LUJAN, Setiembre 23, (PUNTO CERO-El Civismo) Atenta al deterioro que esta clase de explotaciones pueden producir en el ambiente, una vecina llevó su denuncia sobre una tosquera de Jáuregui a la Dirección de Minería Bonaerense.
Afirmó que desde ese organismo le dieron los detalles de la situación, enumeraron incumplimientos, pero que ese predio tiene habilitación municipal.
En la última sesión del Concejo Deliberante se presentó y aprobó un pedido de informes, dirigido al Departamento Ejecutivo, para que detalle toda la información a su disposición sobre extracción para la comercialización de tierra negra o de relleno y la proveniente de los destapes de las tosqueras. Una consulta basada en la existencia, en diferentes puntos del partido, de esta clase de explotaciones.
Mientras en los bloques de la oposición se aguarda toda la información oficial al respecto, EL CIVISMO accedió a imágenes y pormenores de una denuncia realizada por una vecina, directamente ante la Dirección Provincial de Minería.
Esta presentación, que esquivó las gestiones comunales por simple y sencilla “falta de confianza” en las autoridades comunales para analizar la situación a fondo, apuntaba a acceder a los detalles de la actividad que se desarrolla en una tosquera lindante con la ruta nacional 5, el Instituto Ramayón y a escasa distancia también del barrio Loreto, en Jáuregui.
Después de semanas de espera, la vecina -que por razones personales pidió reserva de identidad- habría recibido respuesta a su denuncia.
Según consta en una nota que habría salido de la Dirección de Minería, lo primero que le aclaran a la denunciante es que “la consulta efectuada debe dirigirse, para obtener una respuesta adecuada, al municipio correspondiente, en razón de que la información solicitada se dirige específicamente a sus órganos propios (Dirección de Planeamiento y Desarrollo, Dirección de Comercio e Industria y Secretaría de Salud y Medio Ambiente). Y está referida a aspectos de la normativa municipal y trámites seguidos ante esas autoridades, a los que esta Dirección resulta completamente ajena”.
A pesar de esta contestación y siempre según los datos suministrados por la denunciante, el organismo también le habría expuesto que esa explotación, denominada “LB”, “no cumple con la inscripción en el Registro de Productores Mineros, requerida por el artículo 3 del decreto 3431/93, ni con la Declaración de Impacto Ambiental exigida por el artículo 251 del Código de Minería y decreto 968/97”.
La denunciante aseguró a este medio que a raíz de esa información se habría solicitado “el cese de actividades” hasta cumplimentar lo requerido.
No obstante ello, cabe señalar que la explotación tendría habilitación municipal, según consta en el legajo 17443, serie A, control 3365 expediente L/1049/2000.
La presunta respuesta de la Dirección de Minería cierra con la promesa de “una nueva inspección al predio para constatar la información”.
“Uno ni se imagina lo que producen estas explotaciones. Es increíble la cantidad de camiones y la dimensión de los mismos que salen todos los días. No se entiende cómo se permite”, dijo la vecina. Conocedora del tema, la denunciante auguró “que no ocurra lo mismo que con la tosquera de López, que ahora se cerró y se hizo un barrio cerrado.
Afirmó que desde ese organismo le dieron los detalles de la situación, enumeraron incumplimientos, pero que ese predio tiene habilitación municipal.
En la última sesión del Concejo Deliberante se presentó y aprobó un pedido de informes, dirigido al Departamento Ejecutivo, para que detalle toda la información a su disposición sobre extracción para la comercialización de tierra negra o de relleno y la proveniente de los destapes de las tosqueras. Una consulta basada en la existencia, en diferentes puntos del partido, de esta clase de explotaciones.
Mientras en los bloques de la oposición se aguarda toda la información oficial al respecto, EL CIVISMO accedió a imágenes y pormenores de una denuncia realizada por una vecina, directamente ante la Dirección Provincial de Minería.
Esta presentación, que esquivó las gestiones comunales por simple y sencilla “falta de confianza” en las autoridades comunales para analizar la situación a fondo, apuntaba a acceder a los detalles de la actividad que se desarrolla en una tosquera lindante con la ruta nacional 5, el Instituto Ramayón y a escasa distancia también del barrio Loreto, en Jáuregui.
Después de semanas de espera, la vecina -que por razones personales pidió reserva de identidad- habría recibido respuesta a su denuncia.
Según consta en una nota que habría salido de la Dirección de Minería, lo primero que le aclaran a la denunciante es que “la consulta efectuada debe dirigirse, para obtener una respuesta adecuada, al municipio correspondiente, en razón de que la información solicitada se dirige específicamente a sus órganos propios (Dirección de Planeamiento y Desarrollo, Dirección de Comercio e Industria y Secretaría de Salud y Medio Ambiente). Y está referida a aspectos de la normativa municipal y trámites seguidos ante esas autoridades, a los que esta Dirección resulta completamente ajena”.
A pesar de esta contestación y siempre según los datos suministrados por la denunciante, el organismo también le habría expuesto que esa explotación, denominada “LB”, “no cumple con la inscripción en el Registro de Productores Mineros, requerida por el artículo 3 del decreto 3431/93, ni con la Declaración de Impacto Ambiental exigida por el artículo 251 del Código de Minería y decreto 968/97”.
La denunciante aseguró a este medio que a raíz de esa información se habría solicitado “el cese de actividades” hasta cumplimentar lo requerido.
No obstante ello, cabe señalar que la explotación tendría habilitación municipal, según consta en el legajo 17443, serie A, control 3365 expediente L/1049/2000.
La presunta respuesta de la Dirección de Minería cierra con la promesa de “una nueva inspección al predio para constatar la información”.
“Uno ni se imagina lo que producen estas explotaciones. Es increíble la cantidad de camiones y la dimensión de los mismos que salen todos los días. No se entiende cómo se permite”, dijo la vecina. Conocedora del tema, la denunciante auguró “que no ocurra lo mismo que con la tosquera de López, que ahora se cerró y se hizo un barrio cerrado.
En el gobierno de Sallaberry se intimó a esa explotación en reiteradas ocasiones, pero no se logró nada. Y menos durante la gestión de Prince”. (PUNTO CERO-El Civismo).
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