Mi deber como diputada nacional es efectuar una denuncia cuando estoy en presencia de un posible delito. No soy juez o fiscal para juzgar a nadie. Cuando tomé conocimiento de hechos que podían constituir delitos en la suscripción de convenios entre el Ministerio de Energía y Minería de la Nación y la UTN (Universidad Tecnológica Nacional) Regional Venado Tuerto, con la intervención de una ONG de dicha ciudad, puse en conocimiento de la Justicia y posteriormente la causa fue impulsada por el fiscal Franco Picardi y la instruye el Juez Sebastián Casanello.
Ahora bien, me llama la atención la supuesta aclaración efectuada por el Sr. Ministro de Energía y Minería.
A mí no me pesa que un gobierno elegido democráticamente se maneje bajo los estándares de transparencia. Todo lo contrario, lo celebro y lo apoyo. Lo que sucede es que cuando los funcionarios públicos en lugar de elegir cambiar las prácticas irregulares, cuestionadas y denunciadas en múltiples oportunidades, deciden continuar con las mismas en contra de lo prometido a la ciudadanía, siento que debo no solo alertar sobre esta desviación sino también denunciarlas. Máxime cuando se repiten maniobras que la justicia se encuentra juzgando, con la conmoción que ello significa para la ciudadanía.
Invito al Sr. Ministro a leer el llamado a indagatoria que se efectuara en el marco de la causa conocida como Rio Turbio donde recientemente se dispuso la detención de Julio De Vido. En primer lugar, allí los denunciantes, es decir los interventores de YCRT, atacaban un convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica entre el YCRT y la UTN cuyo aparente objeto resultó ser la cooperación entre ambas instituciones, en particular la prestación de cursos de capacitación, trabajos de investigación, asistencia técnica y profesional por parte de la UTN al YCRT en temas vinculados a esa área, dictados por dicha Universidad, así como todo tipo de apoyo profesional y técnico. Ahora invito también a leer los convenios suscriptos por el actual gobierno y advertir, tal como hice yo, que son idénticos.
En el marco de la causa Rio Turbio, la SIGEN realizo una auditoria y allí pudo determinar que el convenio realizado entre el Ministerio, la Universidad y la Fundación, implicaba que recibieran una retribución del 10% sobre el valor de los contratos que ejecutara la Facultad y concluye que así triangulaban las prestaciones contratadas y eludían los procedimientos de selección que fija la normativa vigente. Me pregunto por qué en el caso de De Vido era una triangulación que eludía los procedimientos y en el caso del Señor Ministro Aranguren es legal y de acuerdo a una práctica habitual de la administración pública.
No puedo a esta altura y pese a las aclaraciones brindadas, encontrar las diferencias con las prácticas llevadas a cabo por el kirchnerismo, donde se multiplicaron los convenios con diferentes universidades nacionales que permitieron, en muchos casos, “ejecutar programas” de diverso interés que simplemente permitieron liquidar facturas por servicios contratados sin licitación y con un laxo control. Hay múltiples ejemplos de casos que derivaron en denuncias penales. No voy a extenderme en relatarlas.
¿Si usted puede comprar en un negocio que está en la misma cuadra de su casa un insumo que necesita y pagar por el mismo $100, va a elegir contratar a un tercero (que vive a miles de kms de su casa) para que vaya a ese negocio y compre el insumo que necesita y por esa gestión le cobre un porcentaje? ¿No resultaría acaso perjudicial para su economía hogareña pagar de más por algo que usted puede comprar directamente? El mismo ejemplo se puede tomar con relación a los empleados que el Ministro menciona en su descargo: ¿acaso usted prefiere pagar de más para contratar empleados, pero con la garantía de poder tenerlos contratados en negro sin ningún tipo de beneficio social ni sindical ni vacaciones ni aguinaldo? Yo le pregunto al Sr. Ministro ¿si le parece bien que los empleados del Estado se encuentren precarizados? ¿Le pregunto si le parece bien que existan empleados con más de 15 años de antigüedad en su ministerio, que deban seguir facturando por sus servicios como un monotributista y debiendo suscribir diferentes contratos con las universidades o asociaciones amigas del funcionario de turno?
Quiero destacar una frase utilizada por el magistrado de la causa de Rio Turbio. Quizá pueda alertar sobre este tipo de contrataciones para revertirlas a futuro. El magistrado afirma: “En consecuencia, es posible advertir que la triangulación contractual realizada entre YCRT, la Facultad y la Fundación –constituida por miembros de la propia Facultad-, permitieron la disposición de fondos públicos sorteando “los diversos controles en materia de contratación”, generando así un perjuicio a las arcas del Estado Nacional”.
No he afirmado yo que el gobierno actual sea lo mismo que el anterior. Pero sí puedo asegurar que, en este caso como en varios otros, se repiten malas prácticas, se eluden normas y se violentan procedimientos preestablecidos. Y que todo ello importa una degradación de las instituciones que se habían prometido restaurar.
En el caso de la contratación de universidades públicas y asociaciones privadas usadas para el desvío de fondos en la contratación de servicios personales, no hay diferencias de procedimientos. Las hay en cuanto al volumen del dinero que se ha manejado en ambos casos, detectado en el gobierno anterior luego de más de una década pero que son parte de éste desde su inicio.
De ninguna manera mi posición frente a la repetición de prácticas debe ser interpretada como una convalidación de lo que se venía realizando desde el gobierno anterior. Ni que esa crítica pueda ser entendida como un intento de asimilar en otras cuestiones a un gobierno como a otro. Debe estar claro que los cuestionamientos que he formulado tienen que ver con una práctica irregular que se repite sin justificación alguna. Porque lo que debió haber hecho cualquier gobierno post kirchnerista era extremar las medidas de prolijidad y diferenciación en el manejo de los recursos públicos y la facilitación de los negocios privados.
Las causas por las que Julio De Vido está bien detenido exceden absolutamente el marco de los convenios firmados con universidades. Pero todos ellos están siendo investigados por constituir un apartamiento del marco de legalidad que debe tener la administración pública.
