(La Política OnLine). La Justicia ordenó frenar los trabajos para mitigar inundaciones hasta tanto se presenten los datos que les permita declararse sobre presuntas irregularidades y sobreprecios que denunciaron diputados de la Coalición Cívica.
El gobierno porteño presentará ante la Justicia la herramienta legal que le exigió anteayer mediante un fallo un tribunal de alzada en la causa en la que se investiga un supuesto sobreprecio en la obra de los túneles aliviadores del arroyo Maldonado.
"Cumpliremos con lo que nos pide la Justicia para poder seguir adelante con la obra", indicó a La Nacion el jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
Según el diario La Nacion, se presentará un decreto que autoriza el cambio en el valor de la principal obra de la actual administración, por el que se aumentó el costo en unos 40 millones de pesos.
La Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo porteña entendió que el gobierno no había presentado el documento que avala el incremento, por lo que ordenó que se detuviera la obra hasta que se cumpla con la requerida formalidad.
Fuentes con acceso al expediente indicaron a La Nacion que, hasta el momento, sólo se había presentado la aprobación en el cambio de los trabajos y en el monto de la obra realizada por un director, cuestión que la Justicia no aceptó como válida.
La causa, en la que también se denuncian incumplimientos en los estudios de impacto ambiental, fue iniciada por los legisladores de la Coalición Cívica Sergio Abrevaya, y sus pares con mandato cumplido Facundo Di Filippo y Milcíades Peña.
La obra, aprobada por la Legislatura y adjudicada a la constructora italiana Ghella, tenía un presupuesto original de 495 millones de pesos. Esa empresa se asoció después a Iecsa, de Angelo Calcaterra, primo del jefe de gobierno, Mauricio Macri.
Después de adjudicada la obra, se diseñó un cambio por el que, en lugar de contar con un pozo de acceso de la tuneladora dividido en tres partes, sólo se construiría una sola excavación. Este rediseño implicó unos 40 millones de pesos más.
El dinero para solventar los trabajos se consiguió mediante un crédito del Banco Mundial, que financia el 68 por ciento del emprendimiento. El 32% restante corresponde a fondos propios de la ciudad.
El gobierno porteño presentará ante la Justicia la herramienta legal que le exigió anteayer mediante un fallo un tribunal de alzada en la causa en la que se investiga un supuesto sobreprecio en la obra de los túneles aliviadores del arroyo Maldonado.
"Cumpliremos con lo que nos pide la Justicia para poder seguir adelante con la obra", indicó a La Nacion el jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
Según el diario La Nacion, se presentará un decreto que autoriza el cambio en el valor de la principal obra de la actual administración, por el que se aumentó el costo en unos 40 millones de pesos.
La Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo porteña entendió que el gobierno no había presentado el documento que avala el incremento, por lo que ordenó que se detuviera la obra hasta que se cumpla con la requerida formalidad.
Fuentes con acceso al expediente indicaron a La Nacion que, hasta el momento, sólo se había presentado la aprobación en el cambio de los trabajos y en el monto de la obra realizada por un director, cuestión que la Justicia no aceptó como válida.
La causa, en la que también se denuncian incumplimientos en los estudios de impacto ambiental, fue iniciada por los legisladores de la Coalición Cívica Sergio Abrevaya, y sus pares con mandato cumplido Facundo Di Filippo y Milcíades Peña.
La obra, aprobada por la Legislatura y adjudicada a la constructora italiana Ghella, tenía un presupuesto original de 495 millones de pesos. Esa empresa se asoció después a Iecsa, de Angelo Calcaterra, primo del jefe de gobierno, Mauricio Macri.
Después de adjudicada la obra, se diseñó un cambio por el que, en lugar de contar con un pozo de acceso de la tuneladora dividido en tres partes, sólo se construiría una sola excavación. Este rediseño implicó unos 40 millones de pesos más.
El dinero para solventar los trabajos se consiguió mediante un crédito del Banco Mundial, que financia el 68 por ciento del emprendimiento. El 32% restante corresponde a fondos propios de la ciudad.
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