Los secretarios generales de la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, Hugo "Cachorro" Godoy y Hugo Yasky, presentaron una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y el titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Sergio Neiffert, por presuntas maniobras de espionaje ilegal.
La presentación fue realizada ante la Justicia federal tras la publicación de una investigación del periodista Hugo Alconada Mon en el diario La Nación, que reveló la existencia de informes secretos elaborados por la SIDE. Los documentos detallaban el seguimiento de actividades políticas, gremiales y culturales completamente legales, como marchas de jubilados, protestas sindicales y actos públicos.
Los informes: marchas, dirigentes y rutas monitoreadas
Según la denuncia, los documentos internos de inteligencia incluyeron datos precisos sobre fechas, horarios, recorridos y nombres de dirigentes involucrados en las actividades monitoreadas. Lo llamativo es que no se mencionan amenazas a la seguridad nacional, lo que convierte al espionaje en una práctica ilegal e inconstitucional, según sostienen las centrales sindicales.
“La SIDE se dedicó a mapear y anticipar acciones opositoras”, cuestionaron Yasky y Godoy. Las CTA señalan que este accionar viola la Ley de Inteligencia Nacional (Ley Nº 25.520) y atenta contra derechos fundamentales como la privacidad, la libertad de expresión y la participación política.
“Gravedad institucional”: el reclamo de las CTA
Ambas CTA están mencionadas en los informes junto a otras organizaciones del movimiento obrero y social. En la denuncia remarcan que no hay ninguna justificación legal ni judicial para realizar tareas de espionaje sobre opositores políticos o sindicales.
“Este accionar remite a lo peor del pasado autoritario de nuestro país”, señalaron los dirigentes sindicales. Para las CTA, se trata de un hecho de extrema gravedad institucional que pone en riesgo las garantías democráticas del Estado de Derecho.
Además, exigen que se determine si los informes fueron realizados por orden judicial. En caso contrario, solicitan que se investigue la responsabilidad penal de los funcionarios involucrados, incluido el propio presidente Javier Milei.
Pedido de ser querellantes y seguimiento de la causa
En el escrito presentado ante la Justicia federal, las centrales sindicales también solicitaron ser notificadas formalmente sobre el avance del expediente. El objetivo es poder constituirse como querellantes en representación de los trabajadores y trabajadoras que podrían haber sido víctimas del espionaje ilegal.
“Espiar a opositores, sindicatos y movimientos sociales con fines políticos es absolutamente inaceptable”, remarcaron desde las CTA. El caso ahora quedó en manos del Poder Judicial, que deberá determinar si se violaron leyes y garantías constitucionales, y qué grado de responsabilidad tienen los funcionarios señalados por las organizaciones sindicales. (GLP).
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