(El Día). Una vez más la provincia de Buenos Aires se encuentra enfrentada a una alternativa injusta y desventajosa para sus intereses y los de la población bonaerense, si llegara a prosperar el traspaso de la empresa nacional Aysa, que forma parte de un paquete de transferencia de gastos que se impulsa desde Nación y que incluye, además, el traspaso de las eléctricas Edenor y Edesur.
La iniciativa es decididamente inviable y lo que se pretende es que el déficit del Estado nacional sea soportado por el presupuesto de gastos de una provincia que, como la de Buenos Aires, contiene bajo su jurisdicción los bolsones de pobreza más críticos del país y que, en su historia, la sido condenada a través de una inequitativa distribución de recursos presupuestarios federales. No debiera ser necesario señalar que Buenos Aires enfrenta gravísimas carencias en las áreas de salud, educación y seguridad, que resultan primordiales a la hora de calificar la calidad de vida de sus habitantes, sometidos a múltiples penurias en especial en el área del Conurbano.
Tal como se señaló en ediciones anteriores, si bien el posible traspaso de Aysa perdió fuerza en los últimos días, en la Provincia no quieren bajar la guardia. Lo que están en juego son nada menos que 15 mil millones de pesos que tendría que absorber la Provincia por esa transferencia.
Se sabe también que la Gobernadora rechaza esa posibilidad y que se vino reuniendo con intendentes del peronismo en busca de coordinar una acción común. Del tema habló con los jefes comunales de Hurlingham y de Lomas de Zamora.
Por otra parte, esos dos intendentes se reunieron posteriormente con sus pares también peronistas de Esteban Echeverría, Almirante Brown, Ituzaingó, Malvinas Argentinas, San Martín, Florencio Varela, Presidente Perón y Tigre, quienes en un encuentro que sostuvieron junto al titular del gremio de los trabajadores de Aysa, se abroquelaron contra la iniciativa y dejaron en claro que también se oponen a que la empresa pase a la órbita bonaerense.
Aysa presta el servicio de agua y cloacas en el Conurbano pero también realiza obras. De hecho, lleva adelante alrededor de 260 trabajos para la ciudad de Buenos Aires y los 26 partidos que forman parte de su área regulada, con una inversión prevista de US$ 1000 millones por año. Estás obras están destinadas principalmente a la expansión de los servicios de agua y cloaca y a otros aspectos claves, como la mejora de la calidad de los servicios y el ambiente.
Esa es una de las cuestiones centrales del rechazo de los intendentes peronistas, que temen que el impacto de una eventual transferencia sobre las finanzas de la Provincia termine frenando las inversiones que se realizan en sus distritos.
Desde un punto de vista político, no puede quedar sin mención el hecho de que el traspaso de los costos de los subsidios es un planteo que vienen haciendo gobernadores peronistas al Presidente, con la idea de que la mayor parte del ajuste sea asumido por la Provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Frente a esta verdadera embestida de los gobernadores peronistas, el ministro de Economía bonaerense postula que es necesario volver a discutir el reparto de los recursos federales en el marco del debate por las posibles transferencias de empresas a la Provincia. Luego de señalar que en el rubro de los subsidios a la energía, es cierto que el área metropolitana es la que más recibe, advirtió que la distribución de fondos federales tiene más de treinta líneas. Además de esos fondos la Provincia aporta el 37 por ciento y recibe el 21 por ciento, es decir que de casi cada dos pesos que aporta recibe sólo uno.
Carece de fundamento técnico y presupuestario, entonces, agravar las penosas condiciones socioeconómicas que atraviesan millones de bonaerenses, transfiriéndoles la responsabilida5d de hacerse cargo de los achiques de gastos que se propone la Nación. (El Día).
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