BUENOS AIRES, Noviembre 23, (PUNTO CERO) El rol de representación de la mujer supone la responsabilidad política de garantizar un enfoque de igualdad e inclusión en las políticas públicas, para revertir la asimetría en las relaciones de poder y desterrar definitivamente la violencia contra las mujeres y contra los más vulnerables, en general los "diferentes", los que no responden a patrones establecidos, o los que una relación de fuerzas considera los más "débiles".Según un informe de las Naciones Unidas, en algún momento de sus vidas más de la mitad de todas las mujeres latinoamericanas han sido objeto de agresiones en sus hogares. Un 33 por ciento fue víctima de abusos sexuales entre las edades de 16 y 49 años; mientras que el 45 por ciento recibió amenazas, insultos y la destrucción de objetos personales.
La violencia contra la mujer forma parte de un paisaje social marcado por las relaciones de poder y dependencia. En contextos de dependencia, en un mundo en guerra, algunos pocos se sienten dueños del destino de todos. América Latina parece no poder tomar las riendas de su destino, mientras los poderosos del mundo se sienten con derecho a dictarle a nuestro continente los programas de "ajuste" o de reforma estructural.
En este contexto, donde países poderosos ejercitan una suerte de "patria potestad", muchísimos hombres siguen creyendo que son dueños del destino de los miembros de su núcleo familiar. Esta situación cultural y social nos impone repensar el destino de nuestro país y el destino de nuestro pueblo, especialmente de las mujeres y los chicos.
Sin duda, el desafío será avanzar en la consolidación de nuevas acciones que conciban a la violencia contra la mujer como un problema político y social, porque es el síntoma incontrastable de un problema en las relaciones, la ausencia más absoluta de igualdad y solidaridad como base de la convivencia.
Mujeres y violencia simbólica en el ámbito público: el techo de cristal
Debemos tener presente que la violencia puede manifestarse de manera simbólica. Si revisamos las relaciones de poder existentes entre los varones y las mujeres, nos daremos cuenta de que tenemos naturalizado el mandato patriarcal mucho más de lo que creemos.
Sabemos, y hay estudios que así lo corroboran, que las mujeres no alcanzan la dirigencia de empresas, de ámbitos gremiales, políticos o de las organizaciones públicas. En el caso de la ocupación de puestos dirigenciales en el Estado, la Ley de Cupo (Nº 24012) permitió un avance hacia una paridad entre los varones y la mujeres, y resulta evidente su eficacia cuando se observa que la participación de la mujer es significativamente mayor en el ámbito legislativo que en el poder ejecutivo: es decir, al contar con un marco jurídico positivo, se obliga a cambiar los patrones de conducta, y cuando este marco jurídico no existe, como en el poder ejecutivo o judicial, la cultura patriarcal se "cuela" en la selección del personal jerárquico.
El casi 40 por ciento de participación de mujeres en ámbitos legislativos establecido por la ley de cupo disminuye a un 10 o 15 en el ámbito ejecutivo. Por esto, si concebimos al Estado como la más alta organización de una sociedad, los ámbitos ejecutivo y judicial se deben reformas en materia de igualdad de oportunidades.
Sin duda, la acción política de los movimientos de mujeres ha hecho mucho por los derechos de la mujer, pero aún debemos reforzar nuestra participación en los ámbitos de decisión. Ante esto, el Estado debe avanzar sobre políticas que contemplen igualdad de condiciones para el acceso a todos los cargos públicos, controlando y monitoreando el cumplimiento de cada acción.
En ese sentido, en la provincia de Buenos Aires han comenzado, por acuerdo paritario, procesos de selección para cubrir cargos de subdirector y jefes de departamento en la Administración Pública Provincial, y las guías orientativas contemplan la veeduría de la Dirección de Igualdad de Oportunidades de la Provincia, para garantizar que no se discrimine por ningún motivo a los aspirantes a asumir funciones ejecutivas y resguardando especialmente los derechos de las mujeres.
Por otra parte, la Provincia ha acordado la participación obligatoria de mujeres en los ámbitos de las convenciones colectivas de trabajo a través de la consagración del cupo femenino en la Ley de negociaciones colectivas (Nº 13453).
Queda claro que la acción política y social de muchas mujeres ha hecho mucho por estos derechos, pero aún debemos reforzar nuestra participación en los ámbitos de decisión. Formamos parte de una sociedad con fuertes mandatos patriarcales y lógicamente la acción política y la gestión pública son reflejo de esta situación. Para producir este cambio cultural, el Estado, a través de políticas activas, tiene que honrar los acuerdos y revertir las relaciones de poder existentes. (PUNTO CERO).
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