Argentina
obtuvo 39 puntos sobre 100 posibles en el Índice de Percepción de
Corrupción de Transparencia Internacional 2017, que mide la percepción
de la corrupción en el sector público. Los países que más se acercan a
100 puntos son percibidos como los menos corruptos, mientras que los más
cercanos a 0 son percibidos como más corruptos.
De
esta forma nuestro país se ubica en el puesto 85 entre los 180 países
analizados. Si bien Argentina a obtenido 3 puntos más que en el informe
2016, y esto lo llevó del puesto 95 al 85, aún se encuentra entre los
países percibidos como altamente corruptos, y que reprueban en esta
materia.
El
Índice de Percepción de Corrupción (CPI por sus siglas en inglés) se
construye a partir de diferentes trabajos que consultan a expertos e
inversores sobre la temática de corrupción.
A
nivel global, Nueva Zelanda es percibido como el país menos corrupto
del mundo (89 puntos), le sigue en el segundo puesto Dinamarca (88
puntos), y cierran las primeras posiciones Finlandia, Noruega, y Suiza
(85 puntos) cada uno. Argentina comparte el puesto 85 (39 puntos) con
países como Benin, Kosovo, Kuwait, Islas Salomón, y Suazilandia. El país
peor rankeado es Somalía con 9 puntos sobre 100.
A
nivel regional, Argentina se ubica en el puesto 16 sobre 31 países de
toda América. Siendo Canadá el percibido como menos corrupto y
Venezuela, ubicado en el puesto 169 como el más corrupto de la región.
Argentina
en los últimos años a avanzado en ciertos aspectos en materia de
Transparencia y Lucha contra la Corrupción como con la nueva ley de
Acceso a la Información Pública, ley de Colaborador Eficaz (Arrepentido)
y la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Si a esto
se le suman ciertos movimientos en la justicia, por el momento
ocasionales, se podría explicar el pequeño avance en este ranking.
Pablo
Secchi, Director Ejecutivo de Poder Ciudadano menciona que “Argentina
aún se debe grandes discusiones en esta materia, pero queremos destacar
la necesidad de poner sobre la mesa la real independencia del Poder
Judicial, y especialmente el desafío de tener una nueva ley de Ética
Pública que regule eficazmente la relación de los funcionarios con los
recursos públicos”.
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