El exgobernador Daniel Scioli quedó a un paso del juicio oral en la causa que se lo investiga por la presunta malversación de fondos públicos junto a importantes miembros de su gabinete, luego de que el fiscal que investiga el caso decidiera cerrar la investigación sin hacer lugar a los planteos de la defensa.
En las últimas horas, el titular de la UFI N° 11, Álvaro Garganta, denegó los pedidos de la defensa y elevó la instrucción al fiscal general, Héctor Vogliolo, que ahora deberá resolver si ratifica lo actuado por el funcionario de primera instancia o le ordena la producción de la prueba solicitada por la defensa.
"Se clausuró la instrucción sobre los hechos imputados y se denegaron los pedidos de la defensa por considerarse superfluos", sostuvo a DIB Garganta.
El ahora diputado nacional es investigado, junto a su exjefe de Gabinete, Alberto Pérez, el exministro de Salud, Alejandro Collia, y el extitular de IOMA, Alberto La Scaleia, por malversación de fondos y lavado de dinero. También aparece apuntado en la causa el empresario de la construcción Ricardo Miller.
En caso de que el fiscal general avale lo actuado por Garganta, el funcionario de primera instancia elevará la causa a juicio oral, imputando a casi todos los implicados en la investigación. Según las previsiones, el exgobernador afrontaría una pena en expectativa "no menor" a los 15 años.
Los hechos
La investigación, iniciada tras una denuncia de la diputada nacional Elisa Carrió, puso bajo la lupa sobre la construcción de ocho Unidades de Pronta Atención (UPA24) ubicadas en Almirante Brown, Lezama, Hurlingham, José C. Paz, Moreno, tres de Febrero, Mar del Plata, Zárate y Los Hornos.
Según la instrucción, existen "indicios vehementes" que entre los años 2011 y 2015, Collia, influido por Scioli, adjudicó de manera irregular la realización de obras públicas por más de $ 117 millones, consistentes en la construcción de ocho UPAs y la ampliación de una de ellas, todas en favor de la empresa Miller Building International S.A.
Según la denuncia, esa empresa le compró terrenos a Scioli (quien operó con la firma Capanone S.A.) por 3,8 millones de dólares, un valor que, siempre de acuerdo a la presentación judicial, sería muy superior al de mercado. La hipótesis, en ese marco, es que allí podría haber existido un "retorno" por la licitación de las UPAs.
El fiscal cuestionó "la relación personal y comercial" que el entonces gobernador mantenía con el presidente y accionista mayoritario de la empresa, y además, "por las dádivas que el primer mandatario percibía de éste por su rol".
Otros de los hechos, según Garganta, es que Pérez, influido por Scioli y Collia, adjudicó de manera irregular la realización de cuatro obras públicas por más de $ 71 millones, consistentes en la construcción de cuatro UPA en favor de la misma empresa. En este caso las apuntadas son las de Berazategui, Florencio Varela y La Matanza.
Finalmente, el dictamen del fiscal acreditó que en el mismo período, dos empleados de rango menor (que podrían quedar afuera del juicio), también influidos por el gobernador y su ministro adjudicaron cada uno de manera irregular la realización de una obra pública, ambas por más de $ 1.200.000, consistentes en la ampliación de dos UPA en favor de Miller Building International SA.
Según el dictamen de Garganta, Scioli participó como instigador de los tres hechos, como autor del primero de ellos señalados y como co-autor en los otros restantes. (DIB).
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