La senadora María Isabel Gainza expresó su preocupación por los
numerosos casos de vigiladores privados despedidos
y la asignación de dicha tarea a efectivos de la Policía Bonaerense con la
consecuente pérdida de sustento para las familias de los trabajadores
cesanteados y la subordinación de
la seguridad pública al aumento de rentabilidad de las empresas contratantes.
A
través de un proyecto de declaración, la legisladora de la Coalición Cívica dio
a conocer “la delicada situación que atraviesan numerosos empleados de empresas
de seguridad privada, quienes han sido reemplazados en sus trabajos por
personal de la Policía
de la Provincia
de Buenos Aires. Tal proceder tiene su origen en el reducido costo de la hora
de trabajo de la llamada Policía Adicional, con que las empresas contratantes
abonan el servicio que brindan los efectivos bonaerenses”.
La senadora
olavarriense remarcó que con este servicio “el Estado distrae a su personal y
sus recursos del objetivo último de brindar seguridad pública, en aras de favorecer
la rentabilidad de empresas como Wal Mart o Canteras Argentinas”, una minera del partido de Olavarría.
Tal como lo ha
expresado Miguel Arena, secretario general de la Unión del Personal de
Seguridad, en medios periodísticos: "en vez de utilizarlos (a los
policías) para combatir la inseguridad, los usan para quitarles el trabajo al
personal de seguridad. Para estas empresas pasa a ser mucho más barato y no les
importa dejarlos en la calle".
Por último, Gainza argumentó que decidió
abocarse a esta iniciativa “dado que creemos que tanto la defensa de los
derechos de los trabajadores como la búsqueda de mejorar los niveles de
seguridad ciudadana son objetivos comunes a todos los miembros de esta Honorable
Cámara”.
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