Por unanimidad el jury de enjuiciamiento decidió dar viabilidad a la denuncia que habían interpuesto varios diputados provinciales del bloque de Cambiemos y que deparará en el juicio para la destitución del responsable del juzgado en lo contencioso administrativo N° 1 de La Plata.
El juez en lo contencioso administrativo, Luis Federico Arias, fue suspendido hoy por unanimidad por el tribunal de enjuiciamiento en atención a 21 cargos por “incumplimiento en los deberes de funcionario público, abuso de poder y prevaricato”, por lo que avanza el jury en su contra que podría destituirlo.
Arias esperó la resolución del tribunal desde el mediodía en las afueras de la Legislatura bonaerense junto a un nutrido grupo de vecinos, organizaciones sociales y sindicatos que fueron a apoyarlo. Allí, atribuyó el juicio político a “intereses personales, políticos y económicos”, volvió a calificarlo como “un disparate” y ratificó que no renunciará y que enfrentará todas las instancias del jury.
El tribunal, conformado por diez miembros –cinco legisladores y cinco integrantes del Colegio de Abogados- y presidido por la titular de la Corte Suprema, Hilda Kogan, dio lugar a dos denuncias presentadas, una por requerimiento del fiscal Marcelo Romero y otra por la Procuración General de la Corte, primero por María del Carmen Falbo y luego recogidas por el actual Procurador General de la Corte, Julio Conte Grand. Asimismo, dispuso el embargo del 40% de su salario.
En rigor, las principales acusaciones están dadas a raíz de un conflicto de competencias entre juzgados. Es decir, está imputado por “inmiscuir” en decisiones de otros magistrados. Concretamente, el fiscal Marcelo Romero lo acusa de no haber respetado las competencias en torno a las responsabilidades por la inundación de La Plata en 2013 y pidió su desafuero para poder indagarlo. Entre los cargos, figura la intervención de Arias en un desalojo en la localidad de Abasto, dada por otro magistrado, y el impedimento en el traslado de un detenido.
En tanto, el tribunal no tuvo en cuenta la denuncia realizada por el legislador de Cambiemos, Guillermo Castello, que lo acusó de “manifiesta imparcialidad” luego de que Arias firmara una solicitada en contra del Gobierno. “El jurado expresamente en la resolución sacó esa imputación en atención a la libertad de expresión”, explicó ante la consulta de DIB, Ulises Giménez, secretario permanente del jurado de enjuiciamiento de funcionarios y magistrados.
Arias quedó así a disposición para ser llamado a declaración indagatoria por el fiscal Romero. En tanto, ahora las próximas instancias del proceso están dadas por la evaluación de las pruebas –que deberán ser presentadas por las partes con un plazo de 10 días- y luego se llegará al juicio oral. Asimismo, Arias tendrá la oportunidad de defenderse en el marco de una audiencia pública.
No obstante, el futuro del juez, quien podrá ser absuelto o destituido, difícilmente se resuelva durante este año. Incluso, el tribunal deberá volver a sortearse porque los legisladores que integran el jurado dejarán el cargo en diciembre.
“No tienen causales de remoción, no tengo ningún cuestionamiento de tipo patrimonial, no existen irregularidades. Los abogados quieren litigar en nuestro juzgado, y estamos ‘rankeados’ como el mejor juzgado de La Plata desde que el Colegio de Abogados hace la encuesta”, dijo por su parte Arias. “Mis decisiones han sido siempre las mismas, no he cambiado mis criterios de acuerdo a los distintos gobiernos, siempre he buscado proteger los derechos de las personas más desaventajadas”, agregó.
Asimismo insistió en que no “existen motivos jurídicos” para su remoción, sino que “son políticos”. “Al Gobierno le molestaron las decisiones tomadas en materia tarifaria y a favor de los trabajadores y pretenden sacarse una piedra del zapato”.
Fuerte respaldo
El pedido de enjuiciamiento a Arias generó solicitadas a favor, adhesiones de legisladores y hasta páginas en Facebook en su defensa. En ese marco, Arias fue acompañado hoy en un “abrazo simbólico” en las puertas del Senado bonaerense en La Plata en calle 51 entre 7 y 8. “Agradezco la presencia de la gente, lo tomo como un reconocimiento a la tarea que venimos realizando”, dijo.
Es que el magistrado encabezó la cruzada contra el Gobierno por el tarifazo y falló a favor de los usuarios al frenar en primera instancia los aumentos de luz, gas y agua. Asimismo, suspendió la suba de los peajes y ordenó la realización de audiencias públicas para tratar la suba de servicios.
Pero su pico de mayor popularidad se dio en 2013 cuando intervino en la causa que investigaba el número de víctimas fatales en la inundación de La Plata (2013) al cuestionar la cifra oficial de fallecidos del Gobierno de Daniel Scioli y determinar que fueron 89 en lugar de 67.
Asimismo, los fallos más resonantes este año favorecieron a los gremios: obligó al Gobierno provincial a devolver los descuentos realizados a los docentes que hicieron paro, y suspendió la medida del entonces ministro de Educación bonaerense, Alejandro Finocchiaro, que ordenaba a los maestros a dar clases durante las vacaciones para recuperar los días de clase perdidos por las huelgas. (DIB)
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