El Ministerio de Educación porteño autorizó el ingreso a las escuelas estatales de Acompañantes Personales No Docentes (APND) para todas las personas con discapacidad. La medida llega luego del reclamo de más de 30 ONGs.
En diciembre pasado un grupo integrado por más de 30 organizaciones no gubernamentales reclamaron al Ministerio de Educación de la Nación y al de la Ciudad de Buenos Aires para que se “garantice el derecho de las personas con discapacidad de asistir a escuelas comunes inclusivas, junto a personas sin discapacidad”.
El pasado 15 de febrero tuvo respuesta la solicitud en el Ministerio de Educación de la Ciudad que autorizó, mediante la resolución 867/2013, el ingreso a las escuelas estatales de Acompañantes Personales No Docentes (APND) para todas las personas con discapacidad.
Hasta el momento sólo se autorizaba el ingreso a escuelas estatales de acompañantes para niños con TGD (Trastorno Generalizado del Desarrollo), “excluyendo así a los alumnos con otros tipos de discapacidad que también requieren este apoyo para facilitar su inclusión en las escuelas comunes” explicaron desde las organizaciones.
El documento presentado a fines del año pasado ante ambas carteras de educación se encontraba firmado, entre otros, por el Centro de Estudios Sociales y Legales (Cels), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación Síndrome de Down República Argentina (A.S.D.R.A.) y el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj).
Con esta resolución del ministerio de Educación porteño, las ONG se pronunciaron considerando como “un valioso avance en la inclusión educativa de las personas con discapacidad y se comprometieron a seguir trabajando con el Ministerio de Educación porteño para modificar el procedimiento a través del cual se autoriza el ingreso de los APND a las escuelas estatales”.
El que docuento sostiene “debería implementarse un protocolo de actuación que garantice su autorización rápida y que asegure la inclusión”.
También consignaron que “debería eliminarse el requisito de que las personas que prestan el apoyo sean profesores de educación especial, psicólogos o psicopedagogos, y permitir el ingreso de todo profesional que cuente con la capacitación necesaria para garantizar la inclusión de los alumnos”, explicaron en un comunicado difundido tras la resolución de la cartera de Educación porteña.
Asimismo, “el Gabinete Central no debería tener intervención en el proceso de autorización, proceso en el que sólo debería participar el área de educación común”, consideraron. (Diario Judicial).
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