En el primer año de funcionamiento del Equipo Público de Abogados del Niño, la Niña y el Adolescente en la Ciudad se atendieron casi 500 casos. Estos profesionales buscan “garantizar que la voz y deseo del niño o la niña sean considerados en el expediente judicial”. Los detalles.
Casi 500 son los casos en los que debió actuar el Equipo Público de Abogados/as del Niño, la Niña y el Adolescente durante su primer año de funcionamiento. Se trata de la designación de profesional que busca “garantizar que la voz y deseo del niño o la niña sean considerados en el expediente judicial”.
El equipo fue impulsado por la resolución 210/2011 de la Asesoría General Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, firmada por su titular Laura Musa, y contempla que los abogados representen “exclusivamente en juicio o trámites administrativos, las peticiones de niños y adolescentes, quienes así serán parte en los procedimientos en los que se resolverán cuestiones de suma importancia en su vida”.
“Se hizo realidad el derecho de todos los niños, niñas y adolescentes a ser oídos; a expresar su opinión libremente; a contar con asistencia jurídica y a defender sus derechos como titulares de los mismos. En definitiva, a ser considerados sujetos de derechos”, expresó Musa con respecto a esta nueva figura jurídica implementada.
Con su accionar se intenta el efectivo al artículo 27 de la ley de Protección Integral 26.061 y al artículo 22 de la ley de Salud Mental 26.657 que “obligan al Estado a través de cualquiera de sus poderes, a proporcionar un abogado gratuito y especializado a todo niño, niña y adolescente que se encuentre involucrado en un proceso administrativo o judicial”, explicaron desde la asesoría.
Según datos aportados por el organismo de los casi 500 casos atendidos por el Equipo Público durante 2012, “230 chico/as prosiguieron con el patrocinio gratuito de los Abogados/as del Niño”; en tanto que “en el 72% de los casos se trata de niños y niñas institucionalizados a partir de una medida de separación familiar mientras que en el restante 28% se trata de niños y niñas internados por motivos de salud mental”.
Asimismo, Musa sostuvo: “que las personas menores de edad o afectadas en su salud mental ingresen plenamente en un sistema de máxima protección de sus garantías constitucionales de procedimiento es una contribución al estado democrático de derecho y resulta beneficioso para el conjunto de la sociedad”.
Según explicaron desde la AGT, “la intervención de este equipo de abogados/as especializados/a se inicia por requerimiento directo de los interesados/as ya sea a partir de un aviso de la Asesoría General Tutelar sobre la existencia de nuevas institucionalizaciones o a partir de avisos de juzgados nacionales y porteños así como también de organismos de la sociedad civil”.
La actuación de los niños en calidad de parte “les permite conocer en detalle su expediente judicial y las prácticas administrativas diseñadas para lograr el reestablecimiento de sus derechos, estableciéndose de este modo la posibilidad de cuestionar de forma eficaz y de proponer las estrategias más adecuadas en caso de no estar de acuerdo a través de una defensa técnica especializada”, concluyeron. (Diario Judicial).
No hay comentarios.:
Publicar un comentario