Desde su renuncia en diciembre pasado, el extitular de la Unidad Información Financiera (UIF), José “Pepe” Sbattella, comenzó a perder la impunidad y protección de las que gozó en tiempos del kirchnerismo. Más aún, él fue uno de los garantes de la corrupción a través de ese organismo que debía combatir el lavado de dinero.
Pero este economista, profesor universitario y exfuncionario K ya no tiene fueros ni amparos políticos, sino todo lo contrario.
Ayer, la Sala II de la Cámara Federal decidió revocar el sobreseimiento y seguir investigando a Sbattella por dos denuncias presentadas por la diputada de la Coalición Cívica-ARI (CC-ARI), Elisa Carrió, quien lo acusó de “inactividad”. Así, queda sin efecto el dictamen del juez federal Sebastián Casanello, quien entendía que no había pruebas suficientes contra el exfuncionario kirchnerista.
En el primer hecho, se investiga al exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, y su vinculación con la firma Antártica Argentina S.A. Desde esa empresa, Schoklender compró 12 inmuebles en la localidad bonaerense de José C. Paz. Además, está en la mira la titular de la entidad, Hebe de Bonafini, a quien también Sbattella habría protegido.
El segundo de los hechos tiene que ver por una causa por enriquecimiento ilícito contra el exgobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, la sobrina del mandatario, Carolina Pochetti y el exsecretrio personal de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz.
Este encubrimiento hacia funcionarios o amigos del poder K fue una regla en la gestión de Sbattella al frente de la UIF -ahora presidida por Mariano Federici-, en un modus operandi similar al que utilizaba Ricardo Echegaray desde la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), protegiendo a aliados y persiguiendo a opositores.
Como Echegaray, Sbattella también omitió investigar la compra de la exCiccone Calcográfica y no dudó en proteger al entonces vicepresidente, Amado Boudou; tampoco titubeó a la hora de retener indebidamente, durante cinco años, Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) relacionadas con el supuesto testaferro de los Kirchner, Lázaro Báez.
Muy lejos de atacar el lavado de activos, el exfuncionario utilizó la UIF para coparla de militantes rentados de La Cámpora y, sobre todo, para hacer la vista gorda ante los actos de saqueo del erario público cometidos durante la mal llamada década ganada, logrando que los delincuentes de guante blanco gozaran de libertad.
De estas sospechas se desprende el procesamiento que el lunes dictó en su contra el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9, Luis Rodríguez, quien lo acusó por el delito de “violación de secretos”, al hacer pública la ejecución de allanamientos en reconocidas joyerías investigadas por lavado de dinero.
Así, en apenas 72 horas, uno de los garantes de la corrupción K perdió la impunidad de la que gozó en los últimos años. (Diariohoy.net).
No hay comentarios.:
Publicar un comentario