Dispuso una medida cautelar y obligó a que el Ejecutivo se abstenga de aplicar cesantías a 1.000 trabajadores hasta que una comisión revisora establezca la situación particular de cada uno.
La justicia en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires dispuso una medida cautelar y obligó al gobierno de Mauricio Macri a que se abstenga de aplicar cesantías a 1.000 trabajadores de esa administración.
La decisión judicial también de terminó que el Gobierno porteño deberá mantener la relación laboral con esos empleados y abonar los salarios respectivos hasta que una comisión revisora se expida sobre la situación del millar de trabajadores. Los empleados están imputados por las autoridades por presuntas inasistencias, publica el diario BAE.
En este marco, donde están incluidos trabajadores de planta permanente y contratados, el gremio ATE (Asociación de Trabajadores del Estado, de la Capital Federal) denunció en enero “el avasallamiento de los derechos de los empleados” y también “arbitrariedades para intentar justificar las cesantías”, según lo reflejaron diferentes medios de prensa.
El secretario adjunto de ATE-Capital, Rodol fo Arrechea, junto al abogado Lucas Arakaki acudieron al Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 10, a cargo del juez Hugo Zuleta, para requerir su intervención en el caso de los despidos y el viernes pasado ese tribunal hizo lu gar a la solicitud de los representantes de los trabajadores, considerando procedente lo requerido por ATE.
Mientras tanto, para el Gobierno de Buenos Aires existen inasistencias injustificadas, caso contemplado en la ley 471, artículo 48, inciso b), el cual refiere a las ausencias “que excedan los 15 días en el lapso de los 12 meses inmediatos anteriores”.
En diálogo con Buenos Aires Económico, Arakaki señaló que la decisión judicial “no sólo coloca un freno a los despidos sino que marca un punto de inflexión, para analizar en qué condiciones se intentan justificar estas cesantías, porque desde el 2007, incluso dando a publicidad las listas de los trabajadores, el Gobierno porteño se vale de los medios de prensa para ‘notificar’ sobre decisiones similares al personal, en una actitud inadmisible y fuera de todo contexto legal”.
A criterio del letrado, más allá de la medida cautelar que aplicó la Justicia, para que la administración porteña se abstenga de disponer despidos en virtud de presunto ausentismo, vale hacer notar que los 1.000 casos que marcan el eje de la cuestión están pendientes del análisis de una comisión revisora. “Allí no existe representación o defensa alguna para los empleados”, di jo Arakaki, y agregó que “esa comisión toma intervención una vez efectuados los despidos, si el empleado lo requiere. Nunca antes”.
Según el abogado “esto vulnera principios elementales del derecho, ya que la comisión revisora interviene sobre la cosa juzgada y no con atribuciones de evaluación para los casos antes de que se disponga una sanción al personal”.
Arakaki consideró también, que el juez Zuleta incluso contempla el espíritu consagrado en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, cuando en su resolución hace referencia a la legítima actitud para que se promueva defensa “para la protección de los derechos”.
El doctor Arakaki resaltó que la medida cautelar que fue adoptada por la Justicia sienta una base de consideración a los derechos de los trabajadores ante lo que definió como “un avasallamiento público de los derechos laborales”; no obstante señaló que todavía resta un margen de alternativas judiciales para llegar a lo que el gremio considera como “una apreciación justa y de respeto por los trabajadores”.
Pero en la misma tónica, reafirmó que “es insostenible que este tipo de medidas se informen por los medios de prensa, ya sean diarios, las radios o la TV , incluyendo los listados del personal afectado”. Tal situación inclusive abre la posibilidad de que –en forma individual– cada trabajador accione ante la Justicia por daño moral a la luz pública.
“El Gobierno de la Ciudad no notifica formalmente a sus empleados y se limita a la difusión periodística. Ya lo hicieron en el 2007 en los primeros pasos de su gestión y eso también hace a una cuestión de derecho más que elemental”, reiteró el abogado.
La justicia en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires dispuso una medida cautelar y obligó al gobierno de Mauricio Macri a que se abstenga de aplicar cesantías a 1.000 trabajadores de esa administración.
La decisión judicial también de terminó que el Gobierno porteño deberá mantener la relación laboral con esos empleados y abonar los salarios respectivos hasta que una comisión revisora se expida sobre la situación del millar de trabajadores. Los empleados están imputados por las autoridades por presuntas inasistencias, publica el diario BAE.
En este marco, donde están incluidos trabajadores de planta permanente y contratados, el gremio ATE (Asociación de Trabajadores del Estado, de la Capital Federal) denunció en enero “el avasallamiento de los derechos de los empleados” y también “arbitrariedades para intentar justificar las cesantías”, según lo reflejaron diferentes medios de prensa.
El secretario adjunto de ATE-Capital, Rodol fo Arrechea, junto al abogado Lucas Arakaki acudieron al Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 10, a cargo del juez Hugo Zuleta, para requerir su intervención en el caso de los despidos y el viernes pasado ese tribunal hizo lu gar a la solicitud de los representantes de los trabajadores, considerando procedente lo requerido por ATE.
Mientras tanto, para el Gobierno de Buenos Aires existen inasistencias injustificadas, caso contemplado en la ley 471, artículo 48, inciso b), el cual refiere a las ausencias “que excedan los 15 días en el lapso de los 12 meses inmediatos anteriores”.
En diálogo con Buenos Aires Económico, Arakaki señaló que la decisión judicial “no sólo coloca un freno a los despidos sino que marca un punto de inflexión, para analizar en qué condiciones se intentan justificar estas cesantías, porque desde el 2007, incluso dando a publicidad las listas de los trabajadores, el Gobierno porteño se vale de los medios de prensa para ‘notificar’ sobre decisiones similares al personal, en una actitud inadmisible y fuera de todo contexto legal”.
A criterio del letrado, más allá de la medida cautelar que aplicó la Justicia, para que la administración porteña se abstenga de disponer despidos en virtud de presunto ausentismo, vale hacer notar que los 1.000 casos que marcan el eje de la cuestión están pendientes del análisis de una comisión revisora. “Allí no existe representación o defensa alguna para los empleados”, di jo Arakaki, y agregó que “esa comisión toma intervención una vez efectuados los despidos, si el empleado lo requiere. Nunca antes”.
Según el abogado “esto vulnera principios elementales del derecho, ya que la comisión revisora interviene sobre la cosa juzgada y no con atribuciones de evaluación para los casos antes de que se disponga una sanción al personal”.
Arakaki consideró también, que el juez Zuleta incluso contempla el espíritu consagrado en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, cuando en su resolución hace referencia a la legítima actitud para que se promueva defensa “para la protección de los derechos”.
El doctor Arakaki resaltó que la medida cautelar que fue adoptada por la Justicia sienta una base de consideración a los derechos de los trabajadores ante lo que definió como “un avasallamiento público de los derechos laborales”; no obstante señaló que todavía resta un margen de alternativas judiciales para llegar a lo que el gremio considera como “una apreciación justa y de respeto por los trabajadores”.
Pero en la misma tónica, reafirmó que “es insostenible que este tipo de medidas se informen por los medios de prensa, ya sean diarios, las radios o la TV , incluyendo los listados del personal afectado”. Tal situación inclusive abre la posibilidad de que –en forma individual– cada trabajador accione ante la Justicia por daño moral a la luz pública.
“El Gobierno de la Ciudad no notifica formalmente a sus empleados y se limita a la difusión periodística. Ya lo hicieron en el 2007 en los primeros pasos de su gestión y eso también hace a una cuestión de derecho más que elemental”, reiteró el abogado.
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