La causa había sido archivada, pero ahora el ex jefe comunal pidió ser sobreseído. La Cámara Federal dijo que "luego de seis años de actividad instructoria, no hay disposición normativa alguna que respalde un archivo" y por eso pidió al juez Lijo que volviera a expedirse.
El ex intendente de Merlo, Raúl Othacehé, quedó a un paso del sobreseimiento definitivo en una causa en la que fue investigado durante seis años por presuntas irregularidades en un plan de construcción de 340 viviendas y por supuesto enriquecimiento ilícito.
La Cámara Federal anuló un fallo del juez Ariel Lijo, quien había decidido “archivar” la causa, tras no encontrar elementos que le permitieran establecer que Othacehé hubiera cometido algún delito. Pero la defensa del ex intendente, a cargo de Ricardo Klass y Edgar Schiavone, apeló la medida de Lijo, (que incluía encomendar a un tribunal de Morón que continuara investigando un eventual enriquecimiento ilícito desvinculado del plan de viviendas) y exigió el sobreseimiento.
Othacehé estaba acusado por presuntas “irregularidades en el manejo de los fondos públicos que el Ministerio de Planificación Federal entregó al Municipio de Merlo en el marco del convenio particular celebrado en el año 2010 para la construcción de viviendas como parte del Subprograma Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios en Riesgo Ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo”.
“Debía determinarse si, conforme lo denunciado, las sumas transferidas entre el período abril 2012 a junio 2015 habían sido desviadas de su destino hacia el patrimonio del entonces intendente, Raúl Othacehé y el de su entorno familiar”, explica el fallo.
El camarista Roberto Boico, quien lideró la votación, expresó: “Si como dice el juez, no ha logrado corroborarse irregularidad alguna en la administración de los fondos públicos, correspondía dar por concluida la encuesta a este respecto”.
“Dicho cierre no podía ser otro que aquél normativizado por el artículo 336 del ritual (sobreseimiento del imputado) pues, a esta altura de la causa, luego de seis años de actividad instructoria, no hay disposición normativa alguna que respalde un archivo”, añadió.
Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah, con sus argumentos, coincidieron en que el fallo de Lijo es “nulo” y, en consecuencia, le ordenaron que realice un nuevo pronunciamiento. (NA).
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