Desde Mamá Cultiva advirtieron que “ellos eligen quien cultiva” porque no autoriza el autocultivo. “En ninguna parte de la ley se habla de inversión extranjera o de comercialización”, aclararon.
A dos años de la promulgación de la ley 27.350, que autoriza el uso de cannabis medicinal, se reglamentaron “las condiciones para la producción, difusión, manejo y acondicionamiento” de la planta.
Se deben llevar a cabo en “invernáculos y/o predios de seguridad” y “no se podrá realizar ninguna actividad de producción, difusión, manejo, acondicionamiento e importación sin la previa autorización del Instituto Nacional de Semillas”. “Los controles que serán efectuadas por el INASE podrán incluir la inspección física de los órganos de propagación en todo su ciclo de cultivo así como también de la importación de los órganos de propagación”, establece el artículo dos de la resolución publicada el 6 de marzo en el Boletín Oficial.
Frente a esto, la presidenta de Mamá cultiva, Valeria Salech, cuestionó que “esa reglamentación es para una producción industrial y con fines de investigación, que no tiene nada que ver con los usuarios”. “No autoriza el auto cultivo y significa que ellos eligen quien cultiva”, apuntó.
Salech insistió en que esta segunda reglamentación no termina con el vacío legal que sufren las familias que cultivan, que pueden afrontar penas de entre 4 y 15 años de cárcel.
“La ley de cannabis medicinal establece que el Estado iba a cultivar a través del INTA (Instituto Nacional de tecnología Agropecuaria), a investigar a través del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) y a producir el aceite medicinal a través de laboratorios nacionales”, explicó la mujer, quien aclaró que “en ninguna parte de la ley se habla de inversión extranjera o de comercialización, como se está haciendo en este momento”.
Mamá Cultiva es una asociación civil sin fines de lucro conformada por madres, cultivadores y profesionales de diversas áreas, cuyos objetivos son cultivar cannabis medicinal en forma individual y comunitaria, promover políticas públicas que permitan y faciliten su uso y bregar por la libre información sobre el tema y por la accesibilidad sin restricciones económicas para quienes necesitan de esta alternativa. (InfoREGION).
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