La modificación dispuesta por el área que encabeza Pablo Lavigne consiste en que los comercios que cuenten con la posibilidad de pagar con tarjetas, deberán ofrecer una terminal inalámbrica para realizar el cobro en frente de los clientes y no podrán retener el plástico ni el DNI en ningún momento, ya que la operación tendrá que ser ejecutada por el propio consumidor.
De esta manera, desde la secretaría resaltaron que “se reduce hasta cuatro veces la posibilidad de que se produzcan estafas”, indicando “que los clientes estén en permanente contacto con su tarjeta de débito o crédito reducirá la posibilidad de maniobras de vulneración de datos y estafas”.
El texto oficial determinó que “todos los establecimientos comerciales que acepten para la realización de sus transacciones comerciales tarjetas de crédito, compra o débito en los términos del Artículo 1° de la Ley N° 25.065 y sus modificaciones, y operen con terminales electrónicas para el pago de las operaciones realizadas (terminales de captura de datos o “POS”), deberán poner a disposición del consumidor las mismas de modo tal que, en ningún momento, pierda el control o quede desapoderado de su tarjeta, ni aún momentáneamente, hasta la completa finalización de la operación”.
El nuevo parámetro tendrá un periodo de adaptación para que los comercios puedan acondicionar los medios pertinentes para cumplir con la normativa, por lo que se estableció “un plazo de adecuación de 180 días contados a partir de su entrada en vigencia, a efectos de que los proveedores adapten los servicios de atención al cliente de acuerdo a lo establecido en la presente resolución”.
Desde Comercio explicaron la decisión en respuesta a reducir los casos de estafas, ya que “resulta de público y notorio conocimiento la reiteración de hechos de fraude informático en el mercado consistentes en capturar los datos de los consumidores contenidos en sus tarjetas de crédito, compra o débito, que, con posterioridad, son utilizados para la comisión de hechos ilícitos generando, en muchos casos, graves perjuicios para los intereses económicos de los consumidores”.
En este sentido, en la Resolución se remarcó que “el hecho de que el consumidor pierda el control respecto del uso de su tarjeta de crédito, compra o débito, o quede desapoderado de la misma, aún temporariamente, cuando realiza una compra o locación de bienes o servicios, ha dado lugar a la apropiación indebida de datos del consumidor para consumar hechos de fraude”.
Asimismo, desde la secretaría dependiente del Ministerio de Economía consideraron que “el adecuado funcionamiento del mercado tiene como pilar fundamental, entre otros extremos, que los bienes provistos en él revistan la máxima seguridad para los consumidores, en cuanto a su utilización y funcionalidad”.
A raíz de esto, en el documento oficial sostuvo que “resulta pertinente y necesario establecer criterios para que el consumidor, en cuanto a la utilización de su tarjeta, no pierda el control de la misma en ningún momento de la transacción, lo que reducirá la posibilidad de la captura indebida de sus datos, o su uso fraudulento”.
Al mismo tiempo, desde Comercio precisaron que durante el desarrollo del último Consejo Federal de Consumo, los representantes de todas las provincias mostraron su preocupación por este tema y manifestaron su apoyo a la medida a implementar.
De acuerdo a las estadísticas del área, en 2023 hubo casi 7 mil denuncias ante la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor por fraudes y estafas en servicios financieros.
En este sentido, recordaron que en caso de inconvenientes, las denuncias pueden realizarse ingresando a la web de la dependencia estatal o a través las redes sociales de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor: @DNDConsumidor, tanto en X, como en Instagram y Facebook. (NA)
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