El Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de San Isidro para que se investigue por asociación ilícita a organizadores de una red clandestina dedicada a captar personas que padecen adicciones, con el fin de estafar a sus familiares pidiéndoles dinero a cambio de un supuesto tratamiento de rehabilitación que, en cambio, los reducía a la servidumbre en condiciones infrahumanas.
Según informa la Defensoría en su sitio web oficial, la presentación fue realizada luego de que se detectara que un grupo de personas simulaba dirigir comunidades terapéuticas en la zona de Pilar para pacientes con consumos problemáticos y, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad, procedían a su secuestro y privación ilegítima de la libertad, manteniéndolas en graves condiciones de encierro, hacinamiento y dopaje compulsivo.
“Esta situación es una clara violación a los derechos humanos, que atenta contra la vida y la libertad. Esto no sólo genera consecuencias en la salud física, sino también afecta la salud mental de estas personas, causando daños irreparables”, manifestó el Defensor del Pueblo, quien además preside el Órgano de Revisión Local de la Ley Nacional de Salud Mental.
Además, recordó que “la Defensoría viene trabajando para denunciar este tipo de delitos que atentan contra la vida de miles de personas, en su gran mayoría jóvenes”.
Esta actuación se enmarca dentro de la nueva norma presentada en noviembre de 2021 por el Ministerio de Salud bonaerense para regular la habilitación y fiscalización sanitaria de instituciones de salud mental y consumos problemáticos.
“Esta decisión también se viene trabajando en la mesa interministerial impulsada por el Ministerio de Salud, donde participamos junto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, coordinando acciones que mejoren los estándares de cuidado para aquellas personas con padecimientos. Y también para que se fortalezca y visibilice las instituciones ajustadas a derecho y persiga aquellas que los vulneran”, explicó Lorenzino.
Al respecto de la denuncia realizada, el Defensor aclaró que no sólo se funda en el daño a la salud, sino también a las estafas sufridas por las familias a quienes se les pedía importantes sumas de dinero a cambio de una internación en supuestas comunidades terapéuticas que, en realidad, operaban clandestinamente en la zona de Pilar.
En ese contexto, los jóvenes eran privados de su libertad y aislados sin posibilidad de contacto con el exterior, manteniéndolos en graves condiciones de encierro, dopaje compulsivo y reducidos a la servidumbre.
En febrero de este año, una de esas comunidades clandestinas -Resiliencia San Fernando, de La Lonja- se incendió provocando la muerte de 4 internos. Por el caso fueron detenidos el codirector de la comunidad, Alejandro Merenson, la vicedirectora Eliana Wadrick, la funcionaria administrativa Alejandra Machado, el psiquiatra Fabián Samsolo y la psicóloga Alejandra General. Se suman al director del centro, Alan Emmanuel Cambra, que ya estaba detenido desde pocos días después del siniestro.
Los detenidos por orden del juez de Pilar Nicolás Ceballos, a pedido del fiscal Germán Camafreitas, están acusados por homicidio, asociación ilícita, estafa y reducción a la servidumbre.
Se suman a una serie de denuncias realizadas por el periodista Pablo Galfré quien investigó las condiciones de las llamadas “granjas de rehabilitación” en su libro La Comunidad.
A partir de sus revelaciones, que incluyen más de una docena de muertes evitables o en circunstancias dudosas ocurridas en los últimos años, fueron clausuradas las comunidades San Camilo y San Antonio, además de la condena por homicidio culposo al responsable del suicidio de Saulo Rojas en la primera.
Caso testigo
A principios de agosto último, el Juzgado en los Correccional Nº 4 de San Isidro condenó a la pena de 3 años de prisión a Ángel Oscar Suñez por considerarlo penalmente responsable del homicidio culposo de Saulo Rojas, ocurrido en 2013 en un centro terapéutico de Pilar, donde la víctima estaba internada para tratar su consumo problemático de drogas.
El fallo también le fija al condenado una inhabilitación especial de 10 años para “controlar personas internadas en instituciones públicas o privadas”.
Se trata de un caso testigo, ya que fue la primera condena efectiva en el país por una muerte ocurrida dentro de una comunidad terapéutica. (Pilar a Diario).
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