La Cámara Civil y Comercial ordenó a un hombre a abonarle una indemnización a su yerno, quién se desempeñó como veterinario en su campo, ya que la situación familiar en que realizó sus tareas no es incompatible con la realidad del vínculo.
En los autos "Calvo Claudio Darío c/ Alberto Tobal S.A. s/ laboral", la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial ordenó a un hombre a abonarle una indemnización a su yerno, quién se desempeñó como veterinario en su campo, ya que más allá de su situación familiar, se comprobó el vínculo laboral.
Los miembros del Tribunal hicieron lugar al reclamo del veterinario, basado en el régimen de trabajo agrario, quien se desempeñó en las diferentes empresas de su suegro de entonces, organizando a los peones.
"El hecho de que el actor no haya efectuado ningún tipo de reclamo está emparentado con su situación familiar, pues mientras el vínculo conyugal permaneció estable, el trabajador no tuvo necesidad de reclamo alguno, siendo evidente que era su suegro el socio principal en las empresas que prestó servicios, con lo cual es habitual que las relaciones familiares se mantengan alejadas de las formalidades legales, aunque reprochable evidentemente", explicaron los magistrados.
Como prueba se añaden a la causa el testimonio de los empleados del campo quienes reconocieron al demandante como uno de los encargados por el tipo de trabajo que realizaba, más allá de que era el esposo de la hija del dueño.
"Es muy amplia la gama de actividades que despliega la Ley 26.727 respecto del trabajador rural, y es muy claro que el actor desempeñó tareas muy relacionadas con las de un encargado , pero con notas muy especiales teniendo en cuenta el ámbito familiar en el que desempeñó su tarea y en función de su título profesional", resaltaron los camaristas.
Para los jueces corresponde condenar a las distintas empresas demandadas por el trabajador, a abonarle la indemnización por despido injustificado ya que se comprobó que mantuvo un contrato de trabajo con una de ellas, la cual estaba bajo la dirección de personas que integran otras sociedades que constituyen un conjunto económico permanente.
En esa línea, los miembros del Tribunal resolvió condenar a las empresas demandadas a abonarle al veterinario la suma de $818.945,60. (Diario Judicial).
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