El caso López y el debate empresarial sobre corrupción. Por José Calero.

La Argentina carece de instituciones fuertes capaces de impedir que los negocios se conviertan en negociados en la obra pública. A esas irregularidades se sumó el polémico cepo a las importaciones, con un esquema muchas veces 'tarifado' para liberar containers.
El mundo empresarial acusó recibo de la escandalosa detención del exsecretario de Obras Públicas José López mientras manipulaba valijas y bolsos con casi U$S 9 millones, ya que para muchos resulta obvio que buena parte del dinero sospechoso puede provenir de sobornos pagados por el sector privado.
El fenomenal negociado de la obra pública suele dar rienda suelta a la corrupción, como quedó demostrado en Brasil, con el "Lava Jato", que le costó buena parte de su capital político no solo a Lula Da Silva y el Partido de los Trabajadores, sino también a muchas primeras espadas de la oposición que ahora se hizo del poder.
El episodio de corrupción tal vez más grave de la historia de Brasil dejó en evidencia a los empresarios más poderosos de la primera economía sudamericana, algunos de los cuales terminaron presos.
Las obras financiadas por el Estado, sea a nivel Nacional, Provincial o Municipal, son un factor clave para dinamizar la economía, pero también nicho fértil para el manejo turbio del dinero, sobre todo cuando gobiernos del mismo signo se suceden en el poder.
Durante la dictadura militar hubo casos escandalosos como la construcción de la autopista 25 de mayo -con demoliciones de cientos de propiedades incluidas- o el ente creado para el Mundial de Fútbol de 1978, otro foco por el cual desaparecieron millones de pesos.
Con el retorno de la democracia, y tal vez la excepción del gobierno de Raúl Alfonsín, la mayoría de las administraciones que se sucedieron estuvieron sacudidas por ese entramado de corrupción que se fagocita recursos aportados por los contribuyentes y despilfarra recursos que podrían destinarse a reducir la pobreza y fomentar el desarrollo.
A partir de su ascenso al poder en Santa Cruz, Néstor Kirchner entendió que para generar empleo y dinamizar el consumo había que apelar a la obra pública, y luego lo desarrolló a gran escala al llegar a la presidencia, en una interpretación vernácula de la teoría keynesiana.
El problema es que la Argentina carecía, y aún carece, de instituciones fuertes capaces de impedir que los negocios se conviertan en negociados.
Así como en el sector privado el directorio pone la lupa en las áreas de Compras y Licitaciones para tratar de evitar el fraude, los Estados deben colocar todo el poder de contralor en evitar sobreprecios y sobornos, y supervisar que las obras comprometidas se cumplan, incluso convocando a sectores de la oposición.
Nada de eso pasó en la Argentina, donde se sumó un esquema burocrático cada vez más retorcido, uno de cuyos puntos culminantes parece haber sido, además de la obra pública, el cepo a las importaciones, por el cual, se sospecha, se habrían generado manejos turbios para destrabar el ingreso de mercaderías al país, a tal punto que podrían haber estado hasta ´tarifados´ algunos containers según la mercancía, ventilan círculos empresariales.
Hay dudas sobre cuánto tardará la clase política, el empresariado y la Justicia en hacerse cargo de este drama que dilapida recursos públicos para destinarlos a clientelismo y corrupción.
"Yo quiero saber quiénes son, además del ingeniero López (Secretario de Obras Publicas durante mi gestión), los responsables de lo que pasó", exigió la expresidenta Cristina Fernández.
Y por las dudas, aclaró que "el dinero que el ingeniero López tenía en su poder, alguien se lo dio. Y no fui yo. Ni ninguno de los miles de militantes que integran este espacio político. Que nadie se haga el distraído".
Fue el primer reconocimiento público de que durante su gobierno hubo corrupción, aunque rehusó responsabilizarse por no haberla controlado, a pesar de que López ocupó ese cargo durante los 12 años y medio de gobierno kirchnerista.
Entre los que se hacen los "distraídos", según la presidenta, están los "empresarios".
Su carta abierta pareció en parte una reacción ante las palabras del presidente de la Cámara de la Construcción, Juan Chediack, quien denunció que la empresa Austral, cuyo supuesto único dueño es el encarcelado Lázaro Báez, no hacía las obras y cobraba por adelantado.
"La Cámara siempre estuvo en contra de esto. Hay causas abiertas desde el 2008", dijo Chediack, y fue más allá: "Por supuesto que sabía que había coimas en Vialidad. Nosotros lo hemos dicho. Lo habían denunciado Elisa Carrió y Darío Díaz Pérez. Hay causas que nunca avanzaron y ahora avanzan".
Fue más allá y afirmó que las denuncias se las presentaron a "gente de Vialidad Nacional, José López, a Julio De Vido, a Cristina Kirchner. Nosotros dijimos que había privilegiados".
De Vido lo desmintió y, desafiante, le largó: "A pesar de su supuesta denuncia, Chediack no tuvo reparos en participar de la licitación para las represas Kirchner-Cepernic", las polémicas obras hídricas de Santa Cruz.
Algo está crujiendo en la tensa relación entre la dirigencia política y el empresariado, y es probable que más trapos sucios salgan a ver el sol. Tal vez termine siendo sano para el futuro de la Argentina. (Asteriscos TV).