(La Política OnLine). El intendente de Almirante Brown obliga a los beneficiarios del plan de Cooperativas a portar una “credencial” con su foto y la del secretario de Producción y Desarrollo, encargado de distribuir los fondos que envía el gobierno nacional. La insólita documentación incluye slogans y frases autocelebratorias del jefe comunal, pero evita toda alusión concreta al gobierno de Cristina Kirchner.A cambio de “compromiso y dedicación” y sin ninguna alusión concreta a las autoridades nacionales que lo impulsan, el gobierno municipal del intendente de Almirante Brown Rubén Darío Giustozzi, distribuye los casi 4.000 puestos de empleo del plan “Argentina trabaja” mediante un curioso requisito ideado por la secretaría de Producción y Desarrollo: una tarjeta que deben obtener y luego completar quienes aspiren a trabajar en ese programa.
El salvoconducto para acceder a puestos de trabajo en cooperativas dedicadas a realizar obra pública, lleva la firma del titular del área, Diego Fernández Garrido, y también su fotografía, aunque en un plano inferior a la de su jefe, Giustozzi.
También figura la dirección de correo electrónico del secretario del Intendente y su teléfono celular, en lo que parece un intento porque los desaguisados que protagoniza con las cooperativas de trabajo no lleguen a la prensa.
Apenas la alusión a que “Argentina trabaja” es “implementado (sic) por el gobierno nacional a través del ministerio de Desarrollo Social” es la mención de la tarjeta al oficialismo, sin alusión alguna a que los fondos que el Municipio administra a tal efecto provienen de la gestión que encabeza la presidente Cristina Kirchner.
El texto no deja lugar a dudas: “Ante cualquier inconveniente o duda” solicita comunicarse con Diego Fernández Garrido, que desde hace al menos 90 días atrás viene siendo cuestionado por la oposición legislativa y por miembros de cooperativas de trabajo inscriptos en otros planes oficiales por un supuesto manejo arbitrario de los recursos destinados al pago de salarios.
Una ventana a esa realidad que fue abierta por el Municipio el pasado 13 de agosto con el cese intempestivo del piquetero David Coronel del pasado, coordinador del programa de cooperativas “Agua + trabajo”, a quien Giustozzi despidió por un decreto que dispuso materializar mediante una comitiva de personal policial que literalmente desalojó al funcionario de su despacho.
Aunque su correntada se hizo ya sentir con “Argentina trabaja” tras una multitudinaria y tumultuosa asamblea en las instalaciones del club Brown de Adrogue, a donde fueron convocados los titulares de cooperativas para poner en marcha este programa y que no dejó satisfecho casi a ninguno pero muy en especial a los grupos piqueteros oficiales.
Con esa experiencia, Fernández Garrido se inclinó por una práctica menos aglutinante y más selectiva. La entrega de una tarjeta, como paso posterior a la inscripción realizada “la Bolsa de trabajo” municipal o “en carpas barriales.” Dicho de otro modo: el acceso al salvoconducto no es libre, se entrega en dependencia de la secretaría de Producción y Desarrollo.
Bajo la rueda
El comportamiento político de Giustozzi es observado con atención por el kirchnerismo desde antes de las elecciones del pasado 28 de junio, cuando el Intendente excluyó de su campaña menciones a la candidatura a diputado nacional de Néstor Kirchner y cualquier alusión a la gestión de su esposa.
Ese personalismo se deja entrever, de nuevo, en la tarjeta: “Giustozzi sabe de tu necesidad de trabajo. Es por eso que te estamos convocando”, advierte el texto, en apariencias, redactado por Fernández Garrido.
Desde el ministerio de Desarrollo Social que comanda Alicia Kirchner fueron enviadas auditorías para supervisar los controles administrativos sobre las cooperativas que, de forma exclusiva, recae en el municipio de Almirante Brown, lo que terminó de poner nervioso a otros funcionarios. Como Daniel Bolettieri, secretario de Infraestructura y Servicios, que propuso tercerizar el control del convenio entre la cartera asistencialista y el gobierno municipal.
El desaguisado derivó en un presunto plan de Giustozzi para quitar el manejo de las cooperativas de trabajo a Fernández Garrido, que no se limita a la administración de las financiadas por programas nacionales, sino que cuenta con presupuesto para organizar otras que se encargan del embellecimiento de cordones y entradas de autos con un colorido látex amarillo.
Bolettieri se arroga la supuesta responsabilidad delegada por el Intendente para ejecutar ese plan. El Presupuesto Municipal del 2010 no ofrece indicios en ese sentido: Producción y Desarrolló incrementó en 2,5 millones de pesos su presupuesto para el año entrante con relación al anterior.
Disputa política
Fernández Garrido y Bolettieri se disputan el primer lugar de la lista de candidatos a concejales del oficialismo para las elecciones del 2011, al aliento que les ofrecería la versión que el propio Giustozzi les proporciona: su eventual partida del Municipio para ocupar un lugar de la fórmula que dipute la gobernación de la provincia de Buenos Aires.
Entre íntimos, suele confesar que “el cargo de vicegobernador” es el más conveniente pues no lo obligaría a fijar residencia en la ciudad de La Plata y entonces podría ocupar la suntuosa casona de la calle Ferrari al 500, en Adrogué, cuya propiedad se le atribuye, por la que habría abonado medio millón de dólares.
La puja por el primer lugar de la lista de concejales podría deparar una sorpresa a los funcionarios sometidos a cincha: Giustozzi evalúa reservar ese lugar para su secretario privado y ex compañero de aventuras deportivas en Saladillo, Fernando Silvestre, quien cuenta con los dos años de residencia en el distrito que exige la ley para ser candidato.
Como reveló LPO, a Silvestre se lo sindica también como propietario de un chalet en dos plantes en Soler 50, de la exclusiva zona inmobiliaria de Adrogué Chico, tasado en alrededor de 350.000 dólares.
El salvoconducto para acceder a puestos de trabajo en cooperativas dedicadas a realizar obra pública, lleva la firma del titular del área, Diego Fernández Garrido, y también su fotografía, aunque en un plano inferior a la de su jefe, Giustozzi.
También figura la dirección de correo electrónico del secretario del Intendente y su teléfono celular, en lo que parece un intento porque los desaguisados que protagoniza con las cooperativas de trabajo no lleguen a la prensa.
Apenas la alusión a que “Argentina trabaja” es “implementado (sic) por el gobierno nacional a través del ministerio de Desarrollo Social” es la mención de la tarjeta al oficialismo, sin alusión alguna a que los fondos que el Municipio administra a tal efecto provienen de la gestión que encabeza la presidente Cristina Kirchner.
El texto no deja lugar a dudas: “Ante cualquier inconveniente o duda” solicita comunicarse con Diego Fernández Garrido, que desde hace al menos 90 días atrás viene siendo cuestionado por la oposición legislativa y por miembros de cooperativas de trabajo inscriptos en otros planes oficiales por un supuesto manejo arbitrario de los recursos destinados al pago de salarios.
Una ventana a esa realidad que fue abierta por el Municipio el pasado 13 de agosto con el cese intempestivo del piquetero David Coronel del pasado, coordinador del programa de cooperativas “Agua + trabajo”, a quien Giustozzi despidió por un decreto que dispuso materializar mediante una comitiva de personal policial que literalmente desalojó al funcionario de su despacho.
Aunque su correntada se hizo ya sentir con “Argentina trabaja” tras una multitudinaria y tumultuosa asamblea en las instalaciones del club Brown de Adrogue, a donde fueron convocados los titulares de cooperativas para poner en marcha este programa y que no dejó satisfecho casi a ninguno pero muy en especial a los grupos piqueteros oficiales.
Con esa experiencia, Fernández Garrido se inclinó por una práctica menos aglutinante y más selectiva. La entrega de una tarjeta, como paso posterior a la inscripción realizada “la Bolsa de trabajo” municipal o “en carpas barriales.” Dicho de otro modo: el acceso al salvoconducto no es libre, se entrega en dependencia de la secretaría de Producción y Desarrollo.
Bajo la rueda
El comportamiento político de Giustozzi es observado con atención por el kirchnerismo desde antes de las elecciones del pasado 28 de junio, cuando el Intendente excluyó de su campaña menciones a la candidatura a diputado nacional de Néstor Kirchner y cualquier alusión a la gestión de su esposa.
Ese personalismo se deja entrever, de nuevo, en la tarjeta: “Giustozzi sabe de tu necesidad de trabajo. Es por eso que te estamos convocando”, advierte el texto, en apariencias, redactado por Fernández Garrido.
Desde el ministerio de Desarrollo Social que comanda Alicia Kirchner fueron enviadas auditorías para supervisar los controles administrativos sobre las cooperativas que, de forma exclusiva, recae en el municipio de Almirante Brown, lo que terminó de poner nervioso a otros funcionarios. Como Daniel Bolettieri, secretario de Infraestructura y Servicios, que propuso tercerizar el control del convenio entre la cartera asistencialista y el gobierno municipal.
El desaguisado derivó en un presunto plan de Giustozzi para quitar el manejo de las cooperativas de trabajo a Fernández Garrido, que no se limita a la administración de las financiadas por programas nacionales, sino que cuenta con presupuesto para organizar otras que se encargan del embellecimiento de cordones y entradas de autos con un colorido látex amarillo.
Bolettieri se arroga la supuesta responsabilidad delegada por el Intendente para ejecutar ese plan. El Presupuesto Municipal del 2010 no ofrece indicios en ese sentido: Producción y Desarrolló incrementó en 2,5 millones de pesos su presupuesto para el año entrante con relación al anterior.
Disputa política
Fernández Garrido y Bolettieri se disputan el primer lugar de la lista de candidatos a concejales del oficialismo para las elecciones del 2011, al aliento que les ofrecería la versión que el propio Giustozzi les proporciona: su eventual partida del Municipio para ocupar un lugar de la fórmula que dipute la gobernación de la provincia de Buenos Aires.
Entre íntimos, suele confesar que “el cargo de vicegobernador” es el más conveniente pues no lo obligaría a fijar residencia en la ciudad de La Plata y entonces podría ocupar la suntuosa casona de la calle Ferrari al 500, en Adrogué, cuya propiedad se le atribuye, por la que habría abonado medio millón de dólares.
La puja por el primer lugar de la lista de concejales podría deparar una sorpresa a los funcionarios sometidos a cincha: Giustozzi evalúa reservar ese lugar para su secretario privado y ex compañero de aventuras deportivas en Saladillo, Fernando Silvestre, quien cuenta con los dos años de residencia en el distrito que exige la ley para ser candidato.
Como reveló LPO, a Silvestre se lo sindica también como propietario de un chalet en dos plantes en Soler 50, de la exclusiva zona inmobiliaria de Adrogué Chico, tasado en alrededor de 350.000 dólares.
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