“El proyecto intenta desalentar toda medida que facilite el acceso de dinero para continuar apostando sin control alguno, lo cual puede llevar a consecuencias nefastas tanto para el patrimonio personal, la salud y la familia del apostador”, subrayó,
LA MEDIDA DE LA POLÉMICA
El gobierno de Axel Kicillof rehabilitó el uso de las tarjetas de débito y la instalación de posnet en las salas de apuestas de casinos, bingos, hipódromos y agencias hípicas de toda la provincia de Buenos Aires al oficializar una resolución del Instituto Provincial de Loterías y Casinos (IPLyC) que anuló la disposición de 2016 que prohibía la utilización de medios de pagos electrónicos en esos lugares de juego como una forma de prevenir la ludopatía.
Desede el IPLyC, su presidente, el lomanse Omar Galdurralde, justificó la medida al argumentar que se busca “la prevención de la evasión fiscal y el lavado de activos, en las salas de juego”, aunque establece una excepción: la resolución 447 del 2022 indica que no podrán aceptarse las tarjetas otorgadas o que incorporen fondos de planes sociales o asistenciales como una forma de evitar “el desvío de prestaciones económicas derivadas de planes o programas sociales”-
La resolución establece la “obligación del uso de medios electrónicos que permitan la realización de transacciones con tarjetas débito bancario” a la que considera un uso “conveniente y necesario”.
En Buenos Aires funcionan 46 bingos; 12 casinos; 5 hipódromos y 186 agencias hípicas. Para evitar el endeudamiento de los apostadores, se prohibió la instalación de cajeros automáticos dentro de las salas, posteriormente, esa disposición se extendió hasta dos cuadras a la redonda.
El juego es un soporte clave del presupuesto de la Provincia. y aporta 114 mil millones de pesos según lo aprobado para 2022 por la Legislatura.
En 2016 el gobierno de María Eugenia Vidal prohibió los sistemas de pago electrónico en el interior de los recintos en una disposición que buscaba “desalentar toda medida que facilite el acceso de dinero para continuar apostando sin control alguno, lo cual puede llevar a consecuencias nefastas tanto para el patrimonio personal, la salud y la familia del jugador”, al intentar que la decisión acerca del monto o disponibilidad de crédito para jugar sea tomada “de manera meditada a fin de evitar excesos”.
Por su parte, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) determinó la obligación del uso de tarjetas en las salas de juego, a las que, ahora, considera como “un servicio de esparcimiento”.
El IPLyC está manejado Omar Galdurralde, del riñón del jefe de Gabinete, Martín Insaurralde y que fue candidato a concejal de Lanús y en cuya gestión al frente del instituto se habilitó el sistema de juego online adjudicado a siete empresas que lo desarrollarán en el territorio bonaerense.
CRÍTICAS DESDE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Esta resolución fue cuestionada por el defensor del Pueblo Adjunto de Buenos Aires, el echeverriano Walter Martello, quien expuso sus críticas: “En un contexto complejo de la economía, se puede ver al juego como una ‘salvación’. Es necesario respaldar y fortalecer las distintas políticas públicas que buscan garantizar el tratamiento del juego problemático y patológico”.
Para el exlegislador arista, y ahora enrolado en el Frente Renovador, son “fundamentales las acciones de prevención primaria y secundaria que se realizan el desde el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo y brindar un respaldo efectivo a la labor que realizan organizaciones de la sociedad civil como Jugadores Anónimos”.
Sin embargo Martello, autor de “No va más”, un libro sobre el juego bonaerense en épocas de la gestión provincial de daniel Scioli, reconoció, que que “bancarizar los movimientos que hacen las y los apostadores es una forma de prevenir el lavado de activos”.
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