Un operativo en el que se incautó carne que iba a ser exportada de manera irregular se realizó a mediados de julio. Luego, el Ministerio de Desarrollo Social colaboró con la logística para que fuera donado a 40 espacios que brindan alimentos a familias en situación de vulnerabilidad.
En un procedimiento realizado el 12 de julio pasado, el gobierno nacional decomisó 30.545 kilogramos de cortes de carne vacuna que estaba destinada a la exportación, y previa verificación del estado higiénico sanitario y de su aptitud para ser destinada al consumo humano, resolvió su donación a comedores comunitarios. Entre el miércoles 14 y el jueves 15, dos camiones frigoríficos distribuyeron las 1230 cajas de carne congelada en 40 lugares designados por el Ministerio de Desarrollo Social para recibir la donación.
Trabajadores de las reparticiones oficiales participantes en el operativo (Senasa y los ministros de Agricultura y de Desarrollo Social) describen el momento en que los recibían en los comedores comunitarios sin poder evitar emocionarse. “En una parroquia, cuando empezamos a bajar las cajas, las monjitas se abrazaban y una le decía a otra, entre lágrimas; ¿Viste? ¿Viste que iban a venir, que era cierto lo de la donación? Claro, si muchos de los pibes que comen ahí es seguro que va a ser la primera vez que coman carne vacuna”, relató uno de los encargados de la distribución.
Los 40 comedores o centros comunitarios receptores de las donaciones fueron seleccionados por el Ministerio de Desarrollo Social. Con admirables reflejos, en 48 horas se puso en marcha el operativo de distribución. Se trata de puntos geográficos en CABA y en el conurbano bonaerense. El Ministerio de Agricultura dispuso de dos camiones frigoríficos habilitados por Senasa, de modo de no cortar la cadena de frío hasta que fueran entregados.
Villas y barrios humildes de la Ciudad de Buenos Aires (Bajo Flores, Barracas, Lugano-Soldati, Boedo, entre otros), barrios carenciados muy humildes de San Miguel, San Fernando, Varela, Ezeiza, José León Suárez, José C. Paz, Tigre, Quilmes, Lanúz, Villa Domínico, Merlo, Berazategui, Moreno, La Matanza, y varios más, fueron los destinatarios de la preciada carga.
Fueron 1230 cajas con un peso promedio de productos de 24 kg cada una, conteniendo cortes de asado, vacío, marucha, entre otros, envasados y dispuestos para su exportación. Cada comedor fue informado previamente de la donación para que hubiera un responsable de su recepción, que pudiera verificar lo que le entregaban y lo acreditara con su firma.
Los transportistas iban acompañados de personal del Senasa y de ambos ministerios participantes para controlar y supervisar todo el operativo. Varios de los 40 comedores comunitarios receptores, por ser referencias de otros puntos de distribución de alimentos en sus respectivas zonas, derivaron a su vez parte de la carga a otros comedores. Con lo cual, se calcula que fueron en total entre 100 y 200 los puntos comunitarios efectivamente alcanzados por la donación de la mercadería decomisada.
Como parte de los resultados de los operativos de inspección a establecimientos frigoríficos que el Ministerio de Agricultura y Ganadería puso en marcha a partir de comienzos de año, se dispuso por parte de Senasa “la intervención” de mercadería depósitada en los establecimientos operados por Santa Faz S.A. en la localidad de José C. Paz, y por Bajo Cero S.A. en la localidad de Ituzaingó. La mercadería intervenida consistía en carne envasada para exportación, por un total de 30.455 kilogramos, dispuesta en 1230 cajas de aproximadamente 24 kg de producto neto en cada una (224 cajas en Santa Faz y 1006 en Bajo Cero).
Las autoridades constataron que “dicha mercadería había sido producida para su exportación, consistiendo en cortes congelados obtenidos a partir de medias reses y cuartos delanteros vacunos de los que aparece como adquirente original la firma Huachana S.A. (C.U.I.T. Nº 30-69974049-3), la cual nunca contó con inscripciones en el Registro Unico de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA) en ningún rubro relacionado con el mercado de ganados, carnes, sus productos y subproductos”, según señala la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario.
“No estando la misma habilitada para comercializar y, menos aun, para exportar mercadería de esa índole, motivó que se solicitara al Servicio Nacional de Sanidad Animal la intervención sobre la mercadería”, señala la disposición de la DNCCA que firma su titular, Luciano Zarich.
La intervención fue dispuesta por el Senasa el 16 de marzo de este año. “Transcurridos más de tres meses desde la intervención de dicha mercadería y pese a los reiterados y conducentes intentos de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario por determinar el origen lícito y la propiedad de la misma, ello sigue siendo desconocido. Con lo cual la misma reviste el carácter de “res nullius”, de cosa sin dueño”, señala la resolución emanada de la DNCCA el 12 de julio.
“Por otra parte, no habiéndose acreditado la identidad del propietario de dicha mercadería ni, consecuentemente, su origen lícito, es de aplicación al caso lo normado en el Artículo 27, inciso c), 2° párrafo de la Ley N° 21.740”, esto es, “el decomiso de la mercadería (ganados y carnes, sus productos y subproductos) cuando no se justifique el origen lícito, o cuando se invoque o exhiba, con relación a ella, documentación falsa o adulterada”.
De forma tal que, por Disposición 64/2021 de la DNCCA, se resolvió el decomiso de la mercadería y que sea “entregada a un organismo oficial o entidad de beneficencia con el objetivo de ser destinada a un fin socialmente útil”. El organismo elegido fue el Ministerio de Desarrollo Social y su fin socialmente útil, su reparto en comedores comunitarios.
Lo que no tiene explicación lógica en la observación simple de los hechos, tiene interpretación en el relato de actores del negocio del que se trata. ¿Para que prepararía un frigorífico un volumen de carne embalada y preparada para exportar, si no cuenta ni tramita siquiera la autorización para operar en ese rubro?, consultó este diario a alguien que es parte de esta actividad. “Usualmente, este tipo de actividades están vinculadas a operaciones de contrabando; por ejemplo, cruzarlas a Uruguay sin declarar para, desde allí, exportarlas sin tanto requisitos a China, que según parece era el destino de estas cajas”, señaló el experto consultado. “¿No te llama más la atención que, habiéndoles intervenido la mercadería en marzo, pasaran tres meses y ni siquiera se presentaron a reclamarla? Es como el ladrón que huye de la escena del robo y deja parte del botín antes que lo agarren. ¿Va a volver a reclamarlo?”, graficó.
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