Se trata de uniformados de la Policía bonaerense, acusados por severos hechos de corrupción cometidos a partir de un allanamiento que tuvo lugar el 21 de octubre del año pasado en una vivienda ubicada en el sector norte de la ciudad. La fiscalía marcó graves irregularidades en los procedimientos, desde pedidos de coimas hasta el armado de una causa. Por el momento solo tres de los imputados fueron detenidos, buscan a los dos restantes. Los implicados son Jorge Porsella, José Sosa, Facundo Rodríguez, Rolando Morales y Fernando Pardo.
La fiscal Virginia Bravo titular de la UFI 7 de La Plata pidió días atrás la detención de cinco agentes policiales que en el año 2017 se desempeñaron en la Comisaría 12 de Villa Elisa. Este lunes el juez Jorge Moya Panisello ordenó que la captura de los uniformados se haga efectiva conforme a graves hechos imputados por Bravo, en el marco de una investigación que se robusteció con testimonios aportados por testigos.
Según el expediente judicial al que accedió ANDigital, “el día 21 de octubre de 2017, siendo aproximadamente las dos de la tarde y en circunstancias en que dos sujetos se encontraban en un domicilio de calle 423 entre 12 y Arroyo Carnaval de Villa Elisa junto con una tercera persona (acusada de vender estupefacientes), cuatro efectivos policiales de la Seccional Decimosegunda irrumpieron sin orden judicial que lo avalara, los redujeron y esposaron para luego revisar el lugar a la par que los amenazaron, con el fin de que incriminaran a una persona apodada Quechula”.
La fiscal tiene por probado que los efectivos policiales llevaron a los tres hombres hacia afuera de la casa y que habiendo transcurrido aproximadamente una hora, los policías retiraron del lugar al vendedor de drogas a quien liberarían (cuanto menos discrecionalmente) no promoviendo investigación alguna contra él. Según se lee en la causa: “Los ahora imputados habiendo convocado a un testigo, le refirieron a este último que eran tres personas las que estaban detenidas y que un sujeto fue perseguido pero que no había sido capturado pudiendo escapar por su cuenta”.
En la acusación se sostiene que una vez en la dependencia los uniformados confeccionaron un acta de procedimiento falsa y en la misma indicaron que los tres detenidos habían sido aprehendidos en circunstancias en que estaban comercializando droga.
Además la fiscalía acusa a los policías de haberse robado de la casa una suma de mil pesos en efectivo y conforme a la imputación les endilga a los funcionarios públicos el pedido de sobornos a los tres demorados para poder beneficiarlos.
“Luego de transcurrida casi una hora y en esas circunstancias convocarían a un testigo para requisar un rodado en el que previamente habrían colocado estupefacientes para incriminar a una persona. La diligencia que culminara con aprehensión del señor XXXX fue plasmada en un acta falsaria”, sostiene la fiscal Bravo.
Con este fuerte marco investigativo se promovieron acusaciones legales en sede judicial por dos hechos, el primero se dio por: “Abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad agravada, incumplimiento del deber de promover la persecución penal y falsedad ideológica.
Respecto al segundo hecho: “Abuso de Autoridad, privación ilegal de la libertad agravada, allanamiento ilegal, hurto agravado por ser cometido por miembros de la fuerza policial, tentativa de extorsión, y falsedad ideológica de instrumento público.
Los detenidos serían indagados en las próximas horas y su situación procesal quedó muy comprometida. (ANDigital).
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