“Falta que nos hagamos escuchar para que no tengan miedo” de aprobar leyes progresistas, dijo Stella Maris Martínez. Habló de una “sociedad esquizofrénica” con “leyes maravillosas” pero que “no han hecho carne”.
La titular de la Defensoría General de la Nación, Stella Maris Martínez, advirtió en el Congreso que la dirigencia política “tiene miedo” de aprobar leyes progresistas en materia de seguridad, por lo que llamó a “hacerse escuchar” para revertir esta situación.
“Si un Gobierno progresista y respetuoso de los derechos humanos no puede mandar una ley porque no sabe lo que va a salir, sinceramente falta que todos los que creemos en una realidad de los derechos humanos es posible nos hagamos escuchar para que no tengan miedo”, afirmó Martínez al participar de un panel en el tercer Encuentro por una Seguridad Democrática y Popular.
Otra de las definiciones más fuertes que dejó la defensora general fue sobre la violencia. “La sociedad no se da cuenta que cuanto inyecta violencia al sistema, la sociedad devuelve violencia”, afirmó.
Cargó entonces contra las propuestas pedagógicas del candidato a gobernador de Santa Fe por el Pro, Miguel del Sel. “Donde el pibe se porta mal, amonestaciones. Y, si no, rajarlo del colegio y que pierda el año”, había dicho el humorista. “Te dicen: ‘Es chico’. Ma’ qué chico, metele un buen cocazo y no jode más”, fue otra de sus propuestas.
Asimismo, Martínez aseguró que “vivimos en una sociedad esquizofrénica donde aprobamos leyes maravillosas” y dijo que “si un extraterrestre viera las leyes que aprobamos, verá que son maravillosas pero que la sociedad no ha hecho carne de estos avances”.
En otro tramo de su disertación, la defensora general defendió la ley sancionada en 2013 que “democratizó” el acceso al Poder Judicial, al Ministerio Público Fiscal y a la Defensoría que preside, en donde aseguró “se aplica a ultranza”.
Sin embargo, advirtió que “en los tribunales no se aplica” por rige la familia judicial. En esta línea sugirió que en muchos fallos quedan reflejados los prejuicios de familias privilegiadas contra sectores populares, de modo tal que los jueces le creen más a la policía que a las víctimas de violencia institucional.
Por otra parte, reconoció que la Defensoría no puede dar “suficiente” seguridad a las víctimas que presentan denuncias porque después estas quedan solas ante la policía. (Parlamentario).
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