en Lanús”, admitió en un momento.
Su sinceridad enfureció a los vecinos que se habían autoconvocado al recinto, quienes en su mayoría respondieron con abucheos y silbidos.
Viscelino fue el encargado de defender la gestión de Díaz Pérez. Al comienzo, aclaró que “según la Ley bonaerense 12.154, el tema de seguridad es competencia exclusiva del Gobierno de la provincia de Buenos Aires”.
Esta es una de las posturas que siempre tuvo el jefe comunal al ser interrogado por los temas delictivos. Sin embargo, el funcionario local luego admitió que el Municipio “puede colaborar con las fuerzas con obras y fondos”.
“Somos las victimas de una situación de violencia inédita, porque ahora se fusila a nuestros vecinos aunque hayan entregado todo, esto puede ser comprobado al ver el balazo que hay en el vidrio del despacho del intendente”, expuso con todo Viscelino.
El concejal que decidió abrir el fuego con las preguntas en la sesión fue el kirchnerista Héctor “Lolo” Vélez, quien intentó anticiparse a las criticas de la oposición y solicitó que se detalle como se gastaron los fondos que surgen del 2 por ciento del ABL local que se les cobra a los vecinos.
Viscelino detalló que se recaudaron un millón trescientos mil pesos y se gastaron hasta el día de la fecha un millón trescientos mil pesos básicamente en combustible para patrulleros y gastos generales para la fuerza policial.
Como si fuera un guión ya estudiado, desde la bancada del Frente Para la Victoria insistieron con que se complementen estos dichos con los logros del “Programa de protección ciudadana” que se desarrolla con fondos de Nación.
El secretario de Gobierno pudo exponer los problemas burocráticos que tuvo el Municipio para disponer de los 11 millones de pesos que le envió el Gobierno Central: dijo que tardaron casi 7 meses para poder disponer del 50 por ciento de los fondos, y cuestionaron las fallas en la implementación del programa nacional.
Luego exteriorizó que recién en septiembre pasado pudieron comprar 8 vehículos y se capacitaron a 20 personas con los 5 millones que cobraron hasta el momento.
Desde Unión PRO exigieron que expliquen como fueron distribuidas las cifras, porque llamaba la atención que “8 vehículos cuesten 5 millones”, este interrogante no pudo ser respondido por los funcionarios porque revelaron que “no trajeron los elementos”.
Con este criterio, desde el Acuerdo Cívico y Social les indicaron que existía una contradicción en los argumentos del Municipio, dado que si manifestaron que “el Gobierno le envió millones de pesos para usar en seguridad es porque el Municipio si tiene incumbencia en esta área”
Arduo debate
Durante la interpelación, el subsecretario local se retiró en varias oportunidades y le cedió la palabra al ex titular de la dependencia, Reinaldo Simone, quien centró su argumentación en informar que la Subsecretaría de Seguridad local fue fundada hace dos años pero recién fue concretada en la praxis hace un año.
El concejal Mariano Amore solicitó información sobre el sistema de monitoreo por cámara, lo que justificó en que “hay rumores de que la licitación de este servicio ya está direccionada hacia empresas vinculadas al Gobierno Nacional”, desde el oficialismo estuvieron casi 20 minutos con evasivas hasta que revelaron que recién este “31 de diciembre se sabrán los detalles del llamado a licitación”.
Ocurre que el día previo a año nuevo en la administración pública no es laboral ya que siempre se declara asueto, por este motivo Amore afirmó: “No es transparente hacer la licitación ese día”, protestó.
Con el pasar de las horas, las preguntas inquisidoras de la oposición comenzaron a languidecer por lo cual los funcionarios pudieron reivindicar el accionar Municipal basándose en los inexactitudes y los olvidos de los concejales. A pesar de esto, desde el oficialismo se vio muchas falencias en el plano seguridad y se demostró que la gestión de Díaz Pérez cada vez tiene mayores complicaciones.
